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Ejecutivo licitará lotes de Talara tras presión de las empresas
Óscar Vera, titular del Ministerio de Energía y Minas, comunicó la convocatoria de un concurso para seleccionar al próximo encargado de los lotes I, VI y Z-69
A punto de que los lotes I, VI y Z-69 de Talara regresen a manos de Petroperú después de tres décadas de privatización, el Gobierno encabezado por Dina Boluarte ha decidido modificar su posición inicial y ha comunicado su intención de convocar una competencia pública a nivel internacional para seleccionar al futuro encargado de administrar estos campos petroleros.
Óscar Vera, quien ocupa el cargo de Ministro de Energía y Minas (Minem), anticipó que esto no representa un paso atrás, sino que, en cambio, establece la dirección a seguir para mostrar transparencia frente a la presión ejercida por un grupo significativo de empresas y miembros del Congreso.
Hace una semana, organizaciones como la Confiep y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresan su preocupación de que la transferencia directa de los lotes al Estado, es decir, a Petroperú, tendría un impacto negativo en la confianza empresarial y disuadiría la inversión privada. Además, argumentaron que Petroperú carece de la capacidad técnica y financiera necesaria para asumir inversiones riesgosas.
Simultáneamente, tanto el primer ministro Alberto Otárola como los líderes de Perupetro y Petroperú, Isabel Tafur y Pedro Chira, respectivamente, mitigaron la avalancha de críticas empresariales al recordar que la prioridad del Gobierno es otorgar los campos petroleros a Petroperú. Esto se hace con el objetivo de mejorar la producción, que se reduce de 130.000 barriles diarios a 40.000 barriles desde la privatización, y todo esto se realiza en estricto cumplimiento de la ley.
Vera afirmó que durante los últimos treinta años de privatización de lotes petroleros, no se ha logrado una gestión eficiente. Durante este período, no solo se experimentó una disminución en la producción de petróleo, sino que también se incumplió con la inversión en actividades de exploración y, en algunos casos, se observó un deterioro de los activos de los lotes, como ocurrió en el caso del Lote Z-69.
También, destacó las ventajas de la Nueva Refinería de Talara, ya que, si se incorpora junto con los lotes, las utilidades potenciales para Petroperú podrían alcanzar alrededor de mil millones de dólares estadounidenses.
«Petroperú es quien mantiene el negocio del petróleo en Talara porque paga el crudo a precio internacional. Son 6 o 7 millones de dólares diarios que se gastan en materia prima», aseveró.
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En este momento, debido al cambio de dirección, Petroperú participará como un competidor adicional en la disputa. Mientras Perupetro establece las condiciones para la subasta, la empresa estatal temporalmente se hará carga de los campos petrolíferos. Aún no se ha establecido una fecha estimada para esta licitación ni para la publicación del decreto que los asignará de manera provisional.
Es importante señalar que el contrato del Lote VI, que está bajo la operación de Sapet, expira el 21 de octubre próximo. Por otro lado, el contrato del Lote Z-69 (Savia) termina el 15 de noviembre, mientras que el contrato del Lote I vence el 24 de diciembre de este año. Es relevante destacar que la firma estatal ha estado gestionando el Lote I de forma temporal durante los últimos dos años.
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CCL Pide destrabar S/66 000 millones en obras por impuestos para prevenir los efectos de El Niño
El gremio empresarial plantea aprovechar los Certificados de Inversión Pública Regional y Local para acelerar proyectos de prevención, mientras el Gobierno alista un mecanismo «exprés» que reduciría a un mes los plazos de adjudicación de estas obras.
Durante el foro «Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción nacional», realizado en Piura, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) instó a impulsar con mayor rapidez el mecanismo de Obras por Impuestos para cerrar brechas de infraestructura y reducir el impacto de futuros eventos climáticos. El primer vicepresidente del gremio, Sandro Stapleton Ponce, remarcó el potencial de este instrumento. «Los CIPRL cuentan con aproximadamente S/66 000 millones que pueden ser destinados a Obras por Impuestos», señaló, en referencia a los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), los documentos que emite el Estado para que las empresas privadas recuperen, vía crédito tributario, lo invertido en estas obras públicas.
