El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, respaldó públicamente el proyecto de ley que propone eximir de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando empleen sus armas de manera legítima en defensa del orden constitucional. El anuncio se realizó tras un homenaje en el Parlamento a ambas instituciones por su actuación durante los hechos del 7 de diciembre de 2022, una fecha clave en la reciente crisis política del país.

Según Rospigliosi, el Perú tiene una deuda pendiente con las fuerzas del orden, a las que atribuyó un rol determinante en la preservación de la democracia frente a lo que describió como “intentos de instaurar una dictadura”. Durante su intervención, afirmó que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estuvieron del lado del Perú, del lado de los derechos humanos… y salvaron al país”, enfatizando que el reconocimiento debe ir acompañado de herramientas legales que los protejan en situaciones de violencia extrema.

El proyecto de ley, presentado en octubre, plantea que los agentes que hagan uso legítimo de sus armas para repeler actos violentos —como ataques a aeropuertos, carreteras, comisarías o infraestructura pública y privada— no enfrenten responsabilidad penal. Esto se enmarca en el concepto de “uso legítimo de la fuerza”, un término frecuente en estándares internacionales y que el Legislativo busca adecuar al contexto peruano.

Proyecto de Fernando Rospigliosi alcanzaría a hechos registrados durante las manifestaciones sociales del 2022-2023

Una de las disposiciones más controversiales del texto legislativo es la cláusula transitoria que extendería esta protección legal a los hechos ocurridos en 2022 y 2023. Este periodo coincide con las protestas y disturbios que dejaron decenas de fallecidos y cientos de heridos, actualmente materia de investigaciones fiscales. El alcance retroactivo del proyecto ha generado amplio debate entre organizaciones de derechos humanos, especialistas en derecho penal y sectores políticos que cuestionan un posible escenario de impunidad.

Rospigliosi fue tajante al calificar las investigaciones fiscales como una “persecución política” contra policías y militares. Afirmó que existen más de 1.300 agentes investigados o procesados por su actuación durante las protestas, señalando que muchos de ellos fueron citados inicialmente como testigos para luego ser identificados como presuntos responsables. “No puede ser que aquellos que defendieron el orden constitucional sean hoy perseguidos por la fiscalía”, afirmó con tono crítico.

Fernando Rospigliosi saludó iniciativa de Tomás Gálvez de desactivar a los Equipos Especiales de la Fiscalía

El presidente del Congreso también respaldó la anunciada desactivación de equipos especiales de investigación del Ministerio Público, apuntando específicamente contra el Eficavip, una unidad conformada por más de 70 fiscales y funcionarios dedicados —según mencionó— a investigar exclusivamente a policías y militares. Rospigliosi cuestionó que mientras esta unidad concentra esfuerzos en indagar el comportamiento de las fuerzas del orden, “los que provocaron los disturbios no son perseguidos por nadie”. La propuesta, a su juicio, busca equilibrar los recursos institucionales en materia de seguridad y justicia.

En otro momento, el congresista se refirió a la posición de algunos candidatos presidenciales que han planteado eventuales indultos o beneficios legales para expresidentes cuestionados, entre ellos Pedro Castillo. Aunque evitó mencionar nombres concretos, reiteró su rechazo a cualquier iniciativa que “normalice la impunidad” en casos de alta relevancia política.

Respecto a la ruta legislativa del proyecto, Rospigliosi señaló que la segunda votación podría realizarse el 18 de diciembre, aunque aclaró que dependerá de la agenda parlamentaria y la disponibilidad de los congresistas. Si bien no confirmó una fecha definitiva, anticipó que existe la intención política de avanzar con el debate antes de finalizar el año.

El proyecto de ley cuenta con respaldo en diversos sectores del Congreso que consideran necesario actualizar el marco normativo sobre el uso legítimo de la fuerza en contextos de violencia generalizada. Para sus defensores, se trata de una herramienta que brinda seguridad jurídica a quienes arriesgan sus vidas en defensa del país. Para sus críticos, abre la puerta a la impunidad y limita el proceso de esclarecimiento sobre los hechos de 2022 y 2023.