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Defensor del Pueblo cuestiona crisis de Petroperú: “Malos funcionarios han querido quebrarla”
Josué Gutiérrez cuestionó las decisiones adoptadas alrededor de Petroperú y aseguró que funcionarios del propio Estado habrían contribuido al deterioro de la empresa estatal. También explicó por qué la Defensoría del Pueblo acudió al Tribunal Constitucional.
La situación de Petroperú continúa generando cuestionamientos debido a la crisis financiera y administrativa que atraviesa la empresa estatal. En medio de este escenario, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, lanzó una dura crítica contra algunos funcionarios del Estado y sostuvo que desde la propia administración pública se habría contribuido al debilitamiento de la compañía.
Durante sus declaraciones, Gutiérrez también se refirió a la reorganización de Petroperú y a la controversia constitucional relacionada con el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, norma que establece medidas vinculadas con el proceso de reorganización de la empresa.
Defensor del Pueblo cuestiona manejo de Petroperú
Josué Gutiérrez explicó que la institución que dirige decidió intervenir en el caso debido a cuestionamientos jurídicos relacionados con las medidas adoptadas para reorganizar Petroperú.
Según explicó, debe respetarse el Estado constitucional de derecho y las medidas de excepción, como los decretos de urgencia, tienen un carácter extraordinario y no pueden utilizarse para legislar.
En ese contexto, sostuvo que existe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional declare fundada la demanda presentada y deje sin efecto el decreto de urgencia cuestionado.
El defensor también consideró necesario conocer cuáles fueron las razones que llevaron al Ejecutivo a impulsar la reorganización de la empresa estatal.
“Malos funcionarios han querido quebrar Petroperú”
Uno de los cuestionamientos más fuertes de Gutiérrez estuvo dirigido contra funcionarios del propio Estado.
El defensor del Pueblo afirmó que algunas decisiones adoptadas durante los últimos años habrían contribuido directamente al deterioro de Petroperú.
“Desde el mismo Estado, malos funcionarios han querido quebrar Petroperú, se ha implosionado Petroperú”, sostuvo Josué Gutiérrez.
Gutiérrez también señaló que, si bien el Poder Ejecutivo es accionista de Petroperú, sus decisiones deben respetar el marco legal y constitucional que protege el carácter estratégico de la empresa.
¿Qué pasó con Petroperú desde 2019?
El defensor del Pueblo también hizo referencia a los antecedentes de la actual crisis de Petroperú y puso especial énfasis en lo ocurrido con la refinería de Talara.
Según su explicación, durante 2019 la refinería producía alrededor de 50 mil barriles diarios de petróleo, situación que, desde su perspectiva, contribuía a generar sostenibilidad económica y flujo financiero para la empresa.
Sin embargo, posteriormente se tomó la decisión de detener sus operaciones. Gutiérrez cuestionó la explicación que se dio en aquel momento y consideró que la medida terminó generando un importante impacto económico.
A ello se sumó la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020, periodo durante el cual se paralizaron diversas actividades y se agravaron los problemas financieros de la empresa.
La crisis financiera se agravó en 2023
Gutiérrez sostuvo que los problemas económicos de Petroperú se profundizaron durante los siguientes años y alcanzaron un punto crítico en 2023, cuando la empresa debía afrontar compromisos con sus acreedores.
Desde su perspectiva, las decisiones acumuladas durante varios años terminaron generando un escenario financiero cada vez más complicado para la compañía estatal.
La controversia ahora se concentra también en el proceso de reorganización de Petroperú y en el debate sobre las facultades del Ejecutivo para adoptar medidas respecto de una empresa considerada estratégica para el país.
Petroperú vuelve al centro del debate nacional
Las declaraciones del defensor del Pueblo vuelven a colocar a Petroperú en el centro de la discusión sobre el futuro de las empresas estatales, su sostenibilidad financiera y el papel que debe cumplir el Estado.
Mientras continúa el debate sobre la reorganización de la petrolera, también queda pendiente la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la demanda presentada contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025.
El caso podría marcar un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro de Petroperú y las decisiones que el Estado puede adoptar respecto de una compañía considerada estratégica para el país.
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Más de 200 personas acceden a trámites de DNI en Iparia
El Programa PAIS y Reniec tramitan el DNI de más de 200 pobladores shipibo-konibo en Ucayali
Un total de 200 pobladores pertenecientes a comunidades nativas shipibo-konibo, en el distrito de Iparia, realizaron trámites de su Documento Nacional de Identidad (DNI) de forma gratuita durante agosto de 2026. La campaña se ejecutó en la provincia de Coronel Portillo mediante una estrategia coordinada entre el Tambo Colonia del Caco del Programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Aparte de la emisión de nuevos documentos, la jornada social de tres días atendió solicitudes de cambio por caducidad, duplicado por pérdida, renovación, actualización de datos e inscripción de partidas de nacimiento. En total, las instituciones involucradas sumaron más de 400 atenciones en favor de los residentes de las localidades de Colonia del Caco, Nazareth y Amaquiria.
¿Qué impacto económico y logístico genera la campaña en Iparia?
La intervención en el distrito de Iparia contó con el soporte técnico de la Dirección Regional de Identificación y Asistencia Social (DRIAS) de Ucayali. Esta gestión descentralizada evitó que las familias vulnerables de la cuenca fluvial gastaran recursos económicos y emplearan hasta un día entero de navegación para trasladarse hacia la ciudad de Pucallpa.
