El Ministerio Público reporta un promedio de tres denuncias por hora a nivel nacional, mientras que Comas, San Martín de Porres y Carabayllo concentran buena parte de los ataques contra el transporte público en la capital.

El Ministerio Público registró 12 634 denuncias por extorsión y chantaje entre enero y junio de este año, un promedio de 1053 casos al mes, 70 al día y cerca de tres cada hora, según el Observatorio de Criminalidad. De ese total, 11 946 corresponden específicamente al delito de extorsión y 382 a chantaje, mientras que 306 expedientes aún están en evaluación.

Cinco distritos fiscales concentran más de la mitad de las denuncias del país: Lima Este lidera con 1638 casos, seguido de La Libertad (1435), Lima Centro (1309), Lima Norte (1163) y Lima Sur (1155). La gerente del Observatorio de la Criminalidad, Brenda Belleza, detalló en RPP que, dentro de la capital, «San Juan de Lurigancho registra el 10.3% de los atentados» contra el transporte público, seguido de Comas, San Martín de Porres y Carabayllo, distritos que junto a San Juan de Miraflores y Callao concentran más de la mitad de los ataques a unidades de transporte en Lima y Callao.

El transporte público es uno de los sectores más golpeados por este delito. Hasta la fecha del reporte se contabilizaban 107 atentados contra unidades en Lima Metropolitana y Callao, una cifra que ya iguala el total registrado durante todo 2025. Desde 2024, el Observatorio ha contabilizado 234 ataques de este tipo, que dejaron 160 personas fallecidas y 151 heridas.

Fuente: Willax

Jaime del Castillo sostuvo que cualquier denuncia sobre supuestos nexos entre legisladores electos y el Movadef debe ser investigada por las autoridades competentes. Además, afirmó que el debate sobre una eventual Asamblea Constituyente debe desarrollarse con sustento técnico y político, sin desinformación ni estigmatizaciones.

La publicación de Perú21 sobre un supuesto acuerdo suscrito por senadores y diputados electos vinculados al Movadef para impulsar una Asamblea Constituyente a cambio de liberar a sentenciados por terrorismo reavivó el debate político. Al respecto, el analista político y abogado Jaime del Castillo consideró que cualquier presunto vínculo debe ser investigado por los organismos competentes antes de emitir conclusiones. «Corresponde a los órganos de inteligencia y a la Policía determinar quiénes son, dónde están y qué hacen; no se puede reemplazar una investigación por especulaciones», afirmó.

Asimismo, sostuvo que la discusión sobre una eventual Asamblea Constituyente no debe quedar condicionada por acusaciones sin pruebas, pues recordó que diversos juristas y especialistas también han planteado esa posibilidad desde una perspectiva institucional. «Ese debate debe darse con seriedad y será finalmente la ciudadanía y las instituciones quienes definan el camino», señaló.

Fuente: Lima Conecta