Stapleton también propuso transformar el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) en un modelo paramétrico, que active pagos automáticos a partir de indicadores climáticos previamente establecidos, y planteó crear un seguro pesquero similar para los pescadores artesanales, con un registro previo de beneficiarios que agilice la entrega de recursos. También pidió acelerar los bonos para las familias afectadas, tanto para reconstrucción de viviendas como para alquiler temporal, aprendiendo de las demoras registradas durante El Niño de 2017.
La propuesta de la CCL se da mientras el Gobierno trabaja en un mecanismo paralelo, el «OxI Exprés», que buscaría reducir de tres o cuatro meses a solo uno el plazo para contratar a las empresas ejecutoras de estas obras de prevención, según adelantó el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, durante un foro organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en Piura. El funcionario fue enfático sobre la urgencia de destrabar estos recursos. «Cada sol que no gastamos hoy son vidas que se dejan de salvar», afirmó. Stapleton cerró su intervención con un llamado a la ciudadanía, en especial a los jóvenes, de cara a las Elecciones Municipales y Regionales: «No basta con escuchar promesas. Es necesario conocer las propuestas, contrastarlas y exigir resultados concretos a quienes buscan gobernar nuestras ciudades y regiones».
Fuente: Revista Economía
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Autoridades que sean elegidas en octubre gobernarán con el Fenómeno El Niño en desarrollo: su capacidad de gestión será decisiva
Más de ocho millones de peruanos están en riesgo alto ante inundaciones y la pesca ya cayó 33.2% en el primer semestre, un antecedente que cobra relevancia en Lima Norte, donde distritos como San Martín de Porres arrastran uno de los niveles más bajos de ejecución presupuestal del país.
En el marco de las próximas elecciones de octubre, los peruanos elegirán a gobernadores y alcaldes que asumirán funciones en medio de la recuperación de los daños provocados por el Fenómeno El Niño. Con más de ocho millones de peruanos en riesgo alto o muy alto ante inundaciones, de los cuales el 47% se concentra en el norte del país, y una economía que ya muestra descensos en sectores clave como la pesca, que cayó 33.2% en el primer semestre, el voto informado se presenta como la herramienta más urgente para evaluar propuestas viables.
La tentación de utilizar políticamente la emergencia ha encendido las alarmas en el sector empresarial norteño. Alfonso Medrano, expresidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, advirtió firmemente en diálogo con Exitosa que el Fenómeno El Niño «podría ser utilizado con ‘cálculo electoral’ de cara a las próximas elecciones regionales y municipales», al tiempo que cuestionó con severidad que «se intenten mostrar ‘soluciones maquilladas’ en lugar de implementar medidas efectivas de prevención y respuesta». Ese riesgo de promesas sin sustento no es ajeno a Lima, pues San Martín de Porres apareció este año como uno de los distritos con más baja ejecución de inversiones del país, un antecedente que los electores deberían tener presente al evaluar las propuestas de prevención que ofrezcan los candidatos de la zona.
Frente a un gobierno saliente que no implementó las medidas de prevención necesarias, según nueve de cada diez economistas encuestados por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la transición política exige planes con sustento real. Según informes publicados por El Comercio, enfrentar esta realidad climática requerirá a futuro «mejor planificación, mayor presupuesto y agilidad en la ejecución de obras mayores de prevención». Asimismo, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, recordó el costo social de la inacción al señalar que «detrás de cada embarcación que deja de salir, de cada faena que se reduce o de cada recurso que cambia su distribución, hay familias que ven afectados sus ingresos». El voto informado es el único mecanismo para garantizar que las nuevas autoridades ejecuten con transparencia los presupuestos y protejan a la ciudadanía.
Fuente: El Comercio, Perú.21, Imarpe
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