Sobre la relevancia de la descentralización de los trámites estatales, Jaksson Villaorduña, coordinador regional del Programa PAIS en Ucayali, precisó: “A través de los Tambos y la articulación con el Reniec, garantizamos que las personas que viven en estas zonas de difícil acceso ejerzan su derecho a la identidad sin tener que salir de sus comunidades o realizar largos desplazamientos hasta la capital de la provincia para realizar los trámites del DNI”.
¿Por qué el DNI es la puerta de entrada a los servicios básicos?
Contar con una identificación oficial constituye un requisito indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Más que un registro administrativo, el DNI facilita la inclusión social de los pobladores originarios, garantizando su incorporación en los programas del Estado, la atención en los servicios públicos de salud, el acceso a la educación formal, la inserción al empleo y la protección legal.
¿Cuál es la cobertura del Programa PAIS en la región ucayalina?
En la región Ucayali, la infraestructura social gestionada por la entidad gubernamental dispone de seis Tambos operativos. Estas plataformas fijas conectan los servicios del Estado con más de 70 comunidades nativas de la Amazonía peruana.
Durante el año 2026, la red de atención social ha superado las 16 000 atenciones dirigidas a personas que habitan en los sectores más alejadados del territorio regional, fortaleciendo la presencia institucional en la selva central.
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“Santa Anita perdió más de 140 millones de soles por malas gestiones municipales”
Ingrid Alcarraz, candidata de Juntos por el Perú para el distrito de Santa Anita, apuesta por una estrategia integral contra la delincuencia, la ampliación de vías clave para eliminar cuellos de botella y la creación de un centro de salud y bienestar animal. Como santanitense de nacimiento, empresario y ex subprefecta, conoce la realidad de su distrito y sabe cómo lograr el desarrollo, progreso y bienestar de sus vecinos.
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD BAJO CUATRO PILARES
Frente a la creciente ola de robos al paso y extorsiones que afectan a los pequeños comercios y a las líneas de transporte menor en el distrito, Alcarraz planteó un enfoque integral basado en cuatro ejes: infraestructura, tecnología, aspecto legal y prevención.
- Prevención con deporte y salud mental: Propone recuperar espacios públicos para el desarrollo deportivo y académico de los jóvenes. Abrir en todos los sectores del distrito, academias deportivas municipales gratuitas para alejar a los niños y jóvenes de las calles. Con ello, formará también hombres y mujeres responsables, con valores, líderes y sabiendo trabajar en equipo.
Asimismo, planteó el abordaje de la salud mental mediante campañas en colegios y parques, articulando esfuerzos mediante convenios con instituciones locales como el Centro de Salud Mental Comunitario y el Hospital Hermilio Valdizán.
- Tecnología de vanguardia: Bajo la propuesta «Santa Anita Smart», proyecta la implementación de un sistema de videovigilancia equipado con inteligencia artificial para el reconocimiento facial y de placas. Alcarraz enfatizó que este sistema operará mediante una central de monitoreo moderna integrada directamente con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía para garantizar su efectividad legal.
- Infraestructura segura: Promete la mejora de la iluminación y la recuperación de espacios actualmente abandonados o inseguros, como el Parque 6 de Andahuaylas.
AMPLIACIÓN DE VÍAS Y CONECTIVIDAD URBANA
Para solucionar el caos vehicular y los denominados «cuellos de botella» que afectan la calidad de vida de los residentes, Ingrid Alcarraz se comprometió a gestionar proyectos de infraestructura vial ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima:
- Puente Atarjea (Puente Tecno): Gestión para la ampliación de la vía de la Av. César Vallejo para agilizar la salida del distrito en horas punta.
- Avenida Ferrocarril: Coordinará con El Agustino y Lima Metropolitana para pavimentar y limpiar la zona colindante a Sedapal, erradicando los botaderos de desmonte y focos delictivos actuales.
- Megaproyectos y áreas verdes: Fiscalizará y gestionará los tramos de la ampliación de la Av. Huarochirí (hacia el Malecón Checa) y los pasos a desnivel para asegurar que las vías adyacentes reciban inversión en pistas e iluminación, además de defender el compromiso ambiental y la conservación de los árboles frente al avance de las obras urbanas.
BIENESTAR ANIMAL Y SALUD PÚBLICA
Alcaraz criticó la inoperatividad de la actual veterinaria municipal y anunció la creación de un «Centro de Salud y Bienestar Animal». Este establecimiento proyecta ofrecer atención de emergencias las 24 horas, consultas a costos sociales accesibles, campañas masivas y continuas de esterilización, vacunación, y programas de educación ciudadana para combatir el abandono de mascotas en puntos críticos como el «Parque del Triángulo».
CUESTIONAMIENTOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ingrid Alcarraz, administradora de profesión y ex subprefecta de Santa Anita, alertó sobre la deficiente capacidad de gasto de las autoridades previas, señalando que entre el año 2015 y el período anterior se devolvieron al erario nacional más de 140 millones de soles que debieron ser destinados a proyectos de inversión pública. Tras detallar los bajos niveles de ejecución presupuestal al inicio de los últimos períodos municipales, exhortó a los vecinos a emitir un voto informado para dar paso a una administración caracterizada por la transparencia, la eficiencia técnica y la lucha frontal contra la corrupción.
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