La Dirección General de Trabajo está por emitir importante pronunciamiento sobre los plazos de huelgas, que podría dejar un pésimo precedente en contra la inversión y el desarrollo del país, en especial en esta etapa de recesión que el propio ministro de Economía Alex Contreras ha reconocido.

Sobre este preocupante tema, el abogado Julio César Seminario Martino, asesor legal externo de empresa, nos explica lo que puede suceder en los próximos días, tomando en consideración los dos recursos de revisión pendientes de resolver ante la Dirección General de Trabajo, sobre la presentación de las comunicaciones de plazo de huelga, del 21 y 28 de agosto de 2023 del Sindicato de Obreros de una empresa minera.

Seminario Martino sostiene que las dos comunicaciones de plazo de huelga presentadas por este sindicato, no cumplieron con los requisitos exigidos por la ley. Increíblemente, la Autoridad Administrativa de Trabajo de Ica, les dio luz verde a estos plazos de huelga.

El experto en leyes advierte, por ejemplo, que el sindicato puede subsanar la comunicación de plazo de huelga, pero nuestra legislación no lo permite, además que el gremio sindicar no cumple con el plazo de los 10 días de anticipación para la presentación del plazo de huelga, en caso de atención del servicio público de agua para todo el distrito de Marcona.

Sostiene que el sindicato después de haber presentado su plazo de huelga, presenta escrito ante la DRTPE ICA, que hasta la fecha no se notifica en donde “levanta” observaciones (cambian a un trabajador de la lista de esenciales) violando cualquier derecho de defensa. Además de no cumplir con cubrir el número de trabajadores de servicio esencial.

Julio César Seminario afirma que es de mucha importancia para el país las resoluciones que va a emitir la Dirección General de Trabajo sobre estos recursos de revisión, porque fijarán los requisitos y el procedimiento para la huelga que podría impactar a nivel nacional y estas serán aplicadas a todas las empresas del país.

También sostiene el abogado Julio César Seminario Martino, que, de concretarse las resoluciones expedidas por la Dirección General de Trabajo, va a afectar mucho la economía del país.

“Según lo señalado por la Autoridad Administrativa de Trabajo de Ica, la huelga no necesariamente tiene que cumplir los requisitos fijados por la ley. Consecuentemente, con este criterio equivocado se generarían más huelgas que no cumplan con los requisitos de ley. Sin duda, va a perjudicar los ingresos de los trabajadores, la empresa y el Estado.

Así mismo, la empresa al no producir, pagara menos impuestos al Estado, lo que indudablemente perjudicaría a toda la población. Mucho peor, que el Ministro de Economía acaba de señalar que estamos en una etapa de recesión económica. En conclusión, este criterio equivocado de la Autoridad Administrativa de Trabajo de Ica perjudica el desarrollo del país y por ello debe ser tomado en cuenta por la Dirección General de Trabajo, según la ley.