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El asesor presidencial de Dina Boluarte fue detenido por conducir en estado de ebriedad en el 2020 y habría intentado prender fuego a su pareja

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El asesor presidencial de Dina Boluarte fue detenido por conducir en estado de ebriedad en el 2020 y habría intentado prender fuego a su pareja


Eduardo Guerrero, colaborador del gabinete técnico de la Presidencia, figura en informes de la Policía Nacional del Perú

El entorno de la presidenta Dina Boluarte se ve envuelto en un nuevo escándalo. Una grave denuncia señala a uno de sus colaboradores cercanos en el Palacio de Gobierno, Eduardo Guerrero Castillo.

Guerrero desempeña labores como asesor en el gabinete técnico de la Presidencia, bajo la dirección de Morgan Quero, desde el 23 de julio pasado. Antes de ocupar este cargo, tuvo participación en las gestiones de Pedro Castillo (noviembre-diciembre del 2022) y de José Williams, ex presidente del Parlamento. También brindó asesoramiento a Rosa Gutiérrez cuando lideraba el Ministerio de Salud.

Sin embargo, lo que permanecía en la sombra eran sus serios antecedentes. Según informes del diario El Comercio, Guerrero figura en registros de la Policía Nacional del Perú (PNP) por un intento de agresión a su pareja y por conducir en estado de ebriedad hace tres años.

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El primer incidente data del 2011, cuando Amalia Moreno se presentó en la comisaría del distrito limeño de San Isidro para dejar constancia de que el asesor de la presidenta Boluarte la amenazó con prenderle fuego luego de que se negara a entregarle las llaves de un automóvil, durante una acalorada discusión en su vivienda compartida.

«A pesar de la grave imputación, Moreno no formalizó una denuncia contra Guerrero. Solo quedó su pedido de constatación de lo sucedido en su departamento.»

Por otro lado, el asesor presidencial fue detenido por agentes de la PNP el 5 de junio del 2012 debido a que no contaba con la autorización necesaria para usar lunas polarizadas en su vehículo. En su defensa, Guerrero alegó que trabajaba en un canal de televisión.

Turbulento Episodio: Positivo en Alcoholemia y Desacato a Medidas Antiaglomeraciones

El episodio más controvertido en el historial de Guerrero tuvo lugar el 16 de abril del 2020, cuando arrojó positivo en una prueba de alcoholemia durante un operativo en el distrito limeño de Surquillo.

En ese momento, el Perú enfrentaba los primeros casos de coronavirus hace tres años. A pesar de las medidas dictadas por el Gobierno de Martín Vizcarra para evitar aglomeraciones, se afirma que Guerrero no las habría acatado.

La Policía calificó la conducta del asesor de Dina Boluarte como delitos contra la seguridad pública, y tuvo que cumplir una sanción.

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.

El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.

Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.

Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.

Fuente: Minart

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.

Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.

La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.

Fuente: Gestión

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