El expresidente Evo Morales está acorralado. La Fiscalía de Bolivia emitió una nueva orden de arresto en su contra y solicitó su detención preventiva por seis meses en el marco de una investigación por el delito de trata agravada de personas en un caso por presunto abuso en agravio de una menor cuando era mandatario en 2016.

El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, confirmó la medida excepcional de prisión preventiva. Horas antes, la fiscal asignada al caso, Sandra Gutiérrez, anunció la imputación formal contra Morales, la activación de una alerta migratoria y la emisión de la orden de captura. Sin embargo, la orden no pudo ser ejecutada debido a los bloqueos de los seguidores de Evo.

“Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal guerra jurídica (lawfare) ejecutada por el gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EE. UU”, expresó ayer Evo en sus redes sociales. “Al igual que muchos presidentes izquierdistas de América Latina, se inventan delitos en mi contra. El Gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares, que no solo buscan eliminarme política y moralmente, sino físicamente. Por eso intentaron envenenarme y matarme”, aseveró.

Desde que la fiscalía abrió la investigación en septiembre, Morales se atrincheró en la provincia de Chapare, donde vive en la sede de los sindicatos cocaleros protegido por tres cordones de seguridad. “Acá no hay nada político. El señor Morales embarazó a una menor de 15 años en 2016, quien dio a luz una niña”, dijo la fiscal.

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