Mientras a nivel mundial 136 países han logrado un acuerdo histórico para ejecutar un impuesto mundial a la riqueza de 15% a las multinacionales y, el FMI, recomienda lo mismo en todos los países, algunos liberales criollos en el Perú, se rasgan las vestiduras porque el ministro de Economía, Pedro Francke, en la anunciada solicitud de delegación de facultades, haya anunciado que se aumentará la contribución de Impuesto a la Renta (IR) para aquellos que ganen más de 300 mil soles al año y otras medidas en la misma orientación. Y, como no saben cómo oponerse a tal medida, inventan una supuesta arbitrariedad a quienes arriendan sus pequeñas propiedades, para desviar la atención del contenido real de la reforma tributaria que se anuncia.

La urgencia de un debate a fondo, es de crucial importancia porque ningún país que pretenda alcanzar altos niveles de desarrollo e inclusión social, puede lograr esos objetivos si el promedio de su recaudación tributaria es del 16% del PBI y donde el 50% de las personas naturales y jurídicas, que deben pagar por diversas modalidades el IR, utilizan diversos vericuetos de evasión o elusión. Sobre todo, teniendo en cuenta que el promedio de la presión tributaria sobre el PBI, en América Latina, es del 24%, mientras en los países más desarrollados que pertenecen a la OCDE, alcanza el rango promedio del 35%.

Una reforma bien entendida, en esta materia, basada en principios de igualdad tributaria y no confiscatoria, se convierte en el instrumento central que tiene el Estado, tanto para tener capacidad de financiamiento de las principales políticas públicas, como para ser el soporte de una vocación redistributiva y atender a los sectores más pobres y vulnerables. Si se acierta en ello, pronto terminara de ponerse en evidencia que los enfoques estatistas no tienen ninguna capacidad de juego, mientras el Estado legitima su accionar ante amplios sectores de la sociedad. En esa orientación, la presentación de solicitud de facultades legislativas por parte del gobierno al Poder Legislativa, es la iniciativa más importante en lo que va del gobierno. Tiene sustancia, contenido estratégico de gestión pública y eleva la calidad de la discusión, sobre el futuro del país.

El tema, tiene varias aristas, pero, por ahora, solo me ocuparé de un ámbito de esta reforma referida al IR. Una primera decisión radica en modificar el enfoque de los cambios tributarios que se produjeron en la década de los 90, donde la recaudación reposó principalmente en el consumo y la producción, en lugar de hacerlo sobre las rentas de riqueza. Esto se expresa en el hecho que el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) significan dos tercios de la recaudación. Si se modifica el enfoque debería realizarse varios cambios que permitan ensanchar la base contributiva sobre diversas modalidades del impuesto a la renta. Este, tanto de empresas como personas naturales representa apenas un tercio de los ingresos tributarios. En el caso de la renta de 1ra categoría (bienes inmuebles), comprende ingresos por alquileres y por cesión temporal, entre otros conceptos. En el caso de la renta de 2da categoría (bienes muebles), comprende ingresos por la enajenación de acciones y demás valores mobiliarios, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera. La recaudación del IR en el Perú (empresas y personas naturales) apenas equivale al 6,1% del PBI, la mitad del promedio en los países de la OCDE, en gran parte por los altos niveles de evasión y elusión.

En apariencia, la estructura del IR personal es progresiva, en vista que quienes perciben ingresos menores a las diez Unidades Impositivas Tributarias (UIT) anuales, quedan exceptuados del pago y aquellos con rangos superiores tienen tasas escalonadas. Pero la verdad es que, la baja recaudación se debe, entre otros factores, en vista que no se llega a conocer con exactitud los reales ingresos de aquellos que no figuran en una planilla. Algo similar sucede con la renta proveniente de bienes muebles e inmuebles, a la que se le aplica una tasa única de 6,25%. Y a nivel de la renta corporativa, también existe una serie de factores que han distorsionado la recaudación, relacionados con la informalidad, la presencia extensiva del fraude fiscal (evasión y elusión). Otro factor que merma esta recaudación es la existencia de regímenes de beneficios especiales que, en la mayoría de los casos, no se justifican por sus impactos socioeconómicos. Por el contrario, bajo la lógica de dinamizar el crecimiento económico, la política fiscal ha dictado con frecuencia medidas para reducir la carga tributaria de las empresas.

