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EL 70 % DE VIVIENDAS EN EL PERÚ SON INFORMALES Y UN SISMO DESTRUIRÍA MÁS DE 353 MIL INMUEBLES
La exdecana del Colegio de Arquitectos advierte que el acceso limitado al bono de reforzamiento agrava la vulnerabilidad urbana.
El riesgo sísmico en el Perú ha alcanzado niveles críticos debido al crecimiento urbano desordenado y a la falta de asesoría técnica en los procesos constructivos. La exdecana del Colegio de Arquitectos del Perú, Lourdes Giusti, advirtió que aproximadamente el 70 % de las edificaciones existentes en el país se han levantado de manera informal, incumpliendo las exigencias de diseño sismorresistente de la normativa vigente. Basada en las proyecciones elaboradas con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la especialista alertó que un terremoto de magnitud 8.8 en la costa central provocaría la destrucción inmediata de más de 353 mil viviendas en Lima y Callao, mientras que otras 623 mil quedarían inhabitables, configurando un desafío de gran escala en materia de prevención.
Frente a este escenario, Giusti señaló que el Ministerio de Vivienda cuenta con un bono destinado al reforzamiento estructural de inmuebles vulnerables; sin embargo, el acceso a este beneficio continúa limitado por una gran cantidad de requisitos técnicos y administrativos. Para mitigar el peligro de forma integral, la arquitecta propuso simplificar estos trámites e implementar proyectos de renovación urbana en los barrios, interviniendo el entorno de laderas mediante la estabilización de taludes, espacios comunitarios y la construcción de escaleras que faciliten la evacuación. Asimismo, instó a combatir activamente el tráfico ilegal de terrenos que fomenta la ocupación de zonas inestables y concluyó con una advertencia técnica sobre la resistencia del suelo: «De nada sirve reforzar una vivienda si encima existe una roca que puede caer sobre ella».
Fuente: Expreso
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SCOTIABANK: LA ECONOMÍA PERUANA CRECIÓ ALREDEDOR DE 3% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR EL IMPACTO DE EL NIÑO
El banco estima que el fenómeno climático le restó cerca de un punto porcentual al PBI de junio, principalmente por la menor pesca y el impacto en la agricultura, en un trimestre que suele concentrar el mayor peso de los sectores primarios.
El Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank estimó que la economía peruana creció alrededor de 3% entre abril y junio de este año, por debajo del 3.5% registrado en el primer trimestre. El banco atribuyó esta desaceleración al impacto del Fenómeno El Niño (FEN) sobre la actividad productiva del país durante estos meses.
Según la entidad, solo en junio el fenómeno le habría restado cerca de un punto porcentual al PBI: «El impacto del Fenómeno El Niño sobre el Producto Bruto Interno habría sido cercano a 1 punto porcentual», señaló, considerando tanto el menor desembarque de anchoveta como la caída en los rendimientos agrícolas. Scotiabank remarcó que el segundo trimestre suele ser, además, el de mayor peso de los sectores primarios dentro del PBI, lo que amplifica el efecto de este tipo de choques climáticos sobre el resultado trimestral.
Este resultado se suma a un primer trimestre que ya había mostrado señales de esa misma vulnerabilidad: en marzo, la agricultura registró una ligera caída de 0.1%, explicada por el adelanto de cosechas —como el de la uva— ante el temor a las lluvias intensas asociadas a El Niño, lo que anticipó el tipo de ajustes que el fenómeno seguiría generando en los sectores primarios a lo largo del año.
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MOODY’S ADVIERTE QUE EL APOYO ESTATAL DE US$2000 MILLONES A PETROPERÚ SIGUE SIN RUTA CLARA DE EJECUCIÓN
Más de dos meses después del anuncio del Gobierno, la calificadora de riesgo señala que no hay claridad sobre cuándo se desembolsará el financiamiento ni cómo se estructurará, mientras la petrolera estatal solo cuenta con US$34 millones en caja.
El Gobierno aprobó en mayo un decreto de emergencia que autoriza un esquema de financiamiento privado de hasta US$2000 millones para Petroperú, destinado a la compra de combustible y a garantizar la continuidad operativa de sus refinerías. La medida contempla recursos de la banca privada internacional, canalizados mediante un fideicomiso a cargo de ProInversión, sin comprometer el Tesoro Público. Sin embargo, más de dos meses después del anuncio, la calificadora de riesgo Moody’s advirtió que persisten dudas sobre cuándo se desembolsarán esos recursos, cómo se estructurará el financiamiento y cuál será el mecanismo para canalizarlo hacia la empresa estatal.
Para la agencia, esa falta de claridad afecta directamente la confianza de los inversionistas. «El apoyo gubernamental sigue siendo esencial para Petroperú, pero su ejecución es incierta», calificó Moody’s al decreto. El esquema contemplaba, además, un primer tramo de US$500 millones que debía desembolsarse en junio para financiar el capital de trabajo de la petrolera. Semanas antes, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, había proyectado a RPP que «en el transcurso de este mes se da el primer tramo del financiamiento», destinado a la compra de crudo para las refinerías. Hasta la fecha, ese desembolso no se ha concretado.
La calificadora también alertó que la liquidez de Petroperú sigue siendo frágil, debido a que, a marzo de este año, la empresa contaba con apenas US$34 millones disponibles en caja, una cifra que considera reducida frente a sus necesidades operativas, y parte de sus operaciones se financian con pagos pendientes a proveedores. Pese a que la petrolera mejoró sus resultados —con un ebitda de US$273 millones en el primer trimestre— gracias a mayores márgenes de refinación, Moody’s remarcó que la liquidez, el alto nivel de deuda y la continuidad operativa siguen siendo los principales riesgos crediticios para la empresa, por encima incluso de los controles de precios de combustibles.
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