Un reciente estudio del BCP destaca que el reto actual del país no es incentivar la creación de negocios, sino asegurar su supervivencia y consolidación.

Las micro y pequeñas empresas (mypes) se consolidan como el motor económico de las familias peruanas, concentrando el 40 % del PBI y operando como una herramienta clave de movilidad social. Según la actualización del libro «Perú: el país más empresario del mundo» presentada por el BCP, dos de cada tres familias en el país tienen algún vínculo directo con una actividad empresarial. Sin embargo, la investigación revela que la alta tasa de mortalidad de estos negocios durante sus primeros tres años de vida sigue siendo el principal obstáculo, debido a factores como el limitado acceso a capacitación, la informalidad y los altos costos operativos iniciales.

La formalización y el acceso al financiamiento aparecen como los elementos determinantes para la sostenibilidad de estos emprendimientos a largo plazo. De acuerdo con el estudio, el crédito no solo impulsa el crecimiento comercial, sino que también actúa como un incentivo para que los empresarios abandonen la informalidad al percibir beneficios tangibles para su expansión. José Callegari, líder del programa Contigo Emprendedor BCP, señaló que el país tiene una alta dinámica emprendedora, pero requiere de mejores condiciones para que las empresas crezcan. En esa línea, el investigador Rolando Arellano Cueva destacó que emprender implica mucho más que iniciar un negocio, pues el objetivo es construir empresas sostenibles.

Fuente: America Retail

El órgano de control advirtió que el proceso registra 18 meses de demora, lo que pone en riesgo la eficacia de la investigación sobre los costos de la refinería.

La Contraloría General de la República emitió una orientación de oficio a Petro-Perú tras detectar retrasos significativos en la contratación del servicio de análisis forense para la Nueva Refinería de Talara. El proceso, que busca esclarecer las causas del incremento de costos del megaproyecto y sus constantes fallas operativas, se encuentra paralizado a pesar de que la comisión encargada se conformó en noviembre de 2024. El organismo supervisor enfatizó que esta demora de 18 meses afecta los intereses de la empresa estatal y la transparencia en la gestión de recursos públicos, por lo que ha solicitado acciones correctivas inmediatas a la alta dirección de la petrolera.

La situación se tornó crítica tras las recientes declaraciones contradictorias de las autoridades de Petro-Perú ante el Congreso sobre la vigencia del estudio. El presidente de la estatal, Edmundo Lizarzaburu, recibió el oficio donde se le insta a informar en un plazo máximo de cinco días las medidas adoptadas para reencauzar el proceso de auditoría. Respecto a la necesidad de evidencias previas para este tipo de exámenes, Lizarzaburu manifestó en una sesión legislativa que “una auditoria forense parte de una premisa importante, que es tener evidencia clara y tácita, y si no la hay no se puede hacer una auditoria forense”. Sin embargo, la Contraloría ratificó que la realización del análisis es una responsabilidad ineludible de la empresa.

Fuente: El Comercio