“Estos ataques son una definición de manual de terrorismo”, dijo uno de los funcionarios, que insistió en que más que un cambio de actitud generalizada por parte de los hutíes, lo que Estados Unidos busca es que cesen los ataques en el mar Rojo por su importancia para el comercio internacional.

En los 30 días hasta la entrada en vigor de la medida, Estados Unidos también pretende “diseñar” la implementación de las sanciones que acarrea la designación para que afecten en la menor medida posible a la población civil.

Lo que EE.UU. busca es “cortar la financiación” de los hutíes a través del sistema financiero internacional sin que esto impida la llegada de comida -Yemen importa el 90 % de sus alimentos-, medicinas y ayuda humanitaria a las zonas bajo su control.

De hecho, la Administración de Joe Biden ha optado por catalogar al grupo hutí de “Terrorista Global Específicamente Designado” (SDGT, en inglés) en lugar de incluirlo en la lista de “Organización Terrorista Extranjera” (FTO, en inglés) porque las sanciones que acarrea son más leves.

Por ejemplo, la designación SDGT no implica sanciones para quienes provean “soporte material” a los hutíes y tampoco prevé prohibiciones de viaje, como sí lo hace estar incluido en la lista FTO.

El expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) designó a los hutíes como “terroristas” tanto en la categoría de SDGT como en la de FTO en una de sus últimas decisiones como mandatario, pero el Gobierno de Biden anuló la medida poco después de llegar a la Casa Blanca precisamente para no agravar la crisis humanitaria en el Yemen.