Especialistas advierten que procesos claros, continuos y accesibles pueden reducir conflictos y fortalecer decisiones públicas.

La desconfianza en las instituciones públicas sigue en niveles altos y refleja una creciente distancia entre el Estado y la ciudadanía. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 83 % de los peruanos no se siente representado por ninguna autoridad, mientras que la desconfianza en el Congreso alcanza el 92.4 %. Este escenario debilita la legitimidad de las decisiones públicas y evidencia la urgencia de mejorar los canales de participación.

En este contexto, especialistas señalan que la participación ciudadana es clave, porque permite recoger información local y anticipar conflictos. “La participación ciudadana debe entenderse como una inversión institucional y no como un simple trámite. En un contexto donde la opinión pública asocia sostenibilidad, control estatal y transparencia con legitimidad económica, fortalecer estos mecanismos ayuda a reducir los riesgos, a optimizar la toma de decisiones y a aumentar la confianza”, indicó José Luis Bonifaz, profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, quien agregó que estos procesos deben dejar de ser acciones aisladas y convertirse en prácticas continuas dentro de las instituciones.

Sin embargo, persisten limitaciones que dificultan una participación informada. La información técnica suele ser compleja y no siempre se comunica de forma clara. “Los documentos técnicos suelen ser complejos y no siempre se comunican de manera accesible, lo que limita la participación informada y promueve percepciones de ‘participación simbólica’”, explicó Bonifaz. Frente a ello, la Asociación Internacional para la Participación Pública (IAP2) Latinoamérica recomienda usar lenguaje sencillo y formatos accesibles.

La IAP2 Latinoamérica también enfatiza que la participación debe integrarse desde el inicio de los procesos y no solo en etapas finales. “La participación no es el último vagón. Se integra desde el primer momento del proceso legislativo o de decisión”, señaló la organización. Además, advierte que es clave informar qué ocurre con los aportes ciudadanos: “Las personas necesitan saber qué ocurrió con sus contribuciones”, ya que explicar su uso fortalece la confianza y ayuda a cerrar la brecha entre el Estado y la ciudadanía.

Fuente: InfoActiva

El incremento de la precariedad laboral se vincula a la débil dinámica económica y a la desconexión entre la formación educativa y el mercado.

La precariedad laboral en Lima Metropolitana ha alcanzado niveles preocupantes, afectando a 328,300 profesionales con educación superior universitaria que hoy se encuentran en situación de subempleo por ingresos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), esta cifra representa un aumento del 21.1 % respecto al año anterior, evidenciando que tener un título ya no garantiza cubrir el costo de la canasta básica familiar. El economista laboral Fernando Cuadros explicó que este fenómeno responde a un crecimiento económico insuficiente para generar empleo formal masivo, señalando que: “El subempleo ya es un problema estructural en el mercado laboral nacional, pero post pandemia se ha acentuado”.

A la débil dinámica del PBI se suma una marcada inadecuación ocupacional, donde más de la mitad de los profesionales se desempeñan en labores ajenas a su formación académica. Especialistas como la socióloga Alejandra Dinegro advierten que existe un divorcio permanente entre lo que se enseña en las aulas y lo que el mercado laboral requiere, lo que genera una desmotivación profunda en la juventud calificada. Cuadros sostiene que el problema no es un exceso de profesionales, sino una economía incapaz de absorber el talento disponible, afirmando que: “El tiempo y la inversión en educación superior no se traduce necesariamente en empleos con buenos ingresos”.

Este escenario ha provocado una fuga de talentos, ya que muchos graduados optan por migrar ante la falta de expectativas y la proliferación de empleos de baja calidad en pequeñas empresas. Sectores como manufactura y construcción han mostrado los mayores niveles de deterioro salarial para el personal calificado. De no implementarse políticas de diversificación productiva que impulsen sectores como la agroindustria o el turismo, el país continuará perdiendo capital humano valioso. Para Dinegro, esta realidad compromete el futuro nacional, pues “hoy, incluso con un título universitario, trabajar más no necesariamente significa vivir mejor”.

Fuente: La República