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Dirigentes de minería informal tienen vínculos con partidos congresales
Al menos 14 líderes de gremios mineros no formalizados militan en agrupaciones con representación parlamentaria. Expertos advierten que buscan influencia política para proteger sus intereses económicos.
Un informe reveló que 14 dirigentes de dos de los cuatro principales gremios de minería informal están afiliados a partidos como Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre y Juntos por el Perú. Entre ellos figura Máximo Franco Bequer, presidente de Confemin Perú, quien se unió a Renovación Popular en 2023 y fue candidato al Congreso en 2021.
«Estas afiliaciones masivas responden a que el sector tiene 2.5 millones de potenciales votantes y mucho dinero», explicó Iván Arenas, consultor minero, quien criticó la falta de propuestas técnicas para formalizar la actividad. Franco Bequer, además, agradeció públicamente al alcalde de Lima por apoyar protestas mineras: «[Quiero] saludar y agradecer al señor alcalde por las ollas comunes».
En tanto, José Torrealva, presidente de la Asociación de Mineros de Pataz (investigado por minería ilegal), es militante de Podemos Perú. El excongresista Arón Espinoza, del mismo partido, afirmó: «No conozco al señor Torrealva, pero estas afiliaciones no deslegitiman al partido». La fiscalía también investiga a un asesor legal de Confemin por presuntos vínculos con una red criminal.
Fuente: El Comercio
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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos
Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.
El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.
Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.
Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.
Fuente: Minart
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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término
La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.
La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.
Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.
La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.
Fuente: Gestión
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