El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, generó debate al advertir que personas con orden de captura vigente, como Vladimir Cerrón, podrían acudir a votar en las próximas elecciones sin ser detenidas debido a las limitaciones establecidas en la legislación actual.

Durante una entrevista radial, el titular de la Defensoría del Pueblo explicó que esta situación no responde a una omisión de las autoridades, sino a lo dispuesto en la normativa vigente. En concreto, se refirió a la Ley Orgánica de Elecciones del Perú, la cual impide la detención de ciudadanos requisitoriados durante la jornada electoral.

“Existe una ley orgánica de elecciones que dice que no se puede detener a ninguna persona requisitoriada”, afirmó Gutiérrez, subrayando que la Policía Nacional del Perú actúa conforme al marco legal establecido. En ese sentido, descartó que exista una falla operativa o negligencia por parte de la institución policial.

Defensor del Pueblo evitó referirse al caso de Vladimir Cerrón

El defensor del Pueblo evitó centrar el debate exclusivamente en el caso de Vladimir Cerrón y enfatizó que se trata de un problema de carácter general que podría aplicarse a cualquier ciudadano en condición similar. “No quiero personificar ninguna presión de ningún personaje, porque me debo al carácter de la neutralidad”, precisó, destacando su rol institucional.

Sin embargo, Gutiérrez consideró que la actual normativa presenta un vacío legal que debería ser corregido. En esa línea, planteó la necesidad de modificar la ley para permitir la intervención de personas con requisitoria, sin afectar su derecho al sufragio.

“Claro que no se le afecte su derecho a votación, pero sí se le debe detener”, señaló, proponiendo una fórmula que permita a los ciudadanos ejercer su derecho al voto y, posteriormente, cumplir con las disposiciones judiciales pendientes.

El funcionario también insistió en la importancia de dotar de mayores herramientas legales a la Policía Nacional para cumplir eficazmente con su labor. “Debemos darle las herramientas a la PNP para que cumpla su deber”, remarcó, reiterando que el problema radica en las limitaciones normativas y no en la actuación de las autoridades.

El debate se intensifica en un contexto marcado por el caso de Vladimir Cerrón, quien mantiene una orden de captura vigente. La posibilidad de que pueda participar en el proceso electoral sin ser intervenido ha reavivado cuestionamientos sobre el equilibrio entre el respeto a los derechos fundamentales y la ejecución de la justicia.

Especialistas en materia electoral y constitucional han advertido que este tipo de disposiciones buscan garantizar el derecho al voto como un principio fundamental en democracia. No obstante, también reconocen que pueden generar tensiones cuando entran en conflicto con la necesidad de hacer cumplir órdenes judiciales.

La propuesta de modificación planteada por la Defensoría del Pueblo abre así un nuevo frente de discusión en el ámbito político y jurídico. Mientras algunos sectores podrían respaldar la medida como un mecanismo para cerrar vacíos legales, otros podrían advertir riesgos en su implementación.

En cualquier caso, el planteamiento de Josué Gutiérrez pone en evidencia la necesidad de revisar la normativa electoral vigente, especialmente en un escenario donde la confianza en las instituciones y el cumplimiento de la ley son temas clave para la ciudadanía.