El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, descartó de manera categórica haber gestionado asilo diplomático ante una eventual condena por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, investigaciones por presunto cohecho pasivo propio en el marco del caso Lava Jato.

Durante declaraciones a la prensa, el exmandatario aseguró que enfrentará el proceso judicial y se presentará personalmente en la lectura de sentencia, prevista para el próximo 20 de noviembre, en el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional.

“Jamás. No hemos hecho ninguna gestión. Lo digo categóricamente: no hay posibilidad de asilo en absoluto. Pueden verificarlo con cualquier embajada o representante diplomático. No hemos solicitado nada”, enfatizó Martín Vizcarra.

Vizcarra critica a la Procuraduría y califica de “improvisada” su actuación en juicio

El exmandatario también cuestionó duramente la intervención del procurador público durante la última audiencia, calificando su exposición como “impropia de un juicio serio”.

“Yo escuchaba al procurador y, con el respeto que se merece, fue una postura nada profesional. Parecía que se ha equivocado, porque aquí cerquita está la Plaza San Martín. No parecía una sala judicial; hablar y hablar sin sustento no contribuye al proceso”, afirmó.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez Atoche, ha solicitado una pena total de 15 años de prisión efectiva para Vizcarra: 6 años por el caso Lomas de Ilo y 9 años por el Hospital de Moquegua, además de 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Juárez sustenta que el exmandatario habría recibido sobornos de empresas constructoras a cambio de favorecerlas con contratos cuando era gobernador regional de Moquegua.

Defensa de Martín Vizcarra: “No hay peligro de fuga”

Por su parte, el abogado defensor del expresidente sostuvo que la actitud de su cliente demuestra plena disposición para colaborar con la justicia y descartó cualquier intento de eludir el proceso judicial.

“Incluso en un escenario negativo, que no va a ocurrir, el comportamiento del señor Vizcarra demuestra que no existe peligro de fuga. Siempre se ha sometido a las decisiones jurisdiccionales”, señaló la defensa.

Asimismo, el letrado confirmó que Vizcarra asistirá a la audiencia final, donde ejercerá su derecho de autodefensa. “La próxima sesión está obligado a venir, y así lo hará. Su voluntad siempre ha sido someterse a las decisiones judiciales”, añadió.

Vizcarra continuará como jefe de campaña de Perú Primero

Pese a su inhabilitación política, Vizcarra anunció que continuará activo en el ámbito partidario como jefe nacional de campaña de Perú Primero, agrupación que busca participar en las Elecciones Generales 2026.

“Soy jefe nacional de campaña del partido Perú Primero. Voy a acompañar y estar con todos los candidatos para ejercer ese rol no necesito estar habilitado. Seguimos a la espera de la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del plazo del proceso interno”, explicó.

El exmandatario insistió en que su participación política no vulnera su inhabilitación, ya que esta le impide ejercer cargos públicos, mas no realizar labores partidarias.

El juicio ingresa a su etapa final

El caso se encuentra en su fase final ante el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, donde la defensa de Vizcarra presentará sus alegatos finales el próximo jueves 20 de noviembre.

La Fiscalía sostiene que el exgobernador de Moquegua habría recibido pagos ilícitos de empresas constructoras vinculadas a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, obras ejecutadas durante su gestión regional entre 2011 y 2014.

El proceso judicial se desarrolla en medio de una intensa atención mediática, pues una eventual condena no solo marcaría un nuevo hito en los procesos contra expresidentes del país, sino que también impactaría en la campaña de Perú Primero, partido fundado por el propio Vizcarra tras su salida del poder.

El exgobernador regional del Callao, Alex Kouri, no podrá participar en las Elecciones Generales 2026 tras la reciente decisión del Poder Judicial que ratificó su inhabilitación política, la cual sigue vigente debido al incumplimiento en el pago de la reparación civil impuesta por el caso Convial. Con ello, el también exalcalde chalaco queda impedido de postular, pese a haber anunciado públicamente su intención de competir por un escaño en el Senado.

Kouri fue sentenciado en 2016 a cinco años de prisión efectiva por el delito de colusión desleal, al haber favorecido presuntamente a la empresa Convial con contratos y adendas irregulares para la construcción de la Vía Expresa del Callao. El fallo incluyó, además, la obligación de pagar 26 millones de soles como reparación civil al Estado peruano. Sin embargo, tras cumplir su condena carcelaria, el pago no se concretó, lo cual activó automáticamente la continuidad de la inhabilitación.

La defensa legal del exgobernador intentó revertir la medida mediante una acción de amparo, argumentando que la reparación civil debía ser revisada y que su inclusión en el registro de personas impedidas de ejercer función pública era improcedente. No obstante, el juez Juan Torres Tasso rechazó el pedido al concluir que carecía de sustento jurídico y que excedía las competencias del proceso constitucional planteado.

La sentencia que originó la inhabilitación deriva del polémico caso Convial, uno de los episodios emblemáticos de presunta corrupción durante su administración. Según determinó el Poder Judicial, Kouri habría beneficiado a la concesionaria con el adelanto del cobro de peajes pese a que las obras aún no tenían el avance suficiente. Ello configuró un perjuicio económico millonario para el Estado, lo que reforzó la decisión judicial en su contra.

Esta no es la primera vez que Kouri enfrenta obstáculos en su intento por volver a la política. En 2022, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente su postulación al Gobierno Regional del Callao al no cumplir con los requisitos formales de inscripción. A pesar de estos reveses, en marzo de 2025 volvió a manifestar sus aspiraciones políticas, esta vez apuntando al renovado Senado.

Con la confirmación de la inhabilitación, el exgobernador queda oficialmente fuera de la contienda electoral, cerrando nuevamente cualquier posibilidad de retorno al escenario político en el corto plazo. Mientras tanto, el Poder Judicial mantiene firme su posición respecto al cumplimiento de las sanciones por delitos contra la administración pública, especialmente en casos que involucran perjuicios económicos al Estado.