El sindicato exige revisar la gestión previa del directorio y la designación de Oliver Stark, mientras el exministro Luis Herrera Descalzi respalda su regreso, pero plantea reducir a menos de 10 el número de gerencias de la petrolera.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) cuestionó que el «cambio de rumbo» anunciado por el ministro de Economía, Elmer Cuba, para Petroperú no se refleje aún en decisiones concretas, y puso la mira en S/6093.5 millones que, según el gremio, el Estado le adeudaría a la petrolera a diciembre de 2025. El monto incluye S/3112 millones por crédito fiscal de la Amazonía, S/1863 millones vinculados a la recuperación anticipada del IGV de la Nueva Refinería de Talara, S/450 millones por una transferencia pendiente al fondo de pensiones de la ONP y otros conceptos menores.

El sindicato también cuestionó la designación de Oliver Stark Preuss como nuevo presidente del directorio, al recordar que en una gestión anterior impulsó propuestas para abrir la empresa a operadores privados. Fenpetrol pidió, además, una auditoría forense que examine el destino de los recursos públicos comprometidos con la petrolera en los últimos años y que los anteriores directivos rindan cuentas sobre las decisiones que llevaron a sucesivos salvatajes económicos.

No todas las voces del sector coinciden con ese cuestionamiento al regreso de Stark. El exministro de Energía y Minas Luis Herrera Descalzi consideró positivo su retorno, aunque coincidió en la necesidad de una revisión externa de las cuentas de la empresa. «Petroperú no se puede auditar a sí misma», sostuvo en declaraciones a Canal N. El exfuncionario planteó también reducir el número de gerencias, hoy en ocho, a menos de 10, y evaluar la apertura de la petrolera a capital privado bajo un esquema de «acción dorada» que preserve el control estatal sobre decisiones estratégicas de seguridad energética.

Fuente: La República

El Plan Escudo del Mininter refuerza los patios de maniobras y acompaña a los buses en su recorrido, pero en las últimas 48 horas se registraron tres nuevos atentados contra choferes en Lima y Callao.

Más de 4000 efectivos entre policías y militares, junto a 100 agentes de inteligencia, se desplegaron esta semana en rutas de Lima Metropolitana como parte del Plan Escudo, la estrategia del Mininter para frenar la extorsión contra el transporte público. El ministro del Interior, César Astudillo, explicó que el resguardo ya no se limita a los patios de maniobras, sino que también acompaña a los buses en su recorrido. «Solo en Lima Sur hay cerca de 14 patios de maniobra», precisó.

Pese al despliegue, la violencia no se ha detenido. En las últimas 48 horas hubo tres nuevos atentados: en Villa El Salvador, sicarios balearon un bus de la Línea 41 y dejaron una nota amenazando a los choferes; en el Callao, una combi fue atacada en la avenida La Marina, dejando herido de gravedad al conductor; y en Ate, un sujeto interceptó a un chofer de la empresa Pesqueros para exigirle cupos, el cuarto ataque que sufre esa compañía este año.

A ellos se suman dos ataques recientes en Lima Norte —el asesinato del gerente de la empresa Corazón de Jesús de San Diego en Los Olivos y un atentado con explosivos contra un bus de Translima en San Martín de Porres—, que reavivan las críticas de los gremios al Plan Escudo. El dirigente Julio Vargas insistió en que la solución de fondo es otra. «Se necesita un trabajo continuo entre fuerzas policiales, el Ministerio Público y el Poder Judicial para combatir y sancionar a cabecillas de las mafias», sostuvo.

Fuente: La República