“En el Congreso no se cansan de presentar iniciativas contra la prensa”.

Seis meses después de que una mayoría de sus colegas rechazara su proyecto para endurecer las penas por los delitos de difamación y calumnia en el Código Penal, el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre) ha vuelto a la carga con una iniciativa aún más gravosa contra la libertad de prensa.

Esta fue presentada el último miércoles 20 de diciembre y, además de elevar las sanciones para los casos de calumnia y difamación (de manera que esta última pueda servir para enviar a una persona a prisión), busca modificar un artículo del Código Civil referente a la indemnización y otros dos de la Ley 26847, aquella que regula el derecho de rectificación, de manera que esta pueda solicitarse sin necesidad de presentar un documento notarial, y obligue a los medios a efectuarlo en un plazo de un día (y no de una semana, como estipula la norma actual). Y si la persona afectada lo solicita, a hacerlo durante “tres días consecutivos o inter diarios”. En resumen, todo un andamiaje legal que sin duda les gustaría ver aprobado a quienes se especializan en amedrentar a los periodistas empapelándolos con cartas notariales y denuncias.

Usualmente, cuando se debaten proyectos mordaza como el del legislador Montalvo, se suele pensar que los únicos que serán perjudicados serán los periodistas. Y que, en ese sentido, los reclamos que formula la prensa en contra de que sean aprobados serían una manera de proteger a sus integrantes, como si de una defensa gremial se tratase. Esta, sin embargo, es una mirada incompleta. No son solo los medios los que se ven perjudicados por este tipo de iniciativas, sino también los ciudadanos.

La correlación es evidente: si un periodista sabe o cuando menos intuye que la consecuencia por publicar un reportaje será una celda, lo pensará dos veces antes de hacerlo. Con lo que el ciudadano de a pie podría dejar de tener acceso a información que podría serle útil. Incluso con la legislación actual ya hemos visto lo fácil que es denunciar a un hombre o mujer de prensa, y la falta de criterio de algunos jueces que terminan fallando en contra de ellos. La Asociación Nacional de Periodistas ha recordado que en los últimos cinco años “más de 150 periodistas han sido llevados a tribunales en todo el territorio nacional”. Por lo que el efecto que tendría el cambio normativo que propone el parlamentario Montalvo en la prensa sería demoledor.

Lo más preocupante de todo, no obstante, es que si él ha decidido insistir con algo que ya fracasó hace apenas medio año es porque está convencido de que esta vez sí prosperará. Y, a decir verdad, su intuición no parece del todo descabellada. Casi a la par con su proyecto, por ejemplo, el legislador Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) presentó otro que proponía penalizar la difusión de información secreta como las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces, en un contexto en el que varios legisladores están siendo señalados en la trama que implica a la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides. La iniciativa fue retirada por su autor, pero el solo hecho de que se haya formulado en esta coyuntura debería ser motivo suficiente para hacer sonar las alarmas.

Mientras esto ocurre en el Parlamento, en el Ejecutivo la presidenta Dina Boluarte critica a los medios por formularle preguntas incómodas y les pide, más bien, “que nos ayuden a poder brindar noticias en positivo y no en negativo”. La prensa, como se ha dicho varias veces, no está para edulcorar la realidad, sino para retratarla de la manera más fidedigna posible, y si la mandataria no es capaz de entender esto, pues será muy difícil que pueda erigirse como un contrapeso para los casos en los que el Congreso busque limitar el trabajo de los periodistas.

Queda entonces en manos de la ciudadanía y del resto de instituciones estar atentos ante estos impulsores de la mordaza, que ya han dejado claro que no van a desfallecer en sus intentos por castigar a los medios.

Editorial de El Comercio