Mientras el Congreso se alista para asestar un duro golpe a la reforma universitaria, en las diferentes comisiones ordinarias la mayoría de proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo han sido encarpetados y muchos de ellos ni siquiera cuentan con dictamen.

En total, el Congreso solo ha aprobado 5 propuestas de las 25 enviadas desde el Ejecutivo. Y ni siquiera esa pequeña cifra constituye un gesto de apertura y colaboración, ya que tres de las normas aprobadas tienen carácter de obligatoriedad. Estas son la Ley de presupuesto del sector público, la Ley de endeudamiento del sector público y la Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público.

Las otras dos propuestas del Gobierno aprobadas por el Congreso son la delegación de facultades para legislar en materia tributaria, la cual fue otorgada parcialmente, y un último proyecto que trata sobre un crédito suplementario.

De los 20 proyectos de ley restantes, hay que indicar que solo tres de ellos tienen dictámenes favorables: el Proyecto de Ley que modifica la denominación del ministerio de cultura por la del ministerio de las culturas; el Proyecto de Ley para promover la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad y el Proyecto de Ley que modifica el Decreto Legislativo 1297, para abreviar la duración del proceso de declaración judicial de desprotección familiar y adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes.

Exceptuando al proyecto de ley de Ley que modifica la Ley 27510, ley que crea el fondo de la compensación social eléctrica, el cual tiene un proyecto de dictamen favorable que deberá ser discutido la próxima semana, los restantes 16 proyectos enviados por el Ejecutivo continúan en la congeladora y no cuentan con dictamen a pesar de su evidente importancia.

REHÚYEN AL DEBATE

Por ejemplo, entre los proyectos que la Comisión de Constitución se niega a revisar está el referido a la necesaria reforma constitucional sobre los mecanismos de vacancia y cuestión de confianza, presentado el 19 de octubre de 2021. En lugar de revisar la propuesta con espíritu democrático, el grupo de trabajo presidido por la fujimorista Patricia Juárez ha optado por modificar la Constitución mediante una ley ordinaria, regulando la cuestión de confianza y motivando una demanda de inconstitucionalidad del Ejecutivo que aún debe resolver el Tribunal Constitucional.

El 22 de octubre el Ejecutivo presentó otro proyecto de innegable relevancia para el sistema democrático en el país, el proyecto de Ley de reforma constitucional que democratiza y descentraliza la participación de los abogados y abogadas en la conformación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Como respuesta, la Comisión de Constitución aprobó en días pasados que el presidente del JNE ahora sea elegido por el Pleno del ente electoral, lo que ha sido rechazado por el propio JNE.

Otro proyecto de reforma constitucional planteado por el Ejecutivo el 10 de noviembre propone que los acusados por delitos graves no pueden postular a cargos de elección popular y tampoco pueden ser designados. La respuesta del grupo de trabajo liderado por Patricia Juárez, sin embargo, es el silencio.

JUSTICIA INDIFERENTE

También se encuentran sin dictamen tres proyectos presentados en noviembre pasado y a los cuales la Comisión de Justicia, presidida por la congresista Gladys Echaíz, no parece dar importancia: Estos plantean establecer sanciones para los jueces que incumplan la celeridad procesal, eliminar las barreras de acceso de la ciudadanía a los servicios notariales y establecer medidas para la celeridad y eficacia en los procesos de alimentos.

Esta misma comisión de Justicia ha dejado en el olvido cuatro proyectos presentados en noviembre y que buscan fortalecer la lucha contra la corrupción. Entre ellos, figura el que busca reforzar la responsabilidad de las empresas y personas jurídicas frente a posibles actos de corrupción y otros delitos, como el emblemático caso Odebrecht, y el de aumentar las penas en los delitos de administración fraudulenta y contabilidad paralela.

Otras propuestas como la presentada para la implementación de las evaluaciones del desempeño docente y la que establece prohibiciones e incompatibilidades en el sector público y privado, clave para evitar la puerta giratoria, han sido ignoradas por las comisiones de Educación y Descentralización, respectivamente.

Igual suerte ha corrido en la Comisión de Energía y Minas el proyecto que busca establecer medidas para impulsar la masificación del gas natural.

Como se advierte, el Congreso acusa de ineficiencia al Ejecutivo, pero desde sus comisiones ordinarias imponen la ley del hielo a los proyectos presentados, mientras avanzan al caballazo con propuestas ilegítimas como la prohibición a referéndums para convocar la Asamblea Constituyente o la intromisión política en la elección del JNE, entre otros.

DATO

Ayer la presidenta del Congreso anunció que se puso en agenda para ser debatida en el Pleno la propuesta de modificación de la ley de orfandad, para beneficiar a niños y adolescentes que quedaron huérfanos durante la pandemia. El proyecto había sido enviado el 11 de noviembre pasado. (Diario Uno).