La presidenta Dina Boluarte ha rechazado algunas de las conclusiones expuestas este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo informe manifiesta supuestas “ejecuciones extrajudiciales” y “graves violaciones” de los derechos humanos durante las protestas en el inicio de su gobierno tras la destitución de Pedro Castillo.

La CIDH emitió un informe final, donde los comisionados dieron cuenta sobre los 57 fallecidos y señalaron que, solo en las protestas realizadas en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se registró un uso “desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” por parte de los agentes del orden; además de una “fuerte estigmatización” por factores étnicos-raciales y regionales”.

Cabe señalar que, en el caso de las regiones de Puno y Ayacucho, la CIDH alertó de una supuesta “masacre” y de “ejecuciones extrajudiciales”.

Tras lo mencionado, la jefa de Estado dijo que el Consejo de Ministros ha ejecutado una evaluación preliminar del informe y que su gestión respeta las conclusiones de la comisión; sin embargo, reiteró que este tipo de cuestionamientos no son compartidos por el Poder Ejecutivo.

Finalmente, Boluarte Zegarra, quien afronta una investigación fiscal por el presunto delito de genocidio por las muertes en las protestas, negó que durante las movilizaciones haya existido una “fuerte estigmatización” contra los manifestantes por factores étnicos, raciales y regionales, como lo advierte el informe del órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).