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Hasta S/ 550 mil podrían llegar multas por uso indebido de propaganda electoral –

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Hasta S/ 550 mil podrían llegar multas por uso indebido de propaganda electoral –


De acuerdo con el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las organizaciones políticas y candidatos que incumplan las reglas sobre propaganda electoral, en el marco de las elecciones generales 2026, pueden recibir multas superiores al medio millón de soles.

Las multas van de los S/ 5.500, equivalente a 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT); de S/ 27.500, equivalente a 5 UIT; S/ 165.000, equivalente a 30 UIT y S/ 550,000 equivalente a 100 UIT, según sea la falta o infracción cometida, explicó el JNE.

Actividades permitidas

  • Colocar letreros o anuncios luminosos en locales partidarios
  • Uso de altoparlantes en locales o vehículos solo entre las 08:00 y 20:00 horas
  • Difusión en redes sociales, prensa escrita, portales web y cines
  • Colocación de carteles en predios privados con autorización escrita o en espacios públicos con permiso del órgano competente.

En radio y televisión, la propaganda solo puede emitirse mediante la franja electoral administrada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Prohibiciones principales

El representante de fiscalización del JNE, Luis Ramos, precisó que “no se puede realizar propaganda electoral en predios de dominio público o privado sin contar con la autorización correspondiente”.

Las multas de S/ 5,500 a S/ 27,500 (1 UIT a 5 UIT) se aplican cuando se incurre en infracciones graves como:

  • Difundir propaganda sonora fuera del horario permitido
  • Invocar temas religiosos en mensajes proselitistas
  • Colocar carteles o pintas en muros públicos o privados sin autorización
  • Alterar o destruir propaganda de otros candidatos

Por otro lado, las multas de S/ 165,000 a S/ 550,000 (30 a 100 UIT) se aplican cuando se incurre en infracciones muy graves como:

  • Realizar propaganda en instituciones públicas, cuarteles, colegios, iglesias o establecimientos de salud

Otros casos

El reglamento también establece supuestos en los que el JNE no fija una multa inmediata, pero sí deriva el caso a otras entidades:

  1. Hacer propaganda en bienes considerados Patrimonio Cultural de la Nación: se remite al Ministerio de Cultura y al Ministerio Público para que evalúen responsabilidades.
  2. Contratar publicidad en radio o televisión fuera de la franja electoral: se envían copias a la ONPE para que actúe conforme a sus atribuciones.

Procedimiento ante una infracción

Según explicó Ramos, “el procedimiento se inicia de oficio cuando los fiscalizadores detectan posibles infracciones y el Jurado Electoral Especial resuelve en primera instancia”. Si la organización política no está conforme con la decisión, puede apelar ante el pleno del JNE, que emite el pronunciamiento final.

Además, si no se cumple con retirar la propaganda prohibida, “se impondrá una multa que podría llegar hasta las 100 UIT y se remitirá copia al Ministerio Público”.



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Más de 200 personas acceden a trámites de DNI en Iparia

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Más de 200 personas acceden a trámites de DNI en Iparia


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El Programa PAIS y Reniec tramitan el DNI de más de 200 pobladores shipibo-konibo en Ucayali

Un total de 200 pobladores pertenecientes a comunidades nativas shipibo-konibo, en el distrito de Iparia, realizaron trámites de su Documento Nacional de Identidad (DNI) de forma gratuita durante agosto de 2026. La campaña se ejecutó en la provincia de Coronel Portillo mediante una estrategia coordinada entre el Tambo Colonia del Caco del Programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). 

Aparte de la emisión de nuevos documentos, la jornada social de tres días atendió solicitudes de cambio por caducidad, duplicado por pérdida, renovación, actualización de datos e inscripción de partidas de nacimiento. En total, las instituciones involucradas sumaron más de 400 atenciones en favor de los residentes de las localidades de Colonia del Caco, Nazareth y Amaquiria. 

¿Qué impacto económico y logístico genera la campaña en Iparia?

La intervención en el distrito de Iparia contó con el soporte técnico de la Dirección Regional de Identificación y Asistencia Social (DRIAS) de Ucayali. Esta gestión descentralizada evitó que las familias vulnerables de la cuenca fluvial gastaran recursos económicos y emplearan hasta un día entero de navegación para trasladarse hacia la ciudad de Pucallpa. 

Sobre la relevancia de la descentralización de los trámites estatales, Jaksson Villaorduña, coordinador regional del Programa PAIS en Ucayali, precisó: “A través de los Tambos y la articulación con el Reniec, garantizamos que las personas que viven en estas zonas de difícil acceso ejerzan su derecho a la identidad sin tener que salir de sus comunidades o realizar largos desplazamientos hasta la capital de la provincia para realizar los trámites del DNI”. 

¿Por qué el DNI es la puerta de entrada a los servicios básicos?

