El mundo está marcado por una «batalla cultural» en la que lo políticamente correcto respalda la agenda globalista promovida por Naciones Unidas, la misma que se resume en los Objetivos del Desarrollo Sostenible con miras al 2030. Los «magnates de la globalización», en un proceso marcado por una revolución tecnológica sin precedentes, no tienen reparo en destinar porciones de sus fortunas personales o saldos empresariales disponibles a financiar los programas y proyectos diseñados por las agencias de cooperación internacional, que respaldan de manera militante las ideas centrales de un globalismo avasallador.

La Agenda de Naciones Unidas en marcha no solo necesita la adhesión de los Estados, sino también de operadores políticos en todo el mundo para el cumplimiento de sus objetivos. En ese sentido, los organismos no gubernamentales no solo canalizan fondos y recursos, sino que también buscan influir en el diseño de políticas públicas y sectoriales en los ministerios y organismos públicos adscritos al Poder Ejecutivo. La influencia y presión que ejercen las ONG hacen posible la promoción de ciertos temas como parte de las agendas legislativas de los Congresos nacionales. En países con limitados grados de institucionalidad democrática, con partidos políticos sin ideario o doctrina, que virtualmente se han convertido en «vientres de alquiler», el accionar de la llamada sociedad civil se facilita, generándose una mayor presión sobre los gobiernos e instituciones tutelares de la República.

Este escenario, por cierto, requiere de los medios de comunicación para afianzar su influencia. En el Perú, ya no es el Fondo Monetario Internacional como hace unas décadas, el protagonista de la vida nacional, toda vez que la economía nacional, a pesar de la inestabilidad política reciente, aún muestra señales de estabilidad macroeconómica y un nivel aceptable de reservas internacionales. No hay que olvidar que el crecimiento económico trajo consigo una reducción de la pobreza y la consolidación de las clases medias emergentes en Lima y en importantes regiones del país, habiendo alcanzado su punto más alto durante el segundo gobierno del presidente Alan García.

Hoy, la economía nacional está en recesión, con una inflación un poco superior al 3% anual y con indicadores de pobreza al alza, como parte de un proceso recesivo atribuible en especial a la deficiente conducción del gobierno, la falta de confianza de los inversionistas y una caída de las expectativas e inestabilidad política generada luego de la sucesión constitucional de diciembre del 2022.

El golpista Pedro Castillo intentó consumar un golpe de Estado con el claro propósito de imponer una dictadura a largo plazo, la misma que esperaba consolidarse internacionalmente con el respaldo del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. El gobierno de México estuvo dispuesto a concederle asilo de inmediato; sin embargo, la vacancia presidencial aprobada por el Congreso nacional, con el voto incluso de integrantes de Perú Libre y el Bloque Magisterial, estropeó su plan, a lo que se sumó sobre todo el accionar oportuno del Ministerio Público y el Poder Judicial.

Pedro Castillo dinamitó la economía nacional, pretendió despachar desde la «casa de Sarratea» bajo la sombra de la noche, siendo partícipe de reuniones clandestinas con funcionarios y proveedores del Estado. Pedro Castillo, sin tener nociones básicas sobre gestión pública, economía o relaciones internacionales, gobernó el país teniendo como vicepresidente y ministro de Estado a Dina Boluarte. El gobierno de la señora Boluarte es el sucedáneo del gobierno de Pedro Castillo, a pesar de los esfuerzos por diferenciarse de su predecesor. Dina Boluarte no exhibe una trayectoria política. Siendo aún funcionaria de la RENIEC, postuló al Congreso e integró la plancha presidencial presidida por Pedro Castillo y de la que formó parte en un primer momento Vladimir Cerrón. El gobierno sobrevive con el acompañamiento de un Congreso que finalmente no aprobó la reducción del periodo parlamentario. La señora Boluarte anunció el día de su juramentación su intención de gobernar hasta el 2026; días después cambió de opinión y no cabe duda de que estuvo a punto de renunciar durante las primeras semanas del año pasado, cuando el extremismo de izquierda, aliados de Pedro Castillo, decidieron movilizarse de manera simultánea en varias regiones, como parte de un plan organizado con la clara intención de tomar el poder.

En el Perú, desde el gobierno de Ollanta Humala, no se ha logrado mantener tasas de crecimiento económico superiores al 6% anual que hicieron posible reducir la pobreza. Ollanta Humala, sombrío y mediocre, así como la ambiciosa Nadine Heredia, incorporaron a su gobierno a tecnócratas y a militantes de la izquierda comunista y caviar, dedicando su tiempo a promover proyectos truncos como el Gasoducto Sur o ejecutando obras dispendiosas como la Modernización de la Refinería de Talara, ocasionando un daño a las cuentas fiscales cada vez mayor. Ollanta Humala y Nadine Heredia, envueltos en la «trama de Odebrecht», serán condenados tarde o temprano.

El Perú necesita retomar la senda del crecimiento sin esperar un cambio de gobierno. En el corto plazo, debe relevarse al primer ministro Otárola y a una parte importante del gabinete, sobre todo a los ministros de Economía, Defensa e Interior. El gabinete Otárola ha incorporado o mantiene en la función pública a funcionarios de gobiernos anteriores, especialmente de las gestiones de los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra.

En el mediano y largo plazo, los precios de los minerales seguirán al alza como consecuencia de una mayor demanda mundial por el cobre y otros minerales. El Perú debe promover la exploración y explotación de sus recursos naturales; es inaceptable que proyectos como Conga en Cajamarca o Tía María en Arequipa estén paralizados por falta de liderazgo y decisión política. La protesta y movilización instrumentada por políticos financiados con fondos de la cooperación internacional en los últimos años han logrado paralizar proyectos de gran envergadura. Marco Arana, Gregorio Santos, Mirtha Vásquez y otros tantos deben ser emplazados por su intransigencia, que nunca estuvo motivada en ideales superiores, sino más bien por la defensa de oscuros intereses opuestos al desarrollo nacional, el aumento del valor de nuestras exportaciones y la generación de empleo directo e indirecto en cada región.

Una economía saludable no puede sustentarse en el crecimiento desproporcionado del Estado ni en la fastuosa obra pública o en la ejecución de proyectos sin rentabilidad social. El gobierno de Dina Boluarte debe renovarse con la designación de un nuevo gabinete. Por otro lado, empresas como PetroPerú no pueden seguir siendo una carga para el erario nacional, así como el país no puede tozudamente negarse a poner en valor sus recursos naturales. El Congreso de la República debe resolver a la brevedad la permanencia o no de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Es necesario poner fin a la influencia nefasta de organismos no gubernamentales en la política nacional, tales como el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Hace pocos días en Davos, el presidente Javier Milei hizo una advertencia a Occidente sobre la amenaza que se cierne sobre un mundo en el que sus líderes empresariales o políticos, siguiendo la letra de la canción de «Los Prisioneros» de Chile, se han propuesto «No quedar mal con nadie». No seamos ingenuos, el mundo libra una «batalla cultural».