Los viajes de congresistas sin explicación y con todo pagado por empresas privadas no son razonables.

Dos nuevos viajes de congresistas al extranjero pagados por empresas privadas y de utilidad no explicada han venido a sumarse a los de los seis parlamentarios recientemente invitados por la firma mexicana Digital Policy & Law Group a Shanghái, China.

Como se sabe, Karol Paredes, Silvia Monteza, Ilich López, Jorge Luis Flores (todos de Acción Popular), Kelly Portalatino (Perú Libre) y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) se trasladaron a finales del mes pasado hasta el referido país asiático para asistir a una feria tecnológica y hasta ahora no han brindado una justificación satisfactoria sobre el beneficio que su participación en ese evento ha supuesto para los ciudadanos que los eligieron, ni detalles sobre los lugares en donde se alojaron o se alimentaron (todo a cuenta de la mencionada empresa). Esto ha abierto un debate sobre la posibilidad de que tal invitación constituyera una forma de dádiva, expresamente prohibida en el artículo 7 del Código de Ética Parlamentaria.

Los viajes que ahora han cobrado notoriedad se produjeron en realidad antes que aquellos que han dado ocasión a esta controversia (tuvieron lugar entre febrero y marzo de este año), pero revisten características muy similares. En este caso, los viajeros fueron los legisladores Luis Aragón (de Acción Popular y, para más luces, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso) y Patricia Chirinos (de Avanza País y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización) y su punto de destino fue Barcelona, España, en donde se celebraba el Mobile World Congress. La invitación en esta ocasión la cursó la empresa china Huawei.

No por antiguas, entonces, estas historias dejan de preocupar. En las cartas en las que solicitaron licencia para ausentarse por varios días, Aragón y Chirinos hicieron hincapié en el hecho de que el periplo no representaría gasto alguno para el Congreso. Pero el problema no se agota ahí. Lo que hay que preguntarse es si la cita ameritaba que dejaran de cumplir con sus obligaciones legislativas por esas fechas y, sobre todo, cuál pudo ser el interés de Huawei al financiar su traslado hasta España y su alimentación y hospedaje allá.

En lo que concierne a Chirinos, no se ve un vínculo importante entre su pertenencia a la Comisión de Fiscalización y la naturaleza de la reunión. Y en lo que toca a Aragón, la situación luce más espinosa aún, pues algunas semanas antes del viaje recibió en su oficina a tres ejecutivos de Huawei y, entre mayo y junio de este año (es decir, con posterioridad al viaje), firmó varios proyectos de ley para exonerar de impuestos la importación de autos eléctricos y brindarles a otros negocios relacionados con estos artefactos determinados “incentivos tributarios”. El conflicto de intereses que la situación plantea para el todavía presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones es, pues, evidente.

No es inverosímil, por otro lado, que habida cuenta del interés que estos casos han levantado en la opinión pública en los próximos días nos enteremos de otras expediciones semejantes. El problema, pues, ha adquirido dimensiones que obligan a enfrentarlo de una manera orgánica. Esto es, a desarrollar un protocolo para cuando invitaciones de esos mismos ribetes les sean extendidas en el futuro a otros congresistas.

No más giras mágicas y misteriosas en las que no son claras las motivaciones de las empresas para pagar por ellas ni las razones de los integrantes de la representación nacional para aceptar tanta generosidad. Es previsible que cualquier medida que establezca limitaciones a la disposición viajera de los legisladores sea rechazada y cuestionada por los directamente afectados por ella, pero la presión de la opinión pública podría forzarlos a someterse a ella. Empecemos a ejercerla, en consecuencia, sin demora.

Fuente: Editorial El Comercio