Arbizu y Gamarra acusan colusión y negociación incompatible por nueve convenios por S/97,5 millones; el fiscal Raúl Rivera definirá si abre investigación preliminar.

¿Quién y qué? La Fiscalía Anticorrupción evalúa la denuncia presentada por los abogados Julio Arbizu y Ronald Gamarra contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por la contratación reiterada del estudio estadounidense Boies Schiller Flexner (BSF), representado por Martín De Luca. ¿Cuándo y dónde? El caso ingresó a despacho fiscal en Lima y quedó a cargo del fiscal provincial Raúl Rivera Navarro. ¿Por qué y cómo? Los denunciantes sostienen que hubo contratación directa y sostenida por S/97,5 millones para litigar en EE. UU. y Francia por los peajes de Rutas de Lima y Línea Amarilla, mientras De Luca participaba en actos públicos y mensajes políticos a favor del alcalde.

Antecedentes y contexto

Entre enero de 2024 y marzo de 2025, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) suscribió nueve contratos por S/97,5 millones con BSF para intentar anular concesiones vinculadas a Rutas de Lima (Brookfield) y Línea Amarilla/Lamsac (Vinci Highways).

En el frente judicial internacional, la MML acumuló reveses: el 24 de junio de 2025, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó la validez de laudos a favor de Rutas de Lima por más de US$200 millones; además, tribunales estadounidenses negaron solicitudes de anulación y advirtieron a la comuna sobre su estrategia litigiosa.

Declaraciones y posturas

Arbizu afirmó que casi el 83% del presupuesto municipal para servicios legales se destinó a una sola firma extranjera, lo que a su juicio configura un patrón de contrataciones a revisar. Gamarra cofirmó la denuncia. Ambos piden indagar si la relación personal entre De Luca y el alcalde pudo incidir en la selección del proveedor.

Desde la sociedad civil, el director de Proética, José Luis Gargurevich, remarcó que proveedores del Estado deben guardar neutralidad política y distinguir sus obligaciones contractuales de simpatías personales, para evitar desvío de recursos a propaganda.

El director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, consideró que la Fiscalía debe examinar si hubo conflicto de interés y clarificar si el abogado actuó por la municipalidad o por el alcalde, dado el uso de fondos públicos. ([La República][1])

La República informó que solicitó descargos a BSF, sin obtener respuesta al cierre de su nota.

Hechos recientes y actividad proselitista

El 4 de octubre, López Aliaga encabezó en Lima un homenaje al activista estadounidense Charlie Kirk. De Luca participó y publicó mensajes en “X” agradeciendo al alcalde y a la MML; días después, difundió comentarios en defensa de la gestión y alentó una eventual candidatura presidencial del burgomaestre. Estos actos no figuran como parte de los servicios contratados en los nueve convenios con la MML.

Cifras, documentos y decisiones judiciales

• 9 contratos con BSF por S/97,5 millones (ene. 2024–mar. 2025), con el objetivo de cuestionar concesiones de peajes ante foros de EE. UU. y Francia.
• US$200 millones: monto que la MML debe pagar a Rutas de Lima tras confirmarse laudos en tribunales de EE. UU. (fallo del 24 de junio de 2025).
• Órdenes y opiniones de cortes de EE. UU. rechazaron intentos municipales de revertir laudos y solicitudes de auxilio judicial.

Implicancias políticas y económicas

Para la MML, el frente judicial adverso expone riesgos financieros inmediatos y condiciona la estrategia respecto a concesiones viales y relación con concesionarias. La arista penal abre la posibilidad de revisar el proceso de selección de estudios legales y si hubo afectación al principio de neutralidad del gasto público por eventual proselitismo del proveedor.

Próximas acciones y escenarios

El fiscal Raúl Rivera deberá determinar si los hechos ameritan diligencias preliminares por colusión y negociación incompatible, requerir documentación contractual, pedidos de informes a la MML y tomar declaraciones a los involucrados, incluyendo a De Luca y funcionarios firmantes. De abrirse pesquisa, la Fiscalía podría solicitar medidas para preservar evidencia y trazar responsabilidades administrativas y penales.

Panorama

La indagación fiscal delimitará si las contrataciones con BSF respondieron al interés público de la MML o si derivaron en un conflicto de interés por la participación política de su representante. Mientras tanto, los fallos internacionales vigentes obligan a la comuna a gestionar sus contingencias económicas en el caso de peajes.