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Ica se queda sin agua
Especialista y perito ambiental advierte que la extracción descontrolada de agua subterránea por parte de grandes agroindustrias en Ica, Villacurí, Lanchas y otras cuencas del país está agotando acuíferos que tardaron miles de años en formarse.
El especialista ambiental Kevin Ismael Cornejo Carhuamaca, perito ambiental acreditado por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) colocó sobre la mesa una de las crisis ambientales más silenciadas del Perú: el agotamiento progresivo e irreversible de los acuíferos de la costa peruana producto de la sobreexplotación hídrica de grandes operaciones agroindustriales orientadas a la exportación.
La región Ica, reconocida internacionalmente por su producción de espárragos, uvas, arándanos y otros productos de agroexportación, se ha convertido paradójicamente en el emblema más dramático de la crisis hídrica peruana. Estudios técnicos y reportes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) han documentado el descenso sostenido del nivel freático en los acuíferos de Ica y Villacurí durante las últimas dos décadas, un proceso que se ha acelerado a medida que la frontera agrícola se expandía impulsada por la demanda de mercados internacionales.
“En Ica estamos viendo algo que los especialistas ambientales describimos como una tragedia de los comunes en su versión más extrema: el recurso compartido —el agua subterránea— está siendo privatizado de facto por quienes tienen los pozos más profundos y las bombas más potentes. Los agricultores pequeños y las comunidades se quedan sin agua mientras los grandes exportadores llenan contenedores de espárragos con destino a Europa», expresó.
Cabe precisar que el acuífero de Ica es un sistema de agua subterránea fósil, es decir, acumulada durante milenios bajo condiciones climáticas distintas a las actuales. Su tasa de recarga natural es extremadamente lenta e insuficiente para compensar el volumen extraído anualmente por los miles de pozos operativos en la cuenca. Según información técnica disponible, el nivel del agua subterránea en algunas zonas de la cuenca de Ica ha descendido varias decenas de metros en los últimos veinte años, poniendo fuera del alcance de los agricultores medianos y pequeños un recurso que antes era accesible con pozos de poca profundidad.
Esta situación ha derivado en una carrera hacia el fondo: quienes tienen capital perforan pozos más profundos para seguir extrayendo, lo que acelera el descenso del nivel freático y expulsa del sistema a los que no pueden costear perforaciones más profundas. El resultado es una concentración progresiva del acceso al agua en manos de los actores económicamente más poderosos.
Cornejo Carhuamaca advirtió que la problemática no se limita a la cuenca de Ica. El acuífero de Villacurí, ubicado entre las provincias de Ica y Pisco, enfrenta una presión similar derivada de la expansión agroindustrial sobre terrenos eriazos que requieren de agua subterránea como única fuente de abastecimiento. En la zona de Lanchas, en la provincia de Palpa, el patrón se repite con cultivos de olivo y vid que consumen volúmenes de agua que el sistema no puede reponer.
“Estas son zonas desérticas. El agua que se extrae no vuelve. Cada litro bombeado es un litro que se pierde para siempre del acuífero”, señaló el experto.
Un problema que se replica en otras cuencas del país
Asimismo, Cornejo Carhuamaca identificó patrones similares en otras cuencas costeras peruanas donde la agroindustria de exportación ha crecido sin una gestión hídrica sostenible: La Libertad y Lambayeque con el cultivo de arándanos y espárragos, Piura con la expansión de la uva y el mango, y Arequipa con la producción de páprika y orégano en zonas semiáridas. En todas estas regiones, el crecimiento del sector agroexportador ha superado con creces la capacidad de los sistemas hídricos locales para sostenerlo.
“El Perú exporta agua. Cada kilo de espárrago que sale por el Callao lleva incorporados cientos de litros de agua subterránea que nunca van a recuperarse. Eso no está mal per se, siempre que haya una gestión racional del recurso. El problema es que no la hay. Estamos subsidiando con agua fósil los márgenes de rentabilidad de empresas que no pagan el costo real de lo que consumen», remarcó.
