Con una concentración realizada en el Paseo Colón, cientos de ciudadanos, dirigentes sociales, representantes de organizaciones populares, parlamentarios electos y militantes de diversas regiones participaron en una movilización convocada para exigir transparencia en el proceso electoral, el respeto a la voluntad popular y la atención de las impugnaciones presentadas ante los organismos electorales.

Durante el acto central, el presidente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, sostuvo que las acciones emprendidas por su organización se desarrollan dentro del marco constitucional y de los procedimientos establecidos por la ley. Señaló que las observaciones e impugnaciones forman parte de los mecanismos democráticos que asisten a toda organización política cuando considera que existen controversias en un proceso electoral.

Del mismo modo, cuestionó que diversos recursos hayan sido declarados improcedentes por razones administrativas, situación que, según afirmó, impide un pronunciamiento sobre el fondo de los reclamos. En ese sentido, anunció que continuarán recurriendo a las instancias nacionales e internacionales para solicitar el respeto de los derechos políticos y la transparencia electoral.

Sánchez también expresó su rechazo a lo que calificó como una persecución política y judicial contra dirigentes sociales y representantes de organizaciones populares. Indicó que varios líderes enfrentan investigaciones y denuncias, situación que consideró un intento de desalentar la participación política y la movilización ciudadana.

En otro momento de su intervención, criticó al actual gobierno y al Congreso por la aprobación de normas que, a su juicio, afectan los derechos humanos y favorecen la impunidad. Al mismo tiempo, manifestó su respaldo a las instituciones policiales, precisando que su cuestionamiento está dirigido a quienes, según dijo, incurren en abusos o excesos durante las intervenciones contra manifestaciones sociales.

El dirigente afirmó que la población del sur del país continúa demandando justicia por las víctimas registradas durante las protestas sociales y planteó la conformación de una comisión de la verdad que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar las sanciones correspondientes.

Respecto a la jornada de movilización, denunció que delegaciones provenientes de distintas regiones encontraron restricciones y controles en su ingreso a Lima. Pese a ello, destacó que la concentración se desarrolló bajo la consigna de mantener una protesta pacífica, con respeto a los derechos humanos, al libre tránsito y evitando cualquier tipo de provocación o infiltración.

Durante el mitin también se hizo un llamado a los senadores y diputados electos para impulsar un frente parlamentario que promueva reformas institucionales, la defensa de los derechos ciudadanos y la atención de las demandas de las regiones. Entre las consignas más repetidas por los asistentes figuraron los pedidos de transparencia electoral, la libertad del expresidente Pedro Castillo y el rechazo a lo que los organizadores denominaron un pacto político responsable de la crisis institucional.

Al finalizar la concentración, los participantes iniciaron una marcha por las principales calles del centro de Lima, reiterando que continuarán impulsando acciones democráticas y pacíficas hasta que, según señalaron, se garantice el respeto a la voluntad popular, la transparencia del proceso electoral y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Con una inversión privada proyectada al 12.5 % para 2026 y 240 000 nuevos empleos, el país busca estabilidad frente a una inflación que cerraría este año en 3.8 %, de acuerdo con investigador de Redes.

La economía peruana muestra un favorable dinamismo en esta segunda mitad del año, sustentado en el repunte de la inversión privada y el consumo de los hogares. Según Patricio Lewis, investigador de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), se proyecta que la inversión privada crezca un 12.5 % hacia 2026, impulsada por proyectos en minería, infraestructura y comercio. Este avance ha permitido que el sector privado incorpore a más de 240 000 trabajadores formales en lo que va del año, aunque persiste el desafío de reducir la alta informalidad laboral que aún afecta estructuralmente al país.

En materia de estabilidad de precios, el Banco Central de Reserva estima que la inflación cerrará este año en 3.8 %, con una meta de convergencia al 2 % para 2027. A pesar de los incrementos recientes, Lewis aclara que estos responden a factores externos y no a un desequilibrio interno, señalando que «la mayor inflación no es reflejo de un crecimiento demasiado acelerado y poco saludable para la economía, sino por alzas temporales en los precios de combustible y transportes». Actualmente, la inflación que excluye alimentos y energía se mantiene controlada en un 1.6 %, situándose por debajo del rango meta.

No obstante, el panorama enfrenta riesgos relevantes por la menor cuota de pesca de anchoveta y los posibles efectos del Fenómeno de El Niño, que impactarían la producción agrícola y generarían presiones temporales en los alimentos. La volatilidad en los hidrocarburos y la menor producción de gas natural también representan una amenaza latente para los costos logísticos. Al respecto, Patricio Lewis advierte que «el crecimiento va a depender de que la inversión privada, el consumo y los mejores precios de exportación logren compensar el impacto del fenómeno El Niño sobre sectores como el agrícola, pesca, hidrocarburos». De concretarse ese equilibrio, el país estaría en condiciones de mantener el crecimiento proyectado para el cierre del año.

Fuente: RPP