Entrevista a exprimer ministro, Luis Solari de la Fuente

Pablo Carranza

Para derrotar a las organizaciones criminales venezolanas como el “Tren de Aragua”, que vienen operando impunemente en nuestro país, es imprescindible la cooperación con las autoridades migratorias y judiciales de naciones vecinas como Colombia, Ecuador, Panamá entre otras, para, de esa manera, compartir información sobre antecedentes penales y perfiles de riesgo de los inmigrantes potencialmente peligrosos, sostuvo el expresidente del Consejo de Ministros, Luis Solari.

En esa línea, pidió mayor rigidez en los requisitos para ingresar a laborar al territorio peruano, el cual, según aseguró, es uno de los más “laxos” de Sudamérica. Aun así recomendó a la población no dejarse llevar por mensajes xenófobos e intolerantes ante los venezolanos, que en su momento también recibieron en su país a nuestros compatriotas para darles “mejores oportunidades de vida”.

– ¿Considera que la inmigración venezolana empeoró la seguridad ciudadana en Perú?

Es relativo, pero en todo caso no enfocaría el problema de la delincuencia tomando como referencia a los venezolanos que son claramente una minoría. Para mí el problema va por otro lado. Pero para que más jóvenes, sean inmigrantes o no, se alejen de la criminalidad es fundamental fomentar su integración en la sociedad y brindarles oportunidades para acceder al empleo y servicios básicos. La economía se ha paralizado, no se está creando puestos de trabajo, por eso los jóvenes hacen cosas malas ante la falta de oportunidades. Pero con respecto a los extranjeros sería bueno crear programas de integración y orientación cultural que puedan ayudar a facilitar una convivencia armoniosa entre los ciudadanos locales y los inmigrantes.

– Según datos de la Policía, en nuestro país hay 70 mil delincuentes venezolanos, ¿Qué deberíamos hacer con ellos?

Deportarlos con un debido proceso como hacen todos los países del mundo. Ubicarlos, detenerlos y sacarlos del país, pero a través de la cooperación interinstitucional. Es decir, las fuerzas policiales, los servicios sociales, las ONG y otros organismos gubernamentales de países limítrofes como Colombia, Ecuador, Panamá entre otras deben trabajar en conjunto para identificar y abordar problemas específicos en las comunidades afectadas. La criminalidad venezolana afecta a la región y no solo a Perú.

– ¿Se debería implementar mayor rigurosidad para ingresar a trabajar al Perú?

Por supuesto, uno de los errores fue entregar el famoso PTP (Permiso Temporal de Permanencia), que fue bueno en su momento, pero ahora debemos de tener otro criterio para la inmigración extranjera, pero ese es un tema aparte porque para abordar la delincuencia de los extranjeros se debe tener un enfoque integral que se centre en la prevención y cooperación, pero sin estigmatizar a ningún grupo en particular o caer en la xenofobia.

– ¿Cree que las municipalidades deberían implementar el uso de armas no letales en la lucha contra la delincuencia?

Con el debido entrenamiento y respaldo técnico sí podría ser una buena solución, pero se tendría que delimitar bien las funciones del personal que las utilizará, ya que si no va acompañado con otros aspectos, será una bala al aire.

ONG de venezolanos en Perú respalda expulsiones

El presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, Óscar Pérez, expresó su respaldo a las medidas de «mano firme» contra la criminalidad, entre las que se encuentra la expulsión de extranjeros intervenidos en flagrancia en actos delictivos.

«Lo respaldamos, en el entendido de que los venezolanos también somos víctimas de estas bandas criminales que han llegado, en el caso particular nuestro, de Venezuela y que, obviamente, nosotros no escapamos de los embates criminales de estos delincuentes», señaló Pérez.

Los venezolanos constituyen la mayor comunidad extranjera del Perú, con cerca de 1,5 millones de personas, según la ONU.

A juicio de Pérez, los actos de criminales venezolanos dan pie a la estigmatización y xenofobia contra todo un pueblo. Por ello, recordó que los venezolanos en Perú también sufren ataques contra sus bienes, integridad física y honor.