Funcionarios del poder ejecutivo, gobiernos regionales y municipios involucrados

Durante los primeros nueve meses del 2023, la Contraloría General ha identificado presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en 3,969 funcionarios públicos involucrados en irregularidades cometidas en diversas entidades públicas en todo el país, informó el contralor general, Nelson Shack, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para presentar su informe de gestión institucional y otros temas.

Responsabilidades por sectores

“Tenemos que más de 1,800 funcionarios pertenecen al Gobierno Nacional, más de 600 corresponden a instancias de Gobierno Regional y más de 1,400 son de gobiernos locales. Este número va a crecer significativamente en los próximos tres meses del año y es que se realizará, esencialmente, el control posterior”, comentó.

Durante su presentación, mencionó que este año se espera concretar más de 45 mil servicios de control, pero enfatizó que se necesita fortalecer más las capacidades de los gestores públicos para que puedan reaccionar con mayor rapidez ante las alertas que emite la Contraloría a través de los servicios de control simultáneo que suman 30,351 al 30 de setiembre.

“El 24 % de las 53,131 alertas que se emitieron al 30 de setiembre se han corregido, lo cual está bien, pero tenemos casi otra cuarta parte (24 %) que no se han corregido y eso va a generar (el próximo año) la información necesaria para el deslinde de responsabilidades a través del control posterior”, acotó.

Medidas frente a El Niño

Asimismo, el titular de la Contraloría se refirió al control realizado a las medidas de prevención y gestión de riesgos ante la próxima llegada del Fenómeno El Niño. “Lo más probable es que se repita el fenómeno de El Niño de 1997. A medida que va pasando el tiempo las probabilidades van cambiando, y ahora la probabilidad de que sea un fenómeno El Niño fuerte está creciendo rápidamente”, comentó.

En ese escenario, precisó que, desde abril del presente año, el Poder Ejecutivo ha destinado 4,116.3 millones de soles a financiar medidas para la gestión de riesgos de desastres y el nivel de ejecución total es de 13.5 % al 5 de octubre, de los cuales a nivel del Gobierno Nacional se tiene un 11 % de ejecución.

“Por eso la Contraloría ha expresado su preocupación sobre este tema. Nos han dicho que somos alarmistas, pero en realidad somos realistas porque es prácticamente imposible que terminen de ejecutar esa plata, salvo que El Niño se postergue y las lluvias no vengan, pero ya empezó a llover”, subrayó.

Frente a esta realidad, la Contraloría aprobó y puso en marcha su Plan de Control para la Gestión de Riesgo de Desastres que tiene como objetivos determinar si las entidades cuentan con planes específicos aprobados y actualizados, así como determinar si el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) viene recopilando, elaborando y difundiendo oportunamente la información los peligros y amenazas en el proceso de estimación de riesgos.

Asimismo, se busca establecer si las entidades públicas ejecutan las acciones de prevención y reducción de riesgos de desastres, y determinar si se están realizando las acciones y actividades que permitan una adecuada y oportuna atención de personas y rehabilitación de servicios afectados.

Al respecto, el contralor indicó que se desplegaron 800 auditores en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Cajamarca para la ejecución de dicho plan, lo cual ha tenido como resultado la emisión de 2,860 servicios de control simultáneo y se alertaron 7,332 situaciones adversas, de las cuales solo se han corregido casi el 10 % (626), el 8 % (464) no se ha corregido y el resto está en plazo de corregirse.

Presupuesto y retos 2024

Shack Yalta también se presentó ante la Comisión de Presupuesto para sustentar el presupuesto institucional de la Contraloría General de la Republica para el año fiscal 2024, el cual asciende a 1,165.8 millones de soles. Durante su presentación, mencionó que como parte del Plan Nacional de Control 2024 se tiene previsto realizar 50 mil servicios de control, de los cuales 20 mil serán servicios de control simultáneo en la modalidad de control concurrente.

También detalló que para el próximo año se tiene previsto continuar con la reforma del control gubernamental y para ello, se enviaron diferentes proyectos de ley al Congreso, cuyos objetivos son ampliar las competencias del Contralor General y realizar mejoras al control; promover la eficiencia, integridad y la sanción en la administración pública; auditar a las personas y su comportamiento; fortalecer el Ecosistema de Control en el sector púbico, entre otros.

La corrupción baja lentamente

En ambas comisiones, Shack Yalta también se refirió al costo de la corrupción en el Perú y manifestó que la cifra está bajando de manera interanual pero el problema es que está bajando a un ritmo muy lento. “En términos de incidencia vemos que en el 2019 teníamos un 14.9 % hasta 13.4% en el 2022, mientras que en términos del Producto Bruto Interno (PBI) ha bajado de 3.0 % en 2019 a 2.6% en 2022”, acotó.

En ese sentido, subrayó que “empíricamente” la corrupción está bajando en el Perú, lo cual refleja esencialmente el avance significativo en la detección de estos casos por parte de la Contraloría, pero lo que falta es la sanción.