El viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Paúl Caiguaray, señaló que una de las metas de su gestión para este 2024 es la publicación de políticas públicas que permitan optimizar el diálogo multiactor, la descentralización y el ordenamiento territorial.

En la entrevista brindada a Diálogos Mineros, programa virtual del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el viceministro indicó que este año, deberíamos estar cerrando con la política de diálogo.

“Este año deberíamos estar cerrando con la política de diálogo, también con la política de descentralización y la política de ordenamiento territorial porque ya desde el 2023 venimos trabajando en ello. Es un proceso un poco largo, es un proceso para el cual estamos siguiendo estrictamente la guía de Ceplan, pero consideramos que estos tres en este año debemos tenerlos”, detalló Caiguaray.

Mediante la política de diálogo se podrá fortalecer el enfoque que viene promoviendo el viceministerio de Gobernanza Territorial para construir confianza mediante el diálogo entre autoridades nacionales, regionales, locales, el sector privado, la sociedad civil y las comunidades.

“Vamos a impulsar mucho hacia adelante el ámbito de las políticas de un diálogo sincero, un diálogo confiable, un diálogo concreto, en el cual podamos nosotros recuperar la confianza de la gente. La percepción que tenemos en esta gestión es que por muchos años se ha llevado un diálogo, cómo no, pero con un alto grado de compromisos que no necesariamente han sido cumplidos. Nuestra misión era recuperar esa confianza, pero eso tenemos que hacerlo sostenible en el tiempo”, indicó el viceministro.

Diálogo para la prevención de conflictos

Según explicó, de esta manera la gestión actual apunta a desarrollar una cultura de prevención en materia de conflictos sociales y no esperar a que estalle algún problema para recién tomar acción.

Enfocados en minería, se plantea definir preventivamente los pasos a tomar para obtener, por ejemplo, la licencia social y tranquilidad de la población que permita a una empresa operar, por supuesto, en cumplimiento con la responsabilidad social y ambiental.

Además, Caiguaray resaltó que nuestro país es culturalmente diverso, la población tiene distintas cosmovisiones y esto muchas veces complica el entendimiento entre los actores involucrados. Por ello, parte de la tarea de su viceministerio, en el área de Diálogo y Gestión Social, es tener equipos desplegados no solo en la capital, sino también en las zonas de operación minera, donde realmente pueden comprender cómo viven las comunidades.

En ese sentido, el viceministro precisó que es tarea de todos lograr la licencia social para los proyectos que están en la cartera de inversión minera, que este año abarca 51 proyectos por un total que supera los 54 millones de dólares.

“Creo que ahí todos tenemos que sumar, desde el Ejecutivo, desde los gobernadores, desde los alcaldes, desde la empresa privada y desde la comunidad”, enfatizó.

“Si todos sumamos y hacemos un trabajo serio, sincero, responsable, es muy posible que en los próximos años podamos tener esa licencia social, en la cual la gente sienta que realmente con la apertura, el permiso, de alguna actividad minera te va a generar realmente el desarrollo que todos queremos para nuestros pueblos”, dijo finalmente.

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