200 jóvenes de Lima, Cusco, Loreto, Ucayali y Madre de Dios se capacitaron para abordar casos relacionados a tala ilegal, minería ilegal y el tráfico ilícito de vida silvestre.

En 2020 y 2021, Perú perdió más de 340,000 hectáreas de bosques, entre las causas se encuentran delitos ambientales como la tala ilegal y la minería ilegal, que, junto al tráfico ilícito de vida silvestre, están entre las actividades ilícitas más extendidas en la Amazonía peruana.

A fin de fortalecer la prevención y reducción de estos delitos es clave contar con un sistema de justicia sólido y efectivo, por lo que el proyecto Prevenir de USAID ha desarrollado la Segunda Contienda Legal Especializada en Delitos Ambientales y Desarrollo Sostenible en la Amazonía, dirigida a futuros profesionales en materia ambiental.

Alrededor de 200 estudiantes universitarios de Derecho y carreras afines de los departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco y Lima participaron en esta competencia de alto nivel que se implementó junto con la Universidad Científica del Sur, la Universidad Nacional de Ucayali y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

En total, 122 mujeres y 78 hombres, procedentes de 15 universidades del país, se capacitaron en materia ambiental y desarrollaron sus destrezas legales al resolver un caso hipotético ante un tribunal simulado compuesto por expertos en justicia ambiental.

Los equipos estuvieron conformados por 108 estudiantes de Ucayali; 47 de Lima; 24 de Cusco; 11 de Loreto; y 10 de Madre de Dios. Cabe anotar que tres de los equipos estuvieron integrados por estudiantes de pueblos indígenas, por lo que se contó con traductores e intérpretes, y se brindaron facilidades para la conexión a Internet.

LOS GANADORES Y FINALISTAS

Dos equipos de estudiantes de la Amazonía peruana clasificaron a la gran final, tras competir con 25 grupos de todo el país. Fueron el equipo “Iustitia Naturalis”, de Madre de Dios, que tuvo la posición de acusador; y el equipo “Nii Koiranaibo” de Ucayali, que asumió el papel de la defensa. Estos debatieron en torno al caso hipotético “Chaparral Grande”, relacionado con la minería y tala ilegales, y las personas defensoras ambientales.

El jurado, que anunció como ganador al equipo de Madre de Dios, estuvo integrado por Lucia Ruiz, exministra del Ambiente; José Guzmán Ferro, fiscal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali; Marita Barreto, fiscal coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder; así como Martín Castro, coordinador de Proyectos Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Gobernabilidad USAID en Perú; y Violeta Bermúdez, directora ejecutiva del proyecto Prevenir de USAID.

“Este es un objetivo que nosotros como USAID tratamos de impulsar para fortalecer las capacidades del Estado y sociedad civil, y hacer presente a la academia en la discusión de los problemas que tienen que ver con el desarrollo humano”, sostuvo Castro.

“Nos han demostrado su destreza y habilidad jurídica para asumir con éxito las diversas posiciones en esta competencia. Agradezco al comité organizador y en especial a USAID por permitirnos impulsar este tipo de iniciativas para generar destrezas en estudiantes a fin de defender y proteger la Amazonía», añadió Bermúdez.

Los finalistas ganaron una beca completa para el Taller de Derecho Ambiental (TDA) organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) para el año 2023, así como una colección de publicaciones, equipos tecnológicos y un incentivo económico para el primer puesto.

A través de esta contienda legal, el Proyecto Prevenir de USAID busca fomentar herramientas y condiciones que ayuden a la prevención y reducción de los delitos ambientales, así como a la conformación de una sociedad civil vigilante que promueva la sostenibilidad de la Amazonía peruana.

¿SABÍAS QUE?

• Entre el 22% y el 28% del oro producido en el Perú proviene de la minería ilegal o informal.

• En el Perú, alrededor del 37% de la producción de madera es de origen ilegal.

• Miles de animales de más de 340 especies son traficados cada año en el Perú y aproximadamente 80,000 animales se han decomisado vivos durante la última década.