El Congreso de El Salvador, controlado por el oficialismo, aprobó reformas a la ley contra el crimen organizado para incrementar las sentencias a los cabecillas de las pandillas o maras, que pasarán de 45 a 60 años de prisión. También se estableció que los procesos penales se harán por estructura delictiva y no por casos individuales.

La medida, promovida por el gobierno de Nayib Bukele y que contó con 67 votos a favor y 17 en contra, busca agilizar la justicia y endurecer las penas para evitar que los miembros de estas organizaciones criminales salgan en libertad.

Según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, hay más de 71 mil personas detenidas en El Salvador bajo el régimen de excepción. Según el dictamen, esto facilitaría a los jueces emitir una sentencia con mayor celeridad a los criminales y evitar que miembros de estas pandillas delictivas salgan en libertad. En marzo pasado, El Salvador vivió su primer día sin homicidios y el mandatario Bukele destacó que los resultados de su régimen en materia de seguridad son inéditos en la historia moderna de la humanidad.

Sin embargo, Jaime Guevara, diputado de oposición, resaltó que la reforma aprobada representaría “un riesgo y una amenaza para los presos inocentes que están en las cárceles a la espera de un procedimiento penal justo”.

Los índices compartidos por las organizaciones sociales indican que, entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio de 2023, se dieron alrededor de 13.581 “hechos violatorios”, de los cuales el más denunciado es la detención arbitraria con el 95,32%.