Los integrantes del primer gabinete ministerial de la presidenta Keiko Fujimori presentaron oficialmente sus declaraciones juradas de intereses y hojas de vida, documentos obligatorios para asumir funciones públicas. Según la información presentada por Canal N, varios ministros informaron que afrontan investigaciones fiscales, procesos judiciales o acusaciones constitucionales, situación que ha generado atención debido al inicio de la nueva administración.

La información consignada forma parte de los requisitos de transparencia establecidos para quienes integran el Poder Ejecutivo. En ella, cada funcionario debe declarar si mantiene investigaciones o procedimientos legales, independientemente de la etapa en la que se encuentren o de que exista una sentencia firme.

Uno de los casos más relevantes corresponde al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien informó que registra diversas investigaciones relacionadas con presuntos delitos como lavado de activos, abuso de autoridad, organización criminal y financiamiento a organizaciones políticas, entre otros. La declaración no implica responsabilidad penal, sino que deja constancia de la existencia de procesos o investigaciones en trámite, conforme a las normas de transparencia.

Otro integrante del gabinete que consignó investigaciones es el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. En su declaración señaló que afronta una investigación por presuntos delitos contra la administración pública, vinculados a los tipos penales de concusión y colusión en perjuicio del Estado. Al igual que en los demás casos, el registro responde a la obligación legal de informar sobre procedimientos abiertos.

En el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el titular Mauricio Arnillas también reportó antecedentes judiciales. Según su hoja de vida, fue investigado por un caso de lesiones culposas, proceso que concluyó con una condena suspendida. Posteriormente, indicó haber sido rehabilitado, situación que también quedó consignada en la documentación presentada al Ejecutivo.

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, declaró que mantiene investigaciones por el presunto delito de peculado. El documento presentado no detalla el estado procesal de dichas investigaciones, aunque su inclusión responde al deber de informar cualquier procedimiento legal vigente al momento de asumir el cargo.

Uno de los funcionarios con mayor número de investigaciones registradas es el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, quien informó la existencia de diez investigaciones en trámite. Sin embargo, en la declaración jurada no se especifica la naturaleza de cada uno de estos procesos ni los presuntos delitos materia de investigación.

En el sector Justicia y Derechos Humanos, el ministro Ernesto Álvarez declaró que pesa sobre él una acusación constitucional. No obstante, el documento no precisa el motivo ni el presunto delito relacionado con dicho procedimiento, limitándose a informar la existencia del proceso conforme a las exigencias de la normativa vigente.

Asimismo, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, consignó investigaciones vinculadas a presuntos delitos de colusión agravada, lavado de activos y cohecho pasivo. En la información presentada tampoco se detalla si estos procesos permanecen activos o si alguno de ellos fue archivado por las autoridades competentes.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, aseguró que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori todavía no ha adoptado una decisión respecto a una posible reducción o incremento de los feriados nacionales. El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) precisó que el Ejecutivo se encuentra en una etapa de evaluación técnica y que cualquier modificación al calendario laboral dependerá de un análisis previo sobre su impacto económico y social.

Las declaraciones del ministro se producen luego de que en los últimos días circulara un documento atribuido al MTPE que hacía referencia a una eventual revisión del régimen de feriados como parte de las reformas planteadas por el Ejecutivo. La difusión del texto generó preocupación entre trabajadores, empresarios y representantes del sector turismo, quienes interpretaron que el Gobierno ya había decidido eliminar algunos días no laborables.

Sin embargo, Sheput descartó esa versión y explicó que el documento difundido corresponde únicamente a un borrador preliminar utilizado durante las primeras discusiones técnicas y que no representa una decisión oficial del Consejo de Ministros ni una propuesta definitiva del Poder Ejecutivo.

Gobierno aclara que aún no existe una decisión oficial

Durante una entrevista concedida a RPP, el ministro enfatizó que el Ejecutivo todavía no ha definido si mantendrá, reducirá o incrementará el número de feriados nacionales vigentes.

Según explicó, el objetivo del Gobierno es desarrollar primero una evaluación integral que permita conocer los efectos reales que tiene el actual calendario de días no laborables sobre la economía peruana.

“No se van a aumentar ni disminuir los feriados; primero evaluaremos el impacto”, manifestó Sheput al precisar que todavía no existe una propuesta concreta para modificar el régimen vigente.

Con esta aclaración, el Gobierno busca frenar las especulaciones que surgieron tras conocerse el contenido del proyecto de delegación de facultades legislativas presentado recientemente al Congreso de la República.

El proyecto de facultades abrió el debate

La controversia comenzó luego de que el Ejecutivo incluyera dentro de su solicitud de facultades legislativas la posibilidad de revisar el régimen de feriados nacionales como parte de un paquete de medidas orientadas a fortalecer la competitividad económica del país.

Esa referencia fue interpretada por diversos sectores como el anuncio de una próxima reducción del número de feriados, generando un amplio debate sobre sus posibles efectos en la productividad, el empleo y el turismo interno.

No obstante, Sheput aclaró que la inclusión de ese tema dentro del proyecto no implica que el Gobierno haya tomado una decisión definitiva, sino que abre la posibilidad de analizar alternativas basadas en evidencia técnica.

Evaluarán el impacto económico y social

El titular del MTPE explicó que antes de impulsar cualquier modificación será necesario recopilar información y sostener reuniones con los diferentes actores involucrados.

Entre ellos figuran representantes de los trabajadores, gremios empresariales, especialistas en economía, operadores turísticos y otros sectores que podrían verse afectados por un eventual cambio en el calendario laboral.

Según indicó, el propósito es determinar si los actuales feriados nacionales afectan la productividad del país o si, por el contrario, contribuyen al crecimiento de actividades económicas vinculadas al turismo, el comercio, la hotelería, el transporte y los servicios.

El ministro señaló que actualmente no existe evidencia suficiente que permita concluir cuál es el impacto real del número de días no laborables sobre la economía nacional.

Por ello, insistió en que el Gobierno actuará sobre la base de estudios técnicos y no mediante decisiones apresuradas.

Perú tiene uno de los calendarios con más feriados de la región

Actualmente, el Perú cuenta con 16 feriados nacionales establecidos por ley, lo que lo ubica entre los países con mayor cantidad de días festivos en América Latina.

A este calendario se han sumado en los últimos años diversos días no laborables decretados por el Poder Ejecutivo con el objetivo de promover el turismo interno mediante los llamados “feriados largos”.

Esta política ha permitido incentivar los viajes dentro del país y beneficiar a sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio, especialmente durante temporadas de menor actividad económica.

Sin embargo, distintos gremios empresariales han señalado en reiteradas oportunidades que el incremento de días no laborables también puede generar costos para algunas actividades productivas, especialmente en la industria y la manufactura.