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Deuda millonaria reclaman dueños del restaurante Comixs
En una constante incertidumbre, viven hace más de tres años los ciudadanos chinos John Chung Sam y esposa, Lieling Liang, propietarios del local donde funciona el conocido restaurante Comixs, ubicado en Miraflores, ya que, desde el 2019, su inquilino tiene una deuda que asciende a US$ 195,000.00.
El contrato con Comixs Restaurante Bar SAC, se suscribe desde setiembre del 2014 pero entra en vigencia desde enero 2015 ya que llegaron a un acuerdo de periodo de gracia ya que comenzarán a implementar el local, los trámites de funcionamiento, entre otros. Lamentablemente durante ese tiempo de gracia, Comixs Restaurante SAC no logra concluir lo señalado y las partes acordaron firmar una cláusula adicional el 28 de enero del 2015 con duración de un mes, es decir, hasta el 28 de febrero del 2015 y el compromiso del arrendatario del pago de US$ 40,000.00 correspondientes al pago adelantado de marzo, abril y mayo del mismo año.
El 26 de octubre del 2015, las partes firman la segunda cláusula adicional en donde el periodo de gracia se amplía del 01 de junio al 30 de setiembre del 2015 y que la vigencia del contrato se ampliaba a 8 años que corría del 01 de enero del 2015 y ratificaron las demás partes del contrato. Sin embargo, Comixs Restaurante Bar SAC, no pagó el alquiler de manera mensual y los meses que lo hizo, fue de manera parcial. En la carta notarial enviada el 04 de mayo, indica que no han pagado el alquiler desde mayo del 2019 y que a la fecha la deuda es de US $195,000.00.
Sin embargo, de manera astuta, el inquilino ha creado diversas razones sociales como A Y B Virgen de Guadalupe SAC además de A Y B Universal EIRL con la finalidad de no cumplir con sus obligaciones contractuales, sumado a ello, ha sido clausurado en varias ocasiones por no cumplir con las disposiciones municipales como Insalubridad, recientemente, por no contar con certificado de Defensa Civil por no contar con normas de seguridad y no pagan los arbitrios municipales desde el 2019. Lo curioso de este caso, es que uno de los accionistas de A Y B Virgen de Guadalupe SAC ha sido el General PNP (r) Hugo Begazo de Bedoya junto con su hermano, José Antonio Begazo de Bedoya y su hijo, José Antonio Begazo Ramos.
Según explica Chung Sam, la deuda no podrá ser cobrada ya que el asesor jurídico con la que suscribieron el contrato en aquel entonces, no estableció garantías que podrían respaldar eventualidades como éstas y de manera malintencionada, el arrendatario ha suspendido las actividades comerciales de la empresa inicial, comenzar un proceso de liquidación de la misma, pues al no tener la empresa los fondos requeridos, se convierte en una deuda impaga, lo cual, afectaría a los esposos de nacionalidad China ya que, como todo emprendedor, el local en mención, está hipotecado y vienen pagando la deuda con una entidad bancaria, solicitando refinanciamientos y pagando elevados intereses.
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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos
Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.
El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.
Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.
Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.
Fuente: Minart
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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término
La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.
La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.
Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.
La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.
Fuente: Gestión
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