En el Perú hay una manifiesta incapacidad de gravar la riqueza personal. Mientras que el IR de las personas (1,9 % del PBI) representa escasamente la cuarta parte de lo que recaudan en promedio los países de la OCDE; en el caso de los impuestos a la propiedad, el Perú recauda apenas el 0,4 % del PBI, prácticamente la quinta parte del promedio de la OCDE. Y, sin embargo, ahora resulta que personalidades independientes, han dado el grito al cielo por el anuncio del ministro Pedro Francke, en relación a que el parámetro para que los que más tienen paguen más estriba en un ingreso anual de 300 mil soles anuales hacia arriba. Claro, cuantos médicos, odontólogos, contadores, arquitectos, notarios, entre otros, tienen ingresos anuales por arriba de ese monto, pero no tributan nada, pero ahora se refugian en la defensa de los arrendatarios de inmuebles, para ocultar su falta de cultura tributaria y solidaridad social.

La otra decisión consiste en revisar las exoneraciones tributarias que en promedio llegan a 200, de las cuales 78 benefician al sector productivo.  Por ejemplo, una zona gris se encuentra el régimen tributario especial que rige en la Amazonía al que se pueden acoger empresas de cualquier actividad económica para reducir o anular el IR, pues se presume que a cambio invertirán en el desarrollo de la población. Estas exoneraciones que le han costado miles de millones al país, en los últimos 15 años, se aplican desde 1998 y algunas de ellas ya fueron prorrogadas hasta el 2048. Hay muchas empresas que inscriben su razón social en la selva para aprovechar las condiciones tributarias en la Amazonía, sin operar realmente en la zona o dar trabajo a su gente; lo usan de fachada. No hay quien los fiscalice y se han convertido en una puerta legal para la elusión y evasión tributaria.

Igualmente, es injusto que las empresas educativas sin fines de lucro están exoneradas del pago del IR, cuando en realidad sí generan lucro, como las universidades privadas. En el papel sus excedentes deberían ser reinvertidos en obras, investigación y servicios dentro de su institución, pero, muchas de ellas han hecho un uso indebido a estos recursos y hasta sirven para financiar campañas políticas. Por ejemplo, entre las que se acogieron a este beneficio se encuentran centros de estudios con las pensiones más altas del Perú, universidades con procesos judiciales o no licenciadas. En total, son 569 las asociaciones educativas, colegios, institutos, universidades, que están exceptuados de unos 100 millones de soles anuales en tributos. Un privilegio que no ocurre en otro país del mundo.

Si se trata de ensanchar la base tributaria y que una reforma, gatille un proceso de formalización, implica concentrar esfuerzos en tres ámbitos: En primer lugar, simplificar los procesos, hacerlos más simples para los ciudadanos. Por ejemplo, no tiene sentido que, en las Rentas de Tercera Categoría de empresas, existan cuatro regímenes (el RUS, el RER, el RMT y el Régimen General) y que, de remate, en el RUS, exista una sub división para aquellos que giran 5,000 soles y otro para quienes giran 8,000 soles, mensuales. Eso alienta a la informalidad a los emprendedores.  En segundo lugar, la digitalización y el uso intensivo de las tecnologías de Información comunicación, en la recaudación, debe ser un factor que facilite los procesos a fin de detectar rápidamente a los evasores y defraudadores. Y, en tercer lugar, aunque no forma parte propiamente de la reforma tributaria, debe retomarse la iniciativa legislativa que le daba competencias a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIT) para detectar más rápidamente, la circulación del dinero sucio y el lavado de activos.

Extender la recaudación tributaria a través del IR, es una de las claves para aumentar la presión tributaria y lograr que todos los sujetos implicados en esta base imponible lo hagan, pero, sobre todo los que más riqueza muestran, anual o mensualmente. Será una tarea muy difícil, habrá mucha resistencia de los poderes facticos acostumbrados a las exoneraciones, a la evasión, a la elusión o el fraude tributario, pero hay que generar las condiciones de esta reforma fundamental. Es una prueba de fuego para el gobierno, en el propósito de poner en la agenda nacional un tema que requiere de mucho sustento, capacidad técnico-argumentativa y consistente producción legislativa.

Escribe: Neptalí Carpio Soto – periodista