Propuestas urgentes para revertir el colapso hídrico
El especialista presentó un conjunto de medidas que deben ser implementadas de manera inmediata por el Estado peruano. En primer lugar, una auditoría hídrica integral de todos los pozos operativos en las cuencas en estado de sobreexplotación, con suspensión temporal de las licencias que superen los volúmenes sostenibles. En segundo lugar, la implementación de tarifas reales de uso del agua subterránea que internalicen el costo de agotamiento del recurso, con un fondo de compensación para agricultores familiares afectados. En tercer lugar, la obligatoriedad de sistemas de riego tecnificado y de reciclaje de agua para todas las operaciones agroindustriales que superen las cincuenta hectáreas. En cuarto lugar, el establecimiento de cuotas máximas de extracción vinculantes, con monitoreo en tiempo real de los niveles freáticos y sanciones efectivas para quienes las incumplan.
Cornejo Carhuamaca hizo un llamado directo al Congreso de la República para que legisle con urgencia sobre la gestión de acuíferos sobreexplotados, y a la Autoridad Nacional del Agua para que ejerza sus facultades de fiscalización sin contemplaciones frente a los grandes actores económicos. “El agua no es un insumo de producción infinito. Es un bien público escaso, y su gestión debe estar al servicio del interés nacional y de las generaciones futuras, no de las exportaciones del próximo trimestre”, concluyó.
El Programa PAIS y Reniec tramitan el DNI de más de 200 pobladores shipibo-konibo en Ucayali
Un total de 200 pobladores pertenecientes a comunidades nativas shipibo-konibo, en el distrito de Iparia, realizaron trámites de su Documento Nacional de Identidad (DNI) de forma gratuita durante agosto de 2026. La campaña se ejecutó en la provincia de Coronel Portillo mediante una estrategia coordinada entre el Tambo Colonia del Caco del Programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Aparte de la emisión de nuevos documentos, la jornada social de tres días atendió solicitudes de cambio por caducidad, duplicado por pérdida, renovación, actualización de datos e inscripción de partidas de nacimiento. En total, las instituciones involucradas sumaron más de 400 atenciones en favor de los residentes de las localidades de Colonia del Caco, Nazareth y Amaquiria.
¿Qué impacto económico y logístico genera la campaña en Iparia?
La intervención en el distrito de Iparia contó con el soporte técnico de la Dirección Regional de Identificación y Asistencia Social (DRIAS) de Ucayali. Esta gestión descentralizada evitó que las familias vulnerables de la cuenca fluvial gastaran recursos económicos y emplearan hasta un día entero de navegación para trasladarse hacia la ciudad de Pucallpa.
Sobre la relevancia de la descentralización de los trámites estatales, Jaksson Villaorduña, coordinador regional del Programa PAIS en Ucayali, precisó: “A través de los Tambos y la articulación con el Reniec, garantizamos que las personas que viven en estas zonas de difícil acceso ejerzan su derecho a la identidad sin tener que salir de sus comunidades o realizar largos desplazamientos hasta la capital de la provincia para realizar los trámites del DNI”.
¿Por qué el DNI es la puerta de entrada a los servicios básicos?
Contar con una identificación oficial constituye un requisito indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Más que un registro administrativo, el DNI facilita la inclusión social de los pobladores originarios, garantizando su incorporación en los programas del Estado, la atención en los servicios públicos de salud, el acceso a la educación formal, la inserción al empleo y la protección legal.
¿Cuál es la cobertura del Programa PAIS en la región ucayalina?
En la región Ucayali, la infraestructura social gestionada por la entidad gubernamental dispone de seis Tambos operativos. Estas plataformas fijas conectan los servicios del Estado con más de 70 comunidades nativas de la Amazonía peruana.
Durante el año 2026, la red de atención social ha superado las 16 000 atenciones dirigidas a personas que habitan en los sectores más alejadados del territorio regional, fortaleciendo la presencia institucional en la selva central.
