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-ESPECIAL: el Congreso está a punto de bajarse la colaboración eficaz para proteger a los corruptos
Mientras la extrema derecha continúa organizando marchas fracasadas para vacar a Castillo y el gobierno protagoniza cada tanto un nuevo escándalo de corrupción, desde el Congreso hay otras cosas graves cocinándose.
En los próximos días el pleno discutirá el proyecto de ley que modifica la ley de colaboración eficaz.
Intervención: Útero.Pe
Pero antes, ¿para qué sirve la colaboración eficaz?
- Cuando te chapan delinquiendo, puedes apechugar y decirle al fiscal que sorry que lo vas a contar todo a cambio de un beneficio. Este premio lo decide no el fiscal sino el Poder Judicial, pero para eso tienes que soltarlo todo y dar pruebas de lo que estás diciendo.
- Si tu vida está en peligro, las instituciones a cargo te ayudan para proteger tu identidad y obvio tu integridad. Solo si es necesario.
- Otra manera de colaborar es cuando te ves envuelto en un delito y te arrepientes así que vas a la Fiscalía y cuentas todo con pruebas y más, sin necesidad si quiera de que te hayan atrapado.
La colaboración eficaz tal cual la conocemos es bastante flexible y permite a la Fiscalía a perseguir de manera más eficiente el delito. Sin ella no habríamos tenido una Matilde Pinchi Pinchi haciendo caer el fujimorato o a Marcelo Odebrecht y a Jorge Barata contando cómo rompieron las manos de casi todos los expresidentes de este siglo. Y así sucesivamente.
Entonces, ¿qué quiere hacer el Congreso?
El sueño húmedo de las bancadas negociantes en el Congreso.
Intervención: Útero.Pe
En síntesis, quiere limitarla.
- Quiere que los fiscales tengan solo 6 meses para llegar a un acuerdo de colaboración con los aspirantes.
- Quiere grabar en video a los delatores, aunque eso es más bien contraproducente pues pondría en peligro sus vidas o los expondría a represalias judiciales por parte de los acusados.
- Y lo más grave, ya no quieren que nadie se entere lo dicho por un aspirante a colaborador eficaz, es decir, los fiscales a cargo serán responsables del contenido de una delación y, si esta se hace pública, serán sujetos de sanciones.
- Esto último colisiona, como lo veremos en el video a continuación, con el derecho constitucional a la libertad de prensa y la libertad de información de todos nosotros.
¿Se imaginan no poder enterarnos de lo que pasó en la Interoceánica durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García?
¿O lo que pasó durante el gobierno de Fujimori?
¿Se imaginan no poder conocer cuántos millones le entregó Odebrecht a Ollanta Humala en su depa de soltero de Miraflores?
¿Qué haríamos sin el aumentar Keiko a 500?
Si el Congreso aprueba esta ley, eso es lo que nos espera, el desconocimiento total de los casos más escandalosos de corrupción.
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El Ministerio del Interior aprobó la reasignación en el cargo, por necesidad del servicio, de 23 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), mediante la Resolución Suprema N.° 234-2026-IN, publicada este domingo 20 de setiembre en el diario oficial El Peruano.
La medida fue suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro del Interior, César Astudillo.
Entre los cambios dispuestos figura el del general PNP Víctor Alfredo Revoredo Farfán, quien deja la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y es reasignado a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (Dirasint PNP).
La norma también dispone otros movimientos en puestos de la institución. Entre ellos, el general Miguel Ángel Mesta Rebaza pasa de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (DIRASINT PNP) a la Región Policial Áncash; Ricardo Sabino Espinoza Cuestas deja la Región Policial La Libertad y asume la Dirección de Investigación Criminal; mientras que Eric Waldir Ángeles Puente pasa a la Región Policial La Libertad.
Según la resolución, el general Franco Raúl Moreno Panta pasa de la Dirección de Asesoramiento Operativo del Estado Mayor General de la PNP a la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General (DIRINV).
Asimismo, el teniente general Luis Flores Solís deja la jefatura del Comando de Operaciones Policiales (COMOPPOL) y asume la Dirección de la Inspectoría General de la PNP. En tanto, el general Manuel Elías Lozada Morales deja la Dirección Nacional de Investigación Criminal y pasa a la dirección del COMOPPOL.
Otro de los cambios corresponde al general Víctor Hugo Meza Farfán, quien deja la Dirección Nacional de Operaciones Especiales y es reasignado a la jefatura de la Región Policial Lima Centro.
Asimismo, la resolución precisa que la reasignación del personal policial se efectúa de acuerdo con las necesidades del servicio y tiene como finalidad contribuir al cumplimiento eficaz de la misión institucional.
En el documento se precisa que la Comandancia General de la PNP propuso los cambios mediante un oficio, en el marco de las disposiciones de la Ley de la carrera y situación del personal policial.
La norma señala que la reasignación de los oficiales generales puede efectuarse en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades institucionales, y que su aprobación corresponde a una resolución suprema. La Secretaría Ejecutiva de la PNP deberá adoptar las acciones necesarias para ejecutar los cambios establecidos.
El Comando Operacional del Norte, mediante el Comando Unificado Pataz (Cupaz), ejecutó la operación “Camilo” en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, que permitió incautar más de mil explosivos y seIs fusiles de cañones largo y corto, informó el Ministerio de Defensa.
Durante la intervención, las fuerzas del orden decomisaron también 510 municiones de calibres 22, 5. 56 y 9 mm, dos pistolas, 15 cargadores, ocho fardos de cordón detonante y equipamiento táctico.
El operativo se realizó en una bocamina del anexo La Porfía y contó con la participación de efectivos de la Divopus, Divitiame y Dirincri de la Policía Nacional, así como con representantes de la Oficina Regional de Indecopi y Sucamec.
Todo el material de guerra hallado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que estará a cargo de las investigaciones por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de armas y explosivos.
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