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ECONOMÍAS ILEGALES PARALIZAN EL DESARROLLO DEL PAÍS CON VIOLENCIA, CORRUPCIÓN Y DAÑO AMBIENTAL
Actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala mueven alrededor de US$13,000 millones al año, afectando la economía, la seguridad y el medio ambiente.
Las economías criminales siguen expandiéndose en el Perú y generan un impacto que va más allá de la pérdida económica. Un estudio elaborado por la Universidad del Pacífico estimó que estas actividades ilícitas —como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala— mueven cerca de US$13,000 millones anuales, el equivalente al 4 % del PBI. El docente universitario Carlos Casas explicó que no solo eluden impuestos, canon y regalías, sino que también generan competencia contra el sector formal. “La competencia desleal con actividades formales deteriora el entorno de negocios, frena inversiones y reduce oportunidades de empleo sostenible”, advirtió.
A pesar de su magnitud, en el Congreso aún hay voces que buscan extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo que —según expertos— actúa como un escudo para la minería ilegal y el crimen organizado. El impacto más severo de estas economías ilícitas se siente en las regiones, donde la violencia, la corrupción y la degradación ambiental se entrelazan con la pérdida de tejido social. Solo entre 2022 y 2025 se han registrado más de 7,300 casos de trata de personas vinculadas a estas actividades. En el plano ambiental, el Centro de Innovación Científica Amazónica ha advertido que “los grupos más vulnerables, como los niños y las mujeres en edad reproductiva, son quienes enfrentan mayores riesgos frente a los efectos neurotóxicos del metilmercurio”.
Combatir estos crímenes exige una presencia efectiva del Estado que vaya más allá del aumento presupuestal. Aunque se ha incrementado la asignación para la lucha contra la minería ilegal y el narcotráfico para 2026, el monto sigue siendo insignificante frente a lo que mueven estas mafias. Un estudio de los economistas Dafne Murillo y Sebastián Sardón demuestra que solo los distritos con una sólida capacidad estatal logran transformar los ingresos extractivos en desarrollo sostenible.
Fuente: Perú 21
Especialistas advierten que el próximo Gobierno deberá ordenar las finanzas públicas y garantizar estabilidad.
La inversión privada en Perú creció 10 % en 2025 y alcanzó tasas de dos dígitos por primera vez en 14 años. Este avance favoreció el empleo formal y podría reducir la pobreza de 27 % a 25 %. Sin embargo, la economía aún crece por debajo de su potencial de 5 %, pese a un contexto internacional favorable impulsado por los altos precios de minerales como el oro y el cobre.
“El contexto internacional es particularmente favorable (…) debería haber impulsado a la economía a crecer alrededor de 5 %, un nivel que ya alcanzamos en un periodo de precios altos”, señaló Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE). No obstante, advirtió que la inestabilidad política sigue siendo un freno definitivo. En esa línea, Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE, afirmó: “El entorno político, sin duda, ha sido el principal obstáculo para que el Perú tenga un crecimiento más alto”.
A estos desafíos se suman riesgos como la minería ilegal y el deterioro fiscal. “Nosotros estimamos que en 2025 la exportación con origen ilegal igualó por primera vez virtualmente a las exportaciones de origen legal”, alertó Maita. Además, destacó que la deuda pública podría llegar a 70 % del PBI en 2036 si no se controla el gasto.
En ese contexto, Maita subrayó la necesidad de que el próximo mandatario ordene las finanzas públicas y mantenga la estabilidad económica. “Uno de los principales [retos] va a ser mantener y fortalecer los pilares que ya sostienen el crecimiento de nuestro país (…). Esto implica ordenar un poco las cuentas y no impulsar sobre todo gastos que no tengan un adecuado financiamiento detrás”, indicó. También remarcó la importancia de preservar la estabilidad monetaria y la independencia del Banco Central de Reserva (BCR).
Fuente: InfoActiva
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NUEVE DE CADA 10 ECONOMISTAS CONSIDERAN DESFAVORABLES LAS PROPUESTAS DE JUNTOS POR EL PERÚ, REPORTÓ GESTIÓN
“El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó los resultados de la cuarta edición de su iniciativa “Los principales economistas opinan”, que recoge información mensual sobre los temas más urgentes de la coyuntura económica y de las políticas públicas. (…)
El documento reflejó que existe consenso sobre propuestas desfavorables de Juntos por el Perú. A dos semanas de la primera vuelta, 9 de cada 10 de los encuestados considera desfavorables o muy desfavorables las propuestas de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) respecto a sostenibilidad fiscal (93%), condiciones para la inversión privada (92%), seguridad ciudadana y control de economías ilegales (92%) y generación de empleo formal (89%).”, reportó Gestión.
Fuente: Gestión
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