Política
Fernando Rospigliosi propone eximir de responsabilidad penal a militares y a la PNP por caso protestas
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, respaldó públicamente el proyecto de ley que propone eximir de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando empleen sus armas de manera legítima en defensa del orden constitucional. El anuncio se realizó tras un homenaje en el Parlamento a ambas instituciones por su actuación durante los hechos del 7 de diciembre de 2022, una fecha clave en la reciente crisis política del país.
Según Rospigliosi, el Perú tiene una deuda pendiente con las fuerzas del orden, a las que atribuyó un rol determinante en la preservación de la democracia frente a lo que describió como “intentos de instaurar una dictadura”. Durante su intervención, afirmó que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estuvieron del lado del Perú, del lado de los derechos humanos… y salvaron al país”, enfatizando que el reconocimiento debe ir acompañado de herramientas legales que los protejan en situaciones de violencia extrema.
El proyecto de ley, presentado en octubre, plantea que los agentes que hagan uso legítimo de sus armas para repeler actos violentos —como ataques a aeropuertos, carreteras, comisarías o infraestructura pública y privada— no enfrenten responsabilidad penal. Esto se enmarca en el concepto de “uso legítimo de la fuerza”, un término frecuente en estándares internacionales y que el Legislativo busca adecuar al contexto peruano.

Proyecto de Fernando Rospigliosi alcanzaría a hechos registrados durante las manifestaciones sociales del 2022-2023
Una de las disposiciones más controversiales del texto legislativo es la cláusula transitoria que extendería esta protección legal a los hechos ocurridos en 2022 y 2023. Este periodo coincide con las protestas y disturbios que dejaron decenas de fallecidos y cientos de heridos, actualmente materia de investigaciones fiscales. El alcance retroactivo del proyecto ha generado amplio debate entre organizaciones de derechos humanos, especialistas en derecho penal y sectores políticos que cuestionan un posible escenario de impunidad.
Rospigliosi fue tajante al calificar las investigaciones fiscales como una “persecución política” contra policías y militares. Afirmó que existen más de 1.300 agentes investigados o procesados por su actuación durante las protestas, señalando que muchos de ellos fueron citados inicialmente como testigos para luego ser identificados como presuntos responsables. “No puede ser que aquellos que defendieron el orden constitucional sean hoy perseguidos por la fiscalía”, afirmó con tono crítico.
Fernando Rospigliosi saludó iniciativa de Tomás Gálvez de desactivar a los Equipos Especiales de la Fiscalía
El presidente del Congreso también respaldó la anunciada desactivación de equipos especiales de investigación del Ministerio Público, apuntando específicamente contra el Eficavip, una unidad conformada por más de 70 fiscales y funcionarios dedicados —según mencionó— a investigar exclusivamente a policías y militares. Rospigliosi cuestionó que mientras esta unidad concentra esfuerzos en indagar el comportamiento de las fuerzas del orden, “los que provocaron los disturbios no son perseguidos por nadie”. La propuesta, a su juicio, busca equilibrar los recursos institucionales en materia de seguridad y justicia.
En otro momento, el congresista se refirió a la posición de algunos candidatos presidenciales que han planteado eventuales indultos o beneficios legales para expresidentes cuestionados, entre ellos Pedro Castillo. Aunque evitó mencionar nombres concretos, reiteró su rechazo a cualquier iniciativa que “normalice la impunidad” en casos de alta relevancia política.
Respecto a la ruta legislativa del proyecto, Rospigliosi señaló que la segunda votación podría realizarse el 18 de diciembre, aunque aclaró que dependerá de la agenda parlamentaria y la disponibilidad de los congresistas. Si bien no confirmó una fecha definitiva, anticipó que existe la intención política de avanzar con el debate antes de finalizar el año.
El proyecto de ley cuenta con respaldo en diversos sectores del Congreso que consideran necesario actualizar el marco normativo sobre el uso legítimo de la fuerza en contextos de violencia generalizada. Para sus defensores, se trata de una herramienta que brinda seguridad jurídica a quienes arriesgan sus vidas en defensa del país. Para sus críticos, abre la puerta a la impunidad y limita el proceso de esclarecimiento sobre los hechos de 2022 y 2023.
Política
Fujimori llama «perros» a la oposición: Presidenta ya no solo amenaza, sino insulta
Senador Iber Maraví cuestionó que el ministro César Astudillo interrumpiera a Ruth Luque durante la sesión.
Humberto Morales denunció el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación
La presidenta Keiko Fujimori desató una nueva controversia política al utilizar la expresión «los perros ladran» durante un pronunciamiento sobre el enfrentamiento ocurrido en el Senado. La mandataria, rodeada de altos mandos militares durante una actividad en el Cuartel General del Ejército, expresó su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, y declaró: «Ministro, los perros ladran. Esa es una señal de que estamos avanzando».
