El caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción dentro del sistema de justicia peruano, ingresó a una etapa decisiva. El Ministerio Público presentó una acusación formal contra el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi y otros exintegrantes del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), solicitando severas condenas por presuntos delitos vinculados a una organización criminal que habría operado dentro de las más altas esferas judiciales del país.

La acusación fue presentada por la fiscal suprema provisional Lourdes Téllez Pérez, representante de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. El requerimiento plantea una pena de 35 años de prisión para César Hinostroza, considerado uno de los principales protagonistas de la presunta red de corrupción que salió a la luz tras la difusión de audios que comprometieron a magistrados, fiscales y miembros del entonces CNM.

Según la tesis fiscal, Hinostroza habría participado en diversos actos ilícitos relacionados con delitos de organización criminal, cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado. La acusación se sustenta en siete hechos específicos que, de acuerdo con las investigaciones, evidenciarían la existencia de una estructura organizada destinada a influir en decisiones judiciales y nombramientos dentro del sistema de justicia.

La Fiscalía sostiene que estas acciones habrían afectado gravemente la institucionalidad del país y la confianza ciudadana en las entidades encargadas de administrar justicia. Por ello, considera que la gravedad de los hechos amerita una de las máximas sanciones previstas por la legislación penal peruana.

El requerimiento fiscal también alcanza a dos exintegrantes del extinto Consejo Nacional de la Magistratura: Iván Noguera y Guido Águila. Para ambos, el Ministerio Público ha solicitado igualmente una condena de 35 años de prisión al atribuirles presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado.

De acuerdo con la acusación, los exconsejeros habrían participado en diversas acciones destinadas a favorecer intereses particulares mediante el uso indebido de sus cargos, afectando la transparencia de los procesos de selección y ratificación de magistrados.

Otro de los investigados es Orlando Velásquez, también exmiembro del desaparecido CNM. En su caso, la Fiscalía solicita una pena de 12 años y ocho meses de prisión por el presunto delito de organización criminal. La diferencia en la solicitud de condena responde al grado de participación que le atribuyen las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público.

La acusación fue remitida al despacho del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien deberá conducir la denominada etapa intermedia del proceso. Durante esta fase se analizarán los argumentos de la Fiscalía y las observaciones que puedan presentar las defensas de los acusados.

El magistrado tendrá la responsabilidad de determinar si la acusación cumple con los requisitos legales para ser admitida y, posteriormente, decidir si el caso pasa a juicio oral. De concretarse este escenario, los principales implicados enfrentarán un proceso judicial en el que se evaluarán las pruebas recopiladas durante varios años de investigación.

Uno de los aspectos que continúa marcando el desarrollo del caso es la situación de César Hinostroza e Iván Noguera, quienes actualmente se encuentran fuera del país. Ambos registran órdenes de prisión preventiva emitidas por la justicia peruana y son objeto de procesos de extradición internacional.

En el caso de Hinostroza, el procedimiento se sigue ante las autoridades del Reino de Bélgica, país donde permanece desde que abandonó el Perú en medio de las investigaciones. Por su parte, Iván Noguera enfrenta un proceso similar en Italia.