El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha desplegado una estrategia integral de respuesta rápida para prevenir y mitigar conflictos durante las Elecciones Generales 2026. Como parte de estas acciones preventivas, el organismo ha capacitado a 12,676 servidores públicos y autoridades en todo el territorio nacional, reforzando la educación electoral y la capacidad de gestión ante crisis que puedan comprometer la integridad del proceso democrático.

A través de 27 comisiones de coordinación interinstitucional, el sistema electoral ha diseñado protocolos de alerta temprana para identificar amenazas específicas en diversas regiones del país. Los Jurados Electorales Especiales (JEE) ejecutan planes operativos que priorizan la fiscalización de la propaganda electoral, el cumplimiento del principio de neutralidad y el uso adecuado del espacio público, elementos fundamentales para asegurar una competencia justa entre las organizaciones políticas.

Identificación de zonas críticas y amenazas identificadas

El monitoreo especializado ha permitido mapear vulnerabilidades diferenciadas por regiones según la naturaleza del riesgo:

Desastres naturales e infraestructura: Se han detectado peligros por deslizamientos y mal estado de vías en Apurímac, Cajamarca, Huancavelica e Ica.

Seguridad y conflictividad: Lima e Ica presentan focos de inseguridad ciudadana, mientras que en Arequipa y Moquegua persisten alertas por conflictos limítrofes.

Desinformación y fraude: En localidades como Puno-San Román y Tambopata, se han activado campañas contra narrativas de fraude electoral y movimientos que promueven el voto nulo, buscando cerrar brechas de conocimiento mediante ferias informativas y talleres regionales.

Para garantizar la tranquilidad durante la jornada de votación, el JNE mantiene una articulación constante con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, reforzando la vigilancia en los locales de sufragio y eventos de cierre de campaña. Asimismo, se han elaborado mapas de riesgo actualizados en ciudades como Chiclayo, Santa y Maynas, considerando factores meteorológicos como lluvias intensas para asegurar que el despliegue del material electoral y el acceso de los votantes no se vean interrumpidos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la banda criminal “Los Correcaminos”, dedicada a la extorsión y cobro de cupos a una empresa de transporte público que cubre la ruta Comas–San Juan de Lurigancho (SJL), logrando capturar a seis presuntos integrantes de esta organización criminal.

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), informó que la intervención, que se ejecutó de manera simultánea en tres inmuebles en SJL, fue resultado de labores especializadas de inteligencia e investigación, tras una denuncia por amenazas extorsivas.

El despliegue simultáneo permitió la captura de Christian Carbajal (36), Jenifer Aponte (28), Yelitza Belisario (51), Jean Ramos (27), Santiago Freites (19) y Gerardo Freites (22), los cinco últimos de nacionalidad venezolana.

Según las pesquisas, la banda exigía inicialmente 50,000 soles a los transportistas para permitirles operar y luego pagos mensuales de 10,000 soles, bajo amenazas de muerte.

Durante el operativo, liderado por el comandante general de la PNP Oscar Arriola, se incautó un arma de fuego, municiones, artefactos explosivos improvisados, drogas, teléfonos celulares, tarjetas SIM, dispositivos POS y un vehículo utilizado para cometer los ilícitos.

El detenido de nombre Santiago Freites (19) confesó su participación en el ataque armado contra el patio de maniobras de la empresa de transportes Los Mandarinos, el cual dejó heridos a dos trabajadores de dicha empresa y que se registró el pasado 29 de enero.

“El trabajo policial silencioso y técnico permitió establecer la relación entre las amenazas extorsivas y los atentados armados”, señaló Revoredo.

Destacó el análisis de cámaras de seguridad, líneas telefónicas incriminadas y la identificación de los roles de cada integrante, entre ellos conductores, sicarios y operadores de extorsión.

La PNP indicó que las diligencias urgentes e inaplazables continúan bajo conducción del Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer las pruebas y determinar la responsabilidad penal de los detenidos.

Asimismo, reafirmó su compromiso de intensificar la lucha contra la extorsión y el crimen organizado que afecta al transporte público y a la ciudadanía en general.