Sus palabras fueron interpretadas como una descalificación de quienes cuestionan al Gobierno. Fujimori aseguró que Astudillo había sido agredido verbalmente durante la sesión de la Comisión de Constitución y le expresó su «total respaldo y gratitud» por su valentía. Sin embargo, la presidenta no identificó las expresiones que consideraba ofensivas ni respondió a las observaciones sobre la reforma policial que habían originado la discusión. Su pronunciamiento trasladó la controversia parlamentaria al escenario presidencial. El incidente comenzó cuando la senadora Ruth Luque cuestionó al ministro del Interior por no abordar una reforma profunda de la Policía Nacional. Astudillo reaccionó ante sus expresiones y se produjo un intercambio verbal en el que intervino Iber Maraví, de Juntos por el Perú, quien reclamó respeto al turno de palabra de la legisladora. La discusión escaló con la participación de otros parlamentarios y obligó a suspender temporalmente la sesión. Posteriormente, el senador Calisto Giampietri, de Renovación Popular, encaró a Maraví durante el enfrentamiento.
El representante de Juntos por el Perú denunció que Giampietri se aproximó de manera intimidatoria y lo desafió a resolver sus diferencias fuera del Congreso. El propio Giampietri reconoció haber planteado continuar la discusión afuera, aunque afirmó que intervino para defender a dos senadoras. El episodio dio lugar a acusaciones cruzadas sobre amenazas, agresiones verbales y conductas impropias de representantes políticos. El exparlamentario Humberto Morales denunció lo que denominó el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación. Iber Maraví también cuestionó lo que describió como el verdadero rostro autoritario del fujimorismo, al que acusó de utilizar una apariencia democrática para conseguir las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.
Ambas declaraciones expresan el rechazo de estos dirigentes al comportamiento de los representantes del Gobierno durante el incidente. Las críticas se extendieron a otros sectores políticos. Raúl Noblecilla calificó a Giampietri de «bravucón y cobarde» y denunció actitudes de autoritarismo y desprecio hacia la ciudadanía. Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres cuestionó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados, a quienes acusó de actuar con prepotencia y de contribuir al deterioro político del país. Las expresiones reflejaron la intensidad del enfrentamiento entre el oficialismo y sus adversarios.
La controversia ocurre mientras el Senado evalúa las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño. Durante su discurso, Fujimori también contrapuso a quienes respaldan a las Fuerzas Armadas con organizaciones como Sendero Luminoso y el Movadef, en un llamado a definir posiciones frente a la violencia. La discusión deja abiertas dos cuestiones: el alcance de las atribuciones que recibirá el Gobierno y el respeto a la discrepancia política durante su debate parlamentario.
OPOSICIÓN DENUNCIA AUTORITARISMO Y RECHAZA INTIMIDACIONES EN EL SENADO
El enfrentamiento registrado durante la sesión de la Comisión de Constitución provocó una serie de pronunciamientos de dirigentes vinculados a la izquierda, quienes acusaron al fujimorismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia frente a los cuestionamientos políticos. Humberto Morales denunció lo que calificó como el «ADN dictatorial del fujimorismo», mientras Iber Maraví sostuvo que los incidentes habían dejado al descubierto una actitud que, a su juicio, contradice el discurso democrático del oficialismo. Maraví rechazó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados y afirmó que no se dejaría intimidar. El senador cuestionó que el enfrentamiento se produjera precisamente durante la discusión de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Por su parte, Raúl Noblecilla acusó a Giampietri de actuar con arrogancia y prepotencia, mientras Aníbal Torres cuestionó a quienes, según expresó, exhiben actitudes confrontacionales frente a sus adversarios políticos. Las declaraciones de los dirigentes opositores coincidieron en cuestionar el trato recibido por los parlamentarios críticos del Gobierno y en rechazar las conductas que consideran intimidatorias. El episodio profundizó las discrepancias sobre el pedido de facultades legislativas y abrió una controversia sobre los límites del debate político, el respeto a las minorías parlamentarias y la responsabilidad de las autoridades frente a las críticas.
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Política
Taiwán conmemora su 115.º aniversario y fortalece sus vínculos con el Perú
Con motivo del 115.º aniversario de la República de China (Taiwán), que se conmemora cada 10 de octubre, la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú ofreció una recepción en Lima, a la que asistieron representantes de los ámbitos académico, político y empresarial, miembros del cuerpo diplomático, periodistas, representantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la comunidad taiwanesa residente en el país.
Durante la recepción, Gustavo Chao-Jui Lu, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú, dio la bienvenida a los invitados y destacó los estrechos vínculos de amistad y cooperación que unen a Taiwán y al Perú.
En su discurso, Lu resaltó el liderazgo mundial de Taiwán en los sectores de los semiconductores y las tecnologías de inteligencia artificial, así como su firmeza para afrontar los desafíos globales y regionales y su voluntad de contribuir a la comunidad internacional. En este contexto, señaló que el Perú y Taiwán comparten valores fundamentales, como la libertad, la democracia y el Estado de derecho, y cuentan con economías complementarias y vínculos comerciales en constante crecimiento.
Asimismo, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo los intercambios y la cooperación bilateral en diversos ámbitos, así como los lazos de amistad construidos a lo largo de los años entre los pueblos de Taiwán y el Perú. También destacó la contribución de la comunidad taiwanesa al desarrollo de las relaciones entre ambas partes. Finalmente, agradeció la cálida acogida recibida en el país y expresó su aprecio por la oportunidad de conocer y disfrutar de las danzas, la cultura y la reconocida gastronomía peruanas.
La ceremonia contó, además, con la presencia de Raúl Diez Canseco, exvicepresidente de la República y fundador presidente de la Corporación Educativa USIL, y de Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, quienes también dirigieron unas palabras a los asistentes.
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