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EMPLEO INFORMAL Y BAJA COBERTURA EN PENSIONES FRENAN PROTECCIÓN SOCIAL EN REGIONES
Índice nacional muestra que solo el 26 % de la PEA está afiliada a un sistema de pensiones y que regiones como Ayacucho, Puno y Huánuco concentran los mayores rezagos en empleo formal.
El Índice Regional de Protección Social (IRPS) evidencia que el avance del Perú en materia de protección social ha sido limitado en los últimos cinco años. En 2024, el indicador nacional alcanzó 0.50, apenas 0.01 puntos por encima del nivel registrado en 2019, lo que refleja una mejora marginal que convive con profundas desigualdades territoriales.
Las regiones con mejores resultados continúan siendo Lima, Arequipa, Ica y Tacna, mientras Ayacucho, Puno y Huánuco se mantienen en el grupo con menor nivel de protección. En el norte, Trujillo y Piura presentan desempeños intermedios, y Cusco arrastra brechas asociadas a su estructura productiva y al acceso desigual a servicios básicos. Para la organización Horizonte Laboral, este panorama confirma que “el verdadero desafío no está en mejorar el índice promedio, sino en acortar las distancias que separan a un país en partes inconexas mediante la atención de persistentes brechas para promover un desarrollo sin dejar a nadie atrás”.
Por dimensiones, el empleo sigue siendo uno de los principales cuellos de botella. El subíndice se mantuvo en 0.60, sin cambios frente a 2019, con apenas el 24.6 % de la Población Económicamente Activa (PEA) en la formalidad y solo el 16 % con empleo adecuado. Esta realidad afecta con mayor intensidad a Ayacucho, Huánuco y Puno, donde la informalidad limita ingresos, estabilidad y acceso a derechos laborales. En pensiones, el indicador subió de 0.58 a 0.60, pero la cobertura continúa siendo baja: solo el 26.3 % de la PEA está afiliada a un sistema previsional y el 46 % de los adultos mayores sigue trabajando, lo que revela una vejez marcada por la precariedad.
Horizonte Laboral subrayó que “el IRPS tiene como propósito aportar una herramienta empírica que permita observar las desigualdades territoriales en la protección social y facilitar la toma de decisiones informadas en materia de política pública, planificación regional y gestión social”. Si bien algunas regiones muestran avances, la persistencia de la informalidad y las brechas en empleo y pensiones confirman que el principal reto sigue siendo llevar la protección social efectiva a todo el país.
Fuente: Horizonte Laboral
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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos
Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.
El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.
Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.
Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.
Fuente: Minart
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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término
La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.
La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.
Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.
La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.
Fuente: Gestión
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