Lima.- Por unanimidad, con diez votos a favor, la Comisión de la Mujer y Familia aprobó, con cargo a redacción, el dictamen del proyecto de ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la implementación de los centros de rehabilitación para personas con discapacidad.

El acuerdo se tomó el lunes 15 en la primera sesión conjunta descentralizada realizada en Iquitos junto con la Comisión Especial de protección a la infancia en contexto de la emergencia sanitaria período anual de sesiones 2021-2022.

Estuvo dirigida por la congresista Elizabeth Medina, titular de la Comisión de la Mujer.

La propuesta, que fue sustentada por la secretaría técnica de dicha comisión, declara de interés nacional y de necesidad pública la implementación de los establecimientos de salud y rehabilitación para personas con discapacidad, con la finalidad de garantizar el acceso a los servicios de rehabilitación de forma oportuna, sin discriminación y brindado por profesionales especializados, para mejorar la salud física y mental de las personas con discapacidad.

En cuanto a las entidades intervinientes, señala que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Salud dispondrán de las acciones para la implementación de los establecimientos de salud y rehabilitación destinados a la atención de las personas con discapacidad a nivel nacional.

Antes, la congresista Hilda Portero López, autora del Proyecto de Ley 0298/2021-CR, tuvo a su cargo la sustentación del mismo. Afirmó que la propuesta busca optimizar la atención en la prestación de servicios en los establecimientos de salud y la rehabilitación para personas con discapacidad, ya sea de manera temporal o permanente, con la finalidad de permitirles el acceso a recibir terapias que contribuyan a su recuperación. Esto teniendo en cuenta que las personas con discapacidad constituyen una de las poblaciones más vulnerables en nuestro país, las mismas que vienen siendo afectadas por las discriminaciones, segregaciones y falta de acceso a oportunidades, ocasionadas por tener limitaciones físicas y sociales.

La parlamentaria informó que actualmente se vienen produciendo inconvenientes en los servicios que brinda el Instituto Nacional de Rehabilitación «Dra. Adriana Rebaza Flores» Amistad Perú-Japón como instituto especializado de rehabilitación y las 145 unidades productoras de servicios de medicina de rehabilitación, distribuidas en 25 regiones a nivel nacional, y que han devenido en una problemática para una parte de la población de personas con discapacidad que se atienden en dichos establecimientos.

“La problemática de la falta de conservación de los locales origina otros problemas secundarios como son falta de capacidad de atención de personas con discapacidad por no acceder a servicios en locales que no tienen buen estado de conservación, el aumento de la carga de atención por parte de los cuidadores y familiares, el aumento y la aparición de otras enfermedades derivadas de la ausencia de procesos de rehabilitación, el incremento de hospitalizaciones por empeoramiento de la salud de las personas con discapacidad debido a la ausencia de servicios de rehabilitación, los mismos que no se pueden brindar en locales con mal estado de conservación”, agregó Portero López.

En su intervención, la congresista Rosangela Barbaran (FP) sostuvo que lamentablemente no existen lugares especializados para que las personas que sufren algún tipo de discapacidad puedan recibir un tratamiento adecuado.

“Tenemos centros de rehabilitación en todas las regiones del país, pero no es suficiente, es necesario expandirlos. Quizás no haga falta una nueva ley para hacerlo, sino voluntad política, y creo que ante la falta de ello es que se ha tenido a bien tomar esta iniciativa”, afirmó la legisladora.

Amparándose en la Constitución Política, la congresista María Córdova Lobatón (AP-PIS) señaló que la persona con discapacidad tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, readaptación y seguridad; es decir, el Estado y los entes rectores intervinientes deben brindarles todas las facilidades y oportunidades.

“Este importante sector representa el 10.4 % de la población nacional, es decir, más de tres millones de personas. La rehabilitación es vital para la recuperación y la mejora en la salud para las personas con discapacidad y para su calidad de vida. No hay mayor discapacidad en la sociedad que la incapacidad de no hacer nada por las personas con discapacidad”, afirmó.

Por su parte, la congresista Jhakeline Ugarte Mamani (PL) indicó que sería pertinente iniciar un debate sobre la necesidad de que el Conadis sea parte ya no del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sino de la Presidencia del Consejo de Ministros, dada la visión multisectorial que debe tener este organismo público.

A inicio de la sesión conjunta, las congresistas Elizabeth Medina, titular de la Comisión de la Mujer; y Flor Pablo Medina, de la Comisión Especial de protección a la infancia en contexto de la emergencia sanitaria período anual de sesiones 2021-2022, expresaron su compromiso de escuchar la problemática y encaminar un trabajo conjunto, uniendo esfuerzos en favor de la población más vulnerable como son los niños las niñas y adolescentes, quienes atraviesan una serie de problemas debido a la pandemia.

“Nosotros como legisladores trataremos de mirar su mismo horizonte respetando sus derechos consagrados en la Constitución Política del Perú y normas pertinentes”, señaló la legisladora.

Por su parte, Pablo Medina (SP-PM) sostuvo que la sesión conjunta va a permitir conocer la realidad de manera específica para poder cumplir de mejor manera el rol de representación y de fiscalización.

“Nosotros no somos una comisión dictaminadora, somos una comisión especial que hace propuestas y vamos a trabajar. Nos hemos puesto como una meta conjunta con la Comisión de la Mujer el poder a fin de año tener una ley que proteja a los niños, niñas y adolescentes huérfanos con un sistema integral de protección”, precisó.