Contar con una identificación oficial constituye un requisito indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Más que un registro administrativo, el DNI facilita la inclusión social de los pobladores originarios, garantizando su incorporación en los programas del Estado, la atención en los servicios públicos de salud, el acceso a la educación formal, la inserción al empleo y la protección legal. 

¿Cuál es la cobertura del Programa PAIS en la región ucayalina?

En la región Ucayali, la infraestructura social gestionada por la entidad gubernamental dispone de seis Tambos operativos. Estas plataformas fijas conectan los servicios del Estado con más de 70 comunidades nativas de la Amazonía peruana. 

Durante el año 2026, la red de atención social ha superado las 16 000 atenciones dirigidas a personas que habitan en los sectores más alejadados del territorio regional, fortaleciendo la presencia institucional en la selva central. 



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“Santa Anita perdió más de 140 millones de soles por malas gestiones municipales”

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“Santa Anita perdió más de 140 millones de soles por malas gestiones municipales”


Ingrid Alcarraz, candidata de Juntos por el Perú para el distrito de Santa Anita, apuesta por una estrategia integral contra la delincuencia, la ampliación de vías clave para eliminar cuellos de botella y la creación de un centro de salud y bienestar animal. Como santanitense de nacimiento, empresario y ex subprefecta, conoce la realidad de su distrito y sabe cómo lograr el desarrollo, progreso y bienestar de sus vecinos.

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD BAJO CUATRO PILARES

Frente a la creciente ola de robos al paso y extorsiones que afectan a los pequeños comercios y a las líneas de transporte menor en el distrito, Alcarraz planteó un enfoque integral basado en cuatro ejes: infraestructura, tecnología, aspecto legal y prevención.

  • Prevención con deporte y salud mental: Propone recuperar espacios públicos para el desarrollo deportivo y académico de los jóvenes. Abrir en todos los sectores del distrito, academias deportivas municipales gratuitas para alejar a los niños y jóvenes de las calles. Con ello, formará también hombres y mujeres responsables, con valores, líderes y sabiendo trabajar en equipo.

Asimismo, planteó el abordaje de la salud mental mediante campañas en colegios y parques, articulando esfuerzos mediante convenios con instituciones locales como el Centro de Salud Mental Comunitario y el Hospital Hermilio Valdizán.

  • Tecnología de vanguardia: Bajo la propuesta «Santa Anita Smart», proyecta la implementación de un sistema de videovigilancia equipado con inteligencia artificial para el reconocimiento facial y de placas. Alcarraz enfatizó que este sistema operará mediante una central de monitoreo moderna integrada directamente con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía para garantizar su efectividad legal.
  • Infraestructura segura: Promete la mejora de la iluminación y la recuperación de espacios actualmente abandonados o inseguros, como el Parque 6 de Andahuaylas.

AMPLIACIÓN DE VÍAS Y CONECTIVIDAD URBANA

Para solucionar el caos vehicular y los denominados «cuellos de botella» que afectan la calidad de vida de los residentes, Ingrid Alcarraz se comprometió a gestionar proyectos de infraestructura vial ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima:

  • Puente Atarjea (Puente Tecno): Gestión para la ampliación de la vía de la Av. César Vallejo para agilizar la salida del distrito en horas punta.
  • Avenida Ferrocarril: Coordinará con El Agustino y Lima Metropolitana para pavimentar y limpiar la zona colindante a Sedapal, erradicando los botaderos de desmonte y focos delictivos actuales.
  • Megaproyectos y áreas verdes: Fiscalizará y gestionará los tramos de la ampliación de la Av. Huarochirí (hacia el Malecón Checa) y los pasos a desnivel para asegurar que las vías adyacentes reciban inversión en pistas e iluminación, además de defender el compromiso ambiental y la conservación de los árboles frente al avance de las obras urbanas.

BIENESTAR ANIMAL Y SALUD PÚBLICA

Alcaraz criticó la inoperatividad de la actual veterinaria municipal y anunció la creación de un «Centro de Salud y Bienestar Animal». Este establecimiento proyecta ofrecer atención de emergencias las 24 horas, consultas a costos sociales accesibles, campañas masivas y continuas de esterilización, vacunación, y programas de educación ciudadana para combatir el abandono de mascotas en puntos críticos como el «Parque del Triángulo».

CUESTIONAMIENTOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ingrid Alcarraz, administradora de profesión y ex subprefecta de Santa Anita,  alertó sobre la deficiente capacidad de gasto de las autoridades previas, señalando que entre el año 2015 y el período anterior se devolvieron al erario nacional más de 140 millones de soles que debieron ser destinados a proyectos de inversión pública. Tras detallar los bajos niveles de ejecución presupuestal al inicio de los últimos períodos municipales, exhortó a los vecinos a emitir un voto informado para dar paso a una administración caracterizada por la transparencia, la eficiencia técnica y la lucha frontal contra la corrupción.

 



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