Estos problemas golpean directamente los precios de los alimentos, el trabajo diario y la tranquilidad de las familias peruanas.

El nuevo Congreso quedó conformado sin que ningún bloque político alcance la mayoría absoluta, lo que pone como prioridad de las autoridades construir consensos para que el país pueda avanzar. Para el ciudadano de a pie, los efectos de El Niño y la inseguridad podrían tener mayor impacto si las soluciones se quedan atrapadas en disputas políticas. El fenómeno climático tiene un pronóstico más severo que el de 1997, golpeando la agricultura y las zonas mineras, es decir, las actividades que sostienen buena parte de la economía familiar.

Frente a este escenario, el analista político César Campos advirtió que «el gobierno próximo debe procurar el consenso con las fuerzas políticas para enfrentar de una manera sensata, y no ideologizada, estos desafíos». Para las familias que ya sienten el impacto de la inflación en sus bolsillos, esa capacidad de acuerdo entre autoridades no es un tema de escritorio, sino algo que puede definir si los alimentos siguen subiendo de precio o si el país logra amortiguar el golpe a tiempo.

A la par, la inseguridad ciudadana sigue siendo una amenaza cotidiana para miles de familias y pequeños negocios que ven cómo el temor a ser víctimas de un delito condiciona sus actividades. El sociólogo Edison Torres fue enfático al señalar que «si no hay seguridad ciudadana, lo demás que se quiere hacer va a caer en saco roto», una alerta que resume por qué ninguna otra medida tendrá sentido si el ciudadano de a pie sigue sintiéndose desprotegido. Por ello, más allá de las disputas políticas, la urgencia de estos dos frentes exige que las autoridades prioricen el consenso como la única manera de que las medidas frente a El Niño y la inseguridad lleguen a tiempo a quienes más las necesitan.

Fuente: Gestión, El Tiempo

El PNUD advierte que más del 70% de la población percibe que los gobiernos responden a intereses particulares, una desconfianza que en el Perú se agrava por la fragmentación política y la alta inestabilidad presidencial.

La democracia en América Latina y el Caribe se ha consolidado como la forma de gobierno predominante durante las últimas cuatro décadas. Sin embargo, el principal desafío ya no es celebrar elecciones, sino lograr que las instituciones respondan a las necesidades de la población. Así lo indicó un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). «Menos de la mitad de la población se declara satisfecha con el funcionamiento de la democracia y más del 70% percibe que los gobiernos responden a intereses particulares», explicó Michelle Muschett, subsecretaria general y directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD.

En esa línea, el informe advierte que, en el caso del Perú, la fragmentación política debilita la gobernabilidad, dificulta la construcción de consensos y se refleja en la alta inestabilidad presidencial y en los bajos niveles de confianza hacia los partidos políticos. «La estabilidad electoral no siempre se ha traducido en sistemas capaces de responder de manera efectiva a las expectativas de la ciudadanía», señala el documento.

Como parte de las propuestas para fortalecer la democracia, el PNUD plantea reforzar los partidos políticos, garantizar procesos electorales confiables, reducir la influencia del poder económico en las decisiones públicas y fortalecer el papel de los organismos autónomos en la resolución de conflictos. También sostiene que estas medidas deben ir acompañadas de un Estado capaz de brindar seguridad, justicia y oportunidades para la población. «Las democracias que no logran responder a las demandas sociales corren el riesgo de perder la confianza depositada en ellas, mientras que las sociedades marcadas por la desigualdad y con oportunidades limitadas enfrentan mayores dificultades para mantener instituciones democráticas sólidas», añadió Alexander De Croo, administrador del PNUD.

El informe concluye que la ciudadanía tiene un rol decisivo en este proceso, más allá de su participación en las elecciones. «El principal riesgo no es necesariamente la desaparición de la democracia, sino su vaciamiento: la consolidación de sistemas electorales que mantienen ciertos rasgos democráticos formales, pero que pierden progresivamente su capacidad para procesar pacíficamente los conflictos y generar resultados en materia de desarrollo», destacó el documento.

Fuente: InfoActiva