Actualidad
Dina Boluarte se habría negado a responder preguntas de la Procuraduría y de los abogados de las víctimas
La presidenta Dina Boluarte fue interrogada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el marco de la investigación seguida en su contra por las muertes registradas durante las protestas ocurridas desde diciembre pasado. Pero, pese a que estuvo ante la Fiscalía después de un poco más de tres horas, se habría negado a responder a la Procuraduría y los abogados de la víctimas.
La diligencia, en la que también participaron el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, un representante de la Procuraduría General del Estado (PGE) y los abogados de las víctimas, duró más de tres horas. Al término del interrogatorio, Boluarte se retiró del local del Ministerio Público (Cercado de Lima) sin prestar declaraciones y en medio de un despliegue policial.
¿Boluarte respondió todas las preguntas en el interrogatorio?
Más temprano, el premier Alberto Otárola aseguró en RPP que la mandataria no hará uso de su derecho a guardar silencio y que respondería todas las preguntas.
“Ella está yendo a colaborar con la Fiscalía. No va a guardar su derecho al silencio y va a responder todas y cada una de las preguntas que se formulen porque es el interés del Gobierno y especialmente de la presidenta Boluarte que los hechos se esclarezcan”, acotó desde España.
Optó por no responder
Sin embargo, esto no sería del todo cierto. El portal Epicentro TV dio a conocer que la presidenta evitó responder las interrogantes que tenían planeado hacer los abogados de las víctimas y el representante de la PGE.
“De acuerdo con fuentes enteradas de los pormenores de la audiencia desarrollada esta mañana en la sede de la Fiscalía de la Nación, cuando llegó el turno de las preguntas de los abogados de los deudos y de la Procuraduría, la defensa de la jefa de Estado optó por no responder, alegando que buscaban la mayor objetividad en la investigación fiscal”, señaló dicho medio de comunicación.
En la diligencia, según cuenta Epicentro TV, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, habría recordado que la Corte Suprema aún no resuelve la apelación presentada por el fiscal Huamán, el mismo que en marzo pasado se opuso a la decisión que tomó el juez supremo Juan Carlos Checkley de autorizar a los abogados de las víctimas de Ayacucho y Puno a interrogar a la jefa de Estado.
“Ante la insistencia de los abogados, la presidenta Boluarte apeló a su derecho de guardar silencio. Y no habló más durante el resto de la audiencia”, indicó el portal.
En total, la Fiscalía habría formulado 22 preguntas a la presidenta y no se habrían hecho repreguntas. Es más, una de las interrogantes habría sido evadida por Boluarte.
En respuesta, Campos señaló a radio Exitosa que su patrocinada “respondió todas las preguntas del Ministerio Público, porque es lo que corresponde según la ley”.
Al ser consultado nuevamente si Boluarte guardó silencio en alguna interrogante, el abogado enfatizó que “de la Fiscalía, ninguna (pregunta)”; sin embargo, evitó referirse a las formuladas por la PGE y de los representantes de las víctimas.
En la víspera, el abogado de Boluarte se había opuesto a que participen los representantes de la PGE y la parte civil en la diligencia.
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Más de 200 personas acceden a trámites de DNI en Iparia
El Programa PAIS y Reniec tramitan el DNI de más de 200 pobladores shipibo-konibo en Ucayali
Un total de 200 pobladores pertenecientes a comunidades nativas shipibo-konibo, en el distrito de Iparia, realizaron trámites de su Documento Nacional de Identidad (DNI) de forma gratuita durante agosto de 2026. La campaña se ejecutó en la provincia de Coronel Portillo mediante una estrategia coordinada entre el Tambo Colonia del Caco del Programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Aparte de la emisión de nuevos documentos, la jornada social de tres días atendió solicitudes de cambio por caducidad, duplicado por pérdida, renovación, actualización de datos e inscripción de partidas de nacimiento. En total, las instituciones involucradas sumaron más de 400 atenciones en favor de los residentes de las localidades de Colonia del Caco, Nazareth y Amaquiria.
¿Qué impacto económico y logístico genera la campaña en Iparia?
La intervención en el distrito de Iparia contó con el soporte técnico de la Dirección Regional de Identificación y Asistencia Social (DRIAS) de Ucayali. Esta gestión descentralizada evitó que las familias vulnerables de la cuenca fluvial gastaran recursos económicos y emplearan hasta un día entero de navegación para trasladarse hacia la ciudad de Pucallpa.
Sobre la relevancia de la descentralización de los trámites estatales, Jaksson Villaorduña, coordinador regional del Programa PAIS en Ucayali, precisó: “A través de los Tambos y la articulación con el Reniec, garantizamos que las personas que viven en estas zonas de difícil acceso ejerzan su derecho a la identidad sin tener que salir de sus comunidades o realizar largos desplazamientos hasta la capital de la provincia para realizar los trámites del DNI”.
