En el documento presentado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Sánchez señala que Zoraida Ávalos presuntamente cometió cinco infracciones administrativas que afectaron la investigación sobre corrupción judicial.

La exfiscal del equipo especial del caso Los Cuellos Blancos, Rocío Sánchez, acusa a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de haber adoptado decisiones que afectaron gravemente el curso de las investigaciones sobre la red de corrupción en el Poder Judicial.

En la queja presentada ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) —documento al que tuvo acceso La República—, en la que solicita no solo procesar a Zoraida Ávalos, sino también la suspensión de sus funciones como medida cautelar, la fiscal Sánchez acredita cinco hechos que sustentarían la denuncia interpuesta.

Como primer hecho, Sánchez indica que Ávalos ordenó que las grabaciones de las escuchas telefónicas del caso Los Cuellos Blancos, que efectúa el equipo Constelación de la Dirección Antidrogas (Dirandro), se entreguen a un fiscal diferente al autorizado por el Poder Judicial.

También señala como segundo hecho que la fiscal de la Nación ordenó que el equipo del Segundo Despacho de la Fiscalía Spraprovincial Corporativa contra el Crimen Organizado del Callao, que se encontraba en la avenida Abancay, se mudara a un edificio de la avenida César Vallejo, en Lince, desprovisto de medidas de seguridad y custodia.

El tercer hecho descrito por la exfiscal del caso Los Cuellos Blancos, es el nombramiento por parte de Ávalos de la hija de María Zavala Valladares —relacionada con exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y con dirigentes de Fuerza Popular— “en una fiscalía clave en la investigación por delitos contra el crimen organizado”.

Como cuarto hecho, Rocío Sánchez atribuye a Ávalos haber pronunciado frases insultantes y amenazantes contra un fiscal de menor rango para desacreditarlo y apartarlo de sus funciones sin haber evidenciado supuestos actos ilícitos.

Por último, Rocío Sánchez señala en el documento que Zoraida Ávalos obstruyó una investigación sobre supuestos actos indebidos durante su nombramiento como Fiscal Suprema.

“La permanencia de la Fiscal Zoraida Avalos como máximo representante de la Fiscalía de la Nación significa un riesgo para el desarrollo de las investigaciones emblemáticas”, arguye la fiscal Sánchez. “Ello porque a pesar de las probadas omisiones y conflictos entre el Equipo Lava Jato y el Fiscal Jesús Eliseo Fernández Alarcón, no lo ha removido del cargo. Los actos de omisión funcional son reiterativos y evidencian vínculos para ocultar el cuestionado nombramiento como Fiscal Suprema”, agrega.

Fuentes del Ministerio Público señalaron a La República que la queja interpuesta por Rocío Sánchez ante la JNJ se trataría de una represalia en agravio de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por haber apartado a la mencionada autoridad del caso Los Cuellos Blancos y la denuncia que se le interpuso por favorecer a un investigado.

El 21 de febrero de este año, la nueva fiscal del equipo especial del caso Los Cuellos Blancos, Roxana Jáuregui, denunció a Rocío Sánchez por supuestamente haber solicitado y conseguido el descongelamiento de fondos pertenecientes al empresario Antonio Camayo, una de las figuras claves del caso.

Luego, el 24 de febrero, la fiscal de la Nación apartó del caso a las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro luego de revelarse que ambas se reunieron con el expresidente Martín Vizcarra, en 2018.

Por: María Elena Hidalgo