El sector Energía y Minas, concretamente el referido al giro de la explotación petrolera, atraviesa en estos momentos uno de sus peores momentos como consecuencia de una política errática de gobierno, la inexistencia de normas legales que promuevan mayor inversión y una oposición irracional ante el desarrollo, lo cual solo viene agudizando la crisis y nos pasará factura en breve con consecuencias funestas para la economía nacional.

Estas son algunas de las conclusiones esgrimidas por Carlos Gonzales Ávila, Gerente de Enerconsult S.A., empresa especializada en asesoría en negociación y administración de contratos petroleros. Según el especialista, el año 2021 cerró con cifras realmente preocupantes: solo 25 contratos de explotación que producen 38 mil barriles diarios de petróleo frente a una demanda diaria de 250 mil, seis de siete contratos que se encuentran en fuerza mayor y solo un pozo exploratorio, entre otros nefastos indicadores.

En nuestro país, revela Gonzales Ávila, desde al año 2003 no se aprueban normas legales que promuevan la inversión petrolera, inclusive los años 2005 y 2010 el Ejecutivo denegó la aprobación a un proyecto de ley para exploración de horizontes profundos y otro proyecto para modificar la Ley de Reservas Marginales, respectivamente, mientras continuamos con 5000 pozos cerrados todavía con petróleo.

El titular de Enerconsult S.A. advierte que, hace solo un par de meses se presentó el Proyecto de Ley 804/2021 que propone homologar los plazos de explotación de petróleo y gas natural hasta en 10 años con la finalidad de que los contratos tengan un solo horizonte temporal, presentando un programa obligatorio de inversión. No obstante, esta iniciativa tampoco se aprueba hasta el momento, lo cual significaría tener que esperar hasta el año 2028, que terminan los actuales contratos, para recién poder invertir en el marco de nuevos convenios.

Señala que, sin mayor análisis del proyecto de ley y sin alternativas para incentivar la inversión petrolera, sus opositores vienen emitiendo opiniones sin mayores argumentos, sosteniendo que se trata de una reprivatización de los lotes, cuando lo único que se propone es la extensión del plazo de explotación a cambio de inversiones garantizadas, seguras. Cita el caso del Gas de Camisea, sobre el cual enfiló sus baterías el actual gobierno, cuando esta empresa cuenta con un plazo especial de 40 años al término de los cuales cesarán indefectiblemente sus operaciones.

“Reclaman que el proyecto deja fuera a Petroperú” -refiere Gonzales- cuando esta empresa estatal puede solicitar a Perupetro su calificación para asumir nuevos lotes petroleros e incluso adjudicarse los lotes ofreciendo proyectos de inversión superiores a los ofrecidos por los contratistas y obtener así la extensión de 10 años para la explotación petrolera”.

Rememora también que, cuando el precio del crudo estaba por encima de los 100 US$ por barril (año 2014) Petroperú manifestó su desinterés en los lotes marginales de Talara. Lo que deberían advertir los defensores de Petroperú es el riesgo que representa para la refinería el proyecto de reconfiguración de los lotes próximos a vencer, que viene impulsando Perupetro.

“La crisis del sector no repercute en gran manera aún debido la caída de la cotización del petróleo como consecuencia de la pandemia, pero, una vez que se recupere la demanda y el precio del crudo se normalice, las cifras de nuestra balanza comercial arrojarán índices realmente alarmantes”, refiere Carlos Gonzales, recalcando que, tratándose de un país en gran medida importador de petróleo, si nuestra balanza comercial de hidrocarburos aún no refleja cifras realmente dramáticas, es solo debido al estado temporal de los costos internacionales del hidrocarburo.