¿Por qué el DNI es la puerta de entrada a los servicios básicos?
Contar con una identificación oficial constituye un requisito indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Más que un registro administrativo, el DNI facilita la inclusión social de los pobladores originarios, garantizando su incorporación en los programas del Estado, la atención en los servicios públicos de salud, el acceso a la educación formal, la inserción al empleo y la protección legal.
¿Cuál es la cobertura del Programa PAIS en la región ucayalina?
En la región Ucayali, la infraestructura social gestionada por la entidad gubernamental dispone de seis Tambos operativos. Estas plataformas fijas conectan los servicios del Estado con más de 70 comunidades nativas de la Amazonía peruana.
Durante el año 2026, la red de atención social ha superado las 16 000 atenciones dirigidas a personas que habitan en los sectores más alejadados del territorio regional, fortaleciendo la presencia institucional en la selva central.
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“Santa Anita perdió más de 140 millones de soles por malas gestiones municipales”
Ingrid Alcarraz, candidata de Juntos por el Perú para el distrito de Santa Anita, apuesta por una estrategia integral contra la delincuencia, la ampliación de vías clave para eliminar cuellos de botella y la creación de un centro de salud y bienestar animal. Como santanitense de nacimiento, empresario y ex subprefecta, conoce la realidad de su distrito y sabe cómo lograr el desarrollo, progreso y bienestar de sus vecinos.
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD BAJO CUATRO PILARES
Frente a la creciente ola de robos al paso y extorsiones que afectan a los pequeños comercios y a las líneas de transporte menor en el distrito, Alcarraz planteó un enfoque integral basado en cuatro ejes: infraestructura, tecnología, aspecto legal y prevención.
- Prevención con deporte y salud mental: Propone recuperar espacios públicos para el desarrollo deportivo y académico de los jóvenes. Abrir en todos los sectores del distrito, academias deportivas municipales gratuitas para alejar a los niños y jóvenes de las calles. Con ello, formará también hombres y mujeres responsables, con valores, líderes y sabiendo trabajar en equipo.
Asimismo, planteó el abordaje de la salud mental mediante campañas en colegios y parques, articulando esfuerzos mediante convenios con instituciones locales como el Centro de Salud Mental Comunitario y el Hospital Hermilio Valdizán.
- Tecnología de vanguardia: Bajo la propuesta «Santa Anita Smart», proyecta la implementación de un sistema de videovigilancia equipado con inteligencia artificial para el reconocimiento facial y de placas. Alcarraz enfatizó que este sistema operará mediante una central de monitoreo moderna integrada directamente con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía para garantizar su efectividad legal.
- Infraestructura segura: Promete la mejora de la iluminación y la recuperación de espacios actualmente abandonados o inseguros, como el Parque 6 de Andahuaylas.
AMPLIACIÓN DE VÍAS Y CONECTIVIDAD URBANA
Para solucionar el caos vehicular y los denominados «cuellos de botella» que afectan la calidad de vida de los residentes, Ingrid Alcarraz se comprometió a gestionar proyectos de infraestructura vial ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima:
- Puente Atarjea (Puente Tecno): Gestión para la ampliación de la vía de la Av. César Vallejo para agilizar la salida del distrito en horas punta.
- Avenida Ferrocarril: Coordinará con El Agustino y Lima Metropolitana para pavimentar y limpiar la zona colindante a Sedapal, erradicando los botaderos de desmonte y focos delictivos actuales.
- Megaproyectos y áreas verdes: Fiscalizará y gestionará los tramos de la ampliación de la Av. Huarochirí (hacia el Malecón Checa) y los pasos a desnivel para asegurar que las vías adyacentes reciban inversión en pistas e iluminación, además de defender el compromiso ambiental y la conservación de los árboles frente al avance de las obras urbanas.
BIENESTAR ANIMAL Y SALUD PÚBLICA
Alcaraz criticó la inoperatividad de la actual veterinaria municipal y anunció la creación de un «Centro de Salud y Bienestar Animal». Este establecimiento proyecta ofrecer atención de emergencias las 24 horas, consultas a costos sociales accesibles, campañas masivas y continuas de esterilización, vacunación, y programas de educación ciudadana para combatir el abandono de mascotas en puntos críticos como el «Parque del Triángulo».
CUESTIONAMIENTOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ingrid Alcarraz, administradora de profesión y ex subprefecta de Santa Anita, alertó sobre la deficiente capacidad de gasto de las autoridades previas, señalando que entre el año 2015 y el período anterior se devolvieron al erario nacional más de 140 millones de soles que debieron ser destinados a proyectos de inversión pública. Tras detallar los bajos niveles de ejecución presupuestal al inicio de los últimos períodos municipales, exhortó a los vecinos a emitir un voto informado para dar paso a una administración caracterizada por la transparencia, la eficiencia técnica y la lucha frontal contra la corrupción.
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