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El 70% de trabajadores privados está en microempresas, y las reformas para ayudarlos quedaron fuera del pedido de facultades

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El 70% de trabajadores privados está en microempresas, y las reformas para ayudarlos quedaron fuera del pedido de facultades

Las medidas excluidas del pedido de facultades afectan el acceso al crédito, el empleo juvenil y la formalización, en un contexto en el que 8 millones de trabajadores aún no pueden formalizarse.

El trámite parlamentario en el Congreso bicameral para resolver el pedido de facultades legislativas se prolongó por casi ocho semanas, resultando en un severo recorte de la iniciativa inicial. De las 66 medidas solicitadas originalmente por el Ejecutivo en ocho materias, el Pleno del Senado aprobó el 21 de octubre un texto sustitutorio de 27 puntos en seguridad ciudadana y atención ante el Fenómeno El Niño, por 90 días: los 20 aprobados por la Cámara de Diputados y siete adicionales incorporados por la Comisión de Constitución. Esta dilación fue cuestionada por especialistas como el analista político Rómulo Fernández, quien advirtió que “se está descuidando, tanto en la oposición como en el oficialismo, el centrar el mensaje en los problemas del país”.

La decisión de dejar fuera del paquete legislativo las principales reformas económicas impacta de forma directa en el bolsillo de los ciudadanos y en la competitividad. Entre los temas excluidos destacan la formalización y financiamiento de las mypes, los incentivos al empleo juvenil, la simplificación de regímenes tributarios, la inclusión financiera, la eliminación de los topes a las tasas de interés y los cambios normativos en minería, energía, pesca y turismo. Cuestionando esta exclusión, Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas, señaló: “No han leído el íntegro del pedido de facultades, pero, en cuanto a las mypes, está centrado en el factoring y en el fortalecimiento de los CITE. No encuentro qué podría haber de negativo en ello”.

Las consecuencias de postergar estas medidas estructurales tienen un peso crítico en la realidad social. Al respecto, el economista Carlos Gallardo advirtió lo que esto representa: las microempresas producen apenas el 4% de lo que genera una gran empresa, pero emplean al 70% de los trabajadores del sector privado, mientras que la legislación actual impide que ocho millones de ellos puedan formalizarse. A este panorama se suman más de 300 mil jóvenes que aún no recuperan el empleo tras la pandemia, municipios que originan 3 de cada 4 barreras burocráticas y más de 5 millones de peruanos que continúan sin agua por red pública. En Lima Metropolitana, el empleo juvenil cayó 1.6% entre julio y setiembre de 2026, con 10 mil puestos de trabajo menos, según el INEI.

Esta brecha entre la agenda legislativa y las urgencias cotidianas se refleja en el testimonio de quienes buscan salir adelante día a día. “Creo que lo que hubiese tenido más impacto en mi vida y en la de mi negocio ha sido el apoyo a pequeños emprendimientos porque yo soy emprendedora, tengo un pequeño negocio de comida. A veces hay cosas que yo quisiera implementar, quisiera comprar para poder tener mayores ingresos, y no cuento con un respaldo como para que un banco o una caja me dé financiamiento”, manifestó una ciudadana de Piura.

Fuente: Infobae, Perú.21, La República, Conecta Piura, Lima Conecta

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Más de S/19 600 millones se gastaron en obras inconclusas de municipios y regiones

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Más de S/19 600 millones se gastaron en obras inconclusas de municipios y regiones

Lima figura entre las regiones con mayor cantidad de proyectos abandonados, en un escenario marcado por la falta de continuidad entre gestiones y las deficiencias en la planificación de la inversión pública.

Los gobiernos regionales y las municipalidades del país acumulan 53 332 proyectos inconclusos, entre obras paralizadas y abandonadas, que registran un gasto de S/19 600 millones desde 2012 hasta septiembre de 2026. Según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), basado en información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estas inversiones representan el 65% de los proyectos activos en las carteras de los gobiernos subnacionales durante ese periodo.

Del total, alrededor de S/10 800 millones corresponden a 17 030 proyectos abandonados, categoría que incluye inversiones sin avances durante más de 18 meses. Lima, junto con Junín, Áncash, Puno y Cajamarca, concentra la mayor cantidad de iniciativas en esta condición.

Martín Valencia, gerente de estudios económicos del IPE, precisó que el monto ejecutado no significa necesariamente que todo se haya perdido, ya que algunas obras podrían reactivarse. No obstante, advirtió que los proyectos abandonados durante varios años tienen menores posibilidades de recuperación, especialmente si presentan expedientes técnicos deficientes o registran poco avance.

Entre las causas identificadas figuran la falta de continuidad entre autoridades, la deficiente formulación de proyectos y los problemas en las contrataciones. El desafío será especialmente relevante para las nuevas gestiones municipales y regionales, que deberán evaluar qué obras pueden retomarse y cuáles requieren cerrarse formalmente para ordenar sus carteras de inversión.

Fuente: Gestión

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Comas, Independencia y Carabayllo entre los distritos expuestos a huaicos

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Comas, Independencia y Carabayllo entre los distritos expuestos a huaicos

Especialista advierte sobre posibles precipitaciones inusuales este fin de semana y alerta que la expansión urbana hacia las laderas aumenta la vulnerabilidad de varios sectores de la capital.

Lima Metropolitana podría registrar lluvias anómalas este fin de semana, pese a que todavía es octubre. Patricio Valderrama, geólogo y expresidente ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), advirtió que existe una alta probabilidad de precipitaciones en algunos sectores de la capital y señaló que ocho distritos están expuestos a huaicos, activaciones de quebradas, deslizamientos e inundaciones.

Entre las zonas identificadas figuran Comas, Independencia y Carabayllo, en Lima Norte, además de Chosica, Chaclacayo, Ate, La Molina y San Juan de Lurigancho. El especialista explicó que la ocupación desordenada de las laderas incrementa los riesgos para la población y puede comprometer servicios esenciales, como el abastecimiento de agua potable, la electricidad y el saneamiento.

“Lima creció hacia las montañas, pero no creció de una manera ordenada”, explicó Valderrama a Canal N. También sostuvo que el país debe priorizar la capacidad de respuesta ante las emergencias, pues las lluvias podrían intensificarse desde noviembre y alcanzar mayores volúmenes hacia mediados de diciembre.

El geólogo señaló que las precipitaciones pueden concentrarse en pocas horas y provocar inundaciones y desbordes. Por ello, planteó que las autoridades preparen espacios seguros para albergar temporalmente a las familias que deban abandonar sus viviendas y refuercen las acciones de monitoreo y atención en las zonas vulnerables.

Fuente: La República

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