“Para hacer más atractiva la oferta de empleo y captar con más facilidad a las víctimas, principalmente personas vulnerables, les ofrecían además de un sueldo digno un alojamiento en España y la promesa de realizar el papeleo necesario para regularizar su situación en el país”, señala la Policía.

Añade que “muchas de las víctimas eran captadas fácilmente debido a la precariedad de sus circunstancias familiares y económicas, viendo en esta oferta una gran oportunidad de poder ayudar a sus familias”.

Sin embargo, “una de las víctimas, tras su llegada a Santiago de Compostela, fue captada por la organización y obligada a trabajar en una empresa de reparto de paquetería sin ningún tipo de contrato y siendo explotada laboralmente con jornadas laborales abusivas de entre 12 y 15 horas diarias”, según la Policía.

La organización “penalizaba” a las víctimas “alegando no haber realizado un determinado número de entregas diarias o por causar daños en los vehículos utilizados para el reparto, los cuales en la mayoría de los casos eran vehículos antiguos y muy dañados”, pero eso servía de “justificación para no pagarles nada”, según los investigadores.

“La desesperación y el temor a un empeoramiento de sus condiciones, unido a una estancia irregular, hicieron que soportasen durante tiempo esa situación de explotación laboral”, observa la Policía.