Gremio advierte que el transporte formal está al borde de la insostenibilidad y exige al Gobierno medidas urgentes. La paralización se realizará los días 16, 17 y 18 de noviembre.  El alza del diésel, los cuestionamientos a los subsidios y la competencia desleal forman parte de una agenda de reclamos que el Ejecutivo aún debe atender.

La Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú (CGTCP) mantiene su convocatoria a un paro nacional de 72 horas para los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2026, pese a la reciente reunión de sus representantes con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini. El encuentro permitió abordar las demandas del sector y plantear nuevos espacios de coordinación, pero no se ha anunciado un acuerdo definitivo que permita levantar la medida de fuerza.

Uno de los principales motivos de la paralización es el incremento del precio de los combustibles. Según la Coordinadora, el galón de diésel que en febrero costaba aproximadamente S/ 13 actualmente alcanza entre S/ 26 y S/ 30 en diferentes zonas del país. Este aumento repercute directamente en los costos de operación y en la rentabilidad de las empresas y unidades de transporte, que advierten dificultades para continuar prestando servicios sin trasladar los mayores costos a las tarifas de los fletes.

Sobre este problema, Martín Ojeda, vocero de la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú, cuestionó el alcance de los mecanismos de subsidio planteados por el Ejecutivo y señaló que los aproximadamente S/ 500 millones anunciados no cuentan con una partida presupuestal que garantice su disponibilidad y aplicación efectiva. El dirigente ha sostenido que los recursos planteados resultan insuficientes frente a las necesidades del sector y ha señalado la falta de respuestas concretas a sus principales demandas.

Por su parte, Fredy Giraldo, presidente de la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú, ha señalado entre las principales preocupaciones del sector la informalidad, la competencia desleal y la falta de fiscalización efectiva. Estos problemas generan diferencias entre los operadores que cumplen las disposiciones vigentes y aquellos que circulan sin sujetarse a las mismas exigencias. Por ello, la organización demanda la intervención de las entidades competentes para garantizar condiciones equitativas en el transporte de carga.

En esa misma línea, Gari Peralta, dirigente de la Coordinadora, forma parte de los cuestionamientos del gremio frente a las condiciones que afectan al transporte formal, particularmente la informalidad, la falta de controles y las diferencias en las exigencias aplicadas a los operadores. Estos aspectos forman parte de los reclamos que la organización plantea ante las autoridades para garantizar condiciones de competencia en igualdad de condiciones.

En respuesta a los reclamos, el ministro Angello Tangherlini informó que el MTC planteó coordinar una mesa de trabajo con el Ministerio de Energía y Minas para abordar el incremento de los combustibles. También comunicó que realiza gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para dar continuidad a los mecanismos de subsidio destinados a los transportistas inscritos. 

La agenda de la Coordinadora comprende también la implementación efectiva de la Ley N.° 31886, cuya aplicación requiere una mayor articulación entre el MTC, SUTRAN, INDECOPI y SUNAT para combatir la informalidad, el contrabando y las distorsiones del mercado. A ello se suma la escasez de conductores profesionales con licencias A-IIIa, A-IIIb y A-IIIc, situación que ha llevado al gremio a solicitar medidas para fortalecer los programas de formación y capacitación de nuevos conductores.

Otro reclamo está relacionado con la inoperatividad de las estaciones de pesaje administradas por Provías Nacional, especialmente en la zona norte del país. Según la denuncia gremial, la falta de funcionamiento de estos controles permite la circulación de unidades con cargas superiores a las 60 toneladas, lo que genera competencia desleal y afecta la infraestructura vial.

La paralización podría tener repercusiones en las cadenas de abastecimiento, debido al papel que cumple el transporte terrestre en el traslado de alimentos, combustibles, materias primas y productos industriales hacia los distintos mercados del país.

La Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú mantiene la convocatoria mientras espera que las autoridades concreten las medidas anunciadas y atiendan los reclamos presentados. La paralización está prevista para el 16, 17 y 18 de noviembre, mientras continúan las coordinaciones entre el sector y el Gobierno.

COORDINADORA GREMIAL DE TRANSPORTISTAS DE CARGA DEL PERÚ

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Dos depósitos bancarios, acuerdos para la liberación de aguas de Pultocc Grande y Agnoccocha y un antecedente judicial por presunta apropiación ilícita forman parte de una denuncia que compromete a integrantes de la comunidad campesina.

El manejo de los recursos destinados a la liberación de las aguas de las lagunas Pultocc Grande y Agnoccocha ha puesto en el centro de la investigación a César Clemente Cayetano y Toribio Conce Canales, integrantes de la Comunidad Campesina de Salcca Santa Ana. La controversia gira en torno a S/ 120 mil entregados por la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco – Clase C, cuyo destino es cuestionado en una denuncia presentada por la propia organización comunal.

Los movimientos bancarios corresponden a dos depósitos de S/ 60 mil, realizados el 20 de octubre y el 13 de noviembre de 2025, en una cuenta compartida por Cayetano y Conce Canales. Según la denuncia, el dinero no habría sido entregado a la comunidad, pese a estar vinculado a los acuerdos para la liberación del recurso hídrico. La situación plantea interrogantes sobre el manejo de los fondos y la intervención de quienes participaron en las negociaciones.

Uno de los puntos más delicados del caso está relacionado con la representación comunal. La denuncia cuestiona que César Clemente Cayetano se hubiera presentado como presidente de la denominada Junta de Administración Local Centro Santa Ana y representante de la comunidad, pese a que, según lo denunciado, dicha instancia no estaría reconocida en el estatuto comunal ni contaría con personalidad jurídica o facultades para ejercer esa representación. Este aspecto resulta relevante para esclarecer bajo qué condiciones se realizaron los acuerdos y quiénes estaban autorizados para comprometer los intereses de la comunidad.

La investigación también comprende a una tercera persona identificada con las iniciales L. Q. R. R. y considera presuntos delitos de estafa, banda criminal y falsedad ideológica. Corresponderá a las autoridades determinar la participación de cada involucrado y esclarecer las circunstancias en que se recibieron y administraron los recursos.

A este escenario se suma un antecedente judicial de César Clemente Cayetano, quien figura como denunciado en un proceso por presunta apropiación ilícita tramitado ante la fiscalía provincial Penal Corporativa de Castrovirreyna. El registro consigna el estado “con acusación” al 2 de junio de 2023. Este dato corresponde a una acusación fiscal y no representa una sentencia condenatoria.

Según versiones de algunos comuneros, existe indignación frente a los malos elementos señalados, a quienes cuestionan por presuntamente anteponer intereses particulares al desarrollo de Salcca Santa Ana. Mientras un sector de la comunidad impulsa iniciativas para mejorar las condiciones de vida de su población, otros comuneros estarían utilizando el nombre y la representación comunal para obtener beneficios propios. Estas opiniones reflejan el malestar por un caso que no solo involucra una suma considerable de dinero, sino también la confianza y los intereses colectivos de la organización. Los comuneros esperan que se esclarezca quiénes intervinieron en los acuerdos, dónde terminaron los S/ 120 mil y si se utilizó indebidamente la representación de la comunidad. De comprobarse las irregularidades denunciadas, los responsables deberán responder ante la justicia.

En tal sentido, este nuevo enfoque pone el acento en la representación comunal cuestionada y el posible uso de una instancia no reconocida para comprometer los intereses de la comunidad. Ese es un aspecto más sustancial que repetir únicamente la ruta de los depósitos.