Ingrid Alcarraz, candidata de Juntos por el Perú para el distrito de Santa Anita, apuesta por una estrategia integral contra la delincuencia, la ampliación de vías clave para eliminar cuellos de botella y la creación de un centro de salud y bienestar animal. Como santanitense de nacimiento, empresario y ex subprefecta, conoce la realidad de su distrito y sabe cómo lograr el desarrollo, progreso y bienestar de sus vecinos.
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD BAJO CUATRO PILARES
Frente a la creciente ola de robos al paso y extorsiones que afectan a los pequeños comercios y a las líneas de transporte menor en el distrito, Alcarraz planteó un enfoque integral basado en cuatro ejes: infraestructura, tecnología, aspecto legal y prevención.
- Prevención con deporte y salud mental: Propone recuperar espacios públicos para el desarrollo deportivo y académico de los jóvenes. Abrir en todos los sectores del distrito, academias deportivas municipales gratuitas para alejar a los niños y jóvenes de las calles. Con ello, formará también hombres y mujeres responsables, con valores, líderes y sabiendo trabajar en equipo.
Asimismo, planteó el abordaje de la salud mental mediante campañas en colegios y parques, articulando esfuerzos mediante convenios con instituciones locales como el Centro de Salud Mental Comunitario y el Hospital Hermilio Valdizán.
- Tecnología de vanguardia: Bajo la propuesta «Santa Anita Smart», proyecta la implementación de un sistema de videovigilancia equipado con inteligencia artificial para el reconocimiento facial y de placas. Alcarraz enfatizó que este sistema operará mediante una central de monitoreo moderna integrada directamente con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía para garantizar su efectividad legal.
- Infraestructura segura: Promete la mejora de la iluminación y la recuperación de espacios actualmente abandonados o inseguros, como el Parque 6 de Andahuaylas.
AMPLIACIÓN DE VÍAS Y CONECTIVIDAD URBANA
Para solucionar el caos vehicular y los denominados «cuellos de botella» que afectan la calidad de vida de los residentes, Ingrid Alcarraz se comprometió a gestionar proyectos de infraestructura vial ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima:
- Puente Atarjea (Puente Tecno): Gestión para la ampliación de la vía de la Av. César Vallejo para agilizar la salida del distrito en horas punta.
- Avenida Ferrocarril: Coordinará con El Agustino y Lima Metropolitana para pavimentar y limpiar la zona colindante a Sedapal, erradicando los botaderos de desmonte y focos delictivos actuales.
- Megaproyectos y áreas verdes: Fiscalizará y gestionará los tramos de la ampliación de la Av. Huarochirí (hacia el Malecón Checa) y los pasos a desnivel para asegurar que las vías adyacentes reciban inversión en pistas e iluminación, además de defender el compromiso ambiental y la conservación de los árboles frente al avance de las obras urbanas.
BIENESTAR ANIMAL Y SALUD PÚBLICA
Alcaraz criticó la inoperatividad de la actual veterinaria municipal y anunció la creación de un «Centro de Salud y Bienestar Animal». Este establecimiento proyecta ofrecer atención de emergencias las 24 horas, consultas a costos sociales accesibles, campañas masivas y continuas de esterilización, vacunación, y programas de educación ciudadana para combatir el abandono de mascotas en puntos críticos como el «Parque del Triángulo».
CUESTIONAMIENTOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ingrid Alcarraz, administradora de profesión y ex subprefecta de Santa Anita, alertó sobre la deficiente capacidad de gasto de las autoridades previas, señalando que entre el año 2015 y el período anterior se devolvieron al erario nacional más de 140 millones de soles que debieron ser destinados a proyectos de inversión pública. Tras detallar los bajos niveles de ejecución presupuestal al inicio de los últimos períodos municipales, exhortó a los vecinos a emitir un voto informado para dar paso a una administración caracterizada por la transparencia, la eficiencia técnica y la lucha frontal contra la corrupción.
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