El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) salió al frente de los cuestionamientos surgidos tras la visita realizada por el congresista y excandidato presidencial Roberto Sánchez al expresidente Pedro Castillo en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate. Mediante un pronunciamiento oficial, la institución negó que se haya otorgado algún tipo de beneficio especial o trato preferencial al parlamentario durante su ingreso al centro de reclusión.

La entidad explicó que la presencia de Sánchez en el penal se efectuó dentro del marco legal vigente y siguiendo los procedimientos establecidos para las autoridades que ejercen funciones legislativas. Según precisó, el acceso de los congresistas a los establecimientos penitenciarios se encuentra regulado por normas específicas que les permiten realizar visitas en el cumplimiento de sus labores de fiscalización y representación.

De acuerdo con el INPE, estas disposiciones están contempladas en el artículo 33 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, el cual establece que los integrantes del Congreso de la República pueden ingresar a los centros penitenciarios en cualquier momento, siempre que acrediten su identidad y actúen en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Bajo este marco normativo, no es necesaria una autorización adicional para concretar dichas visitas.

La institución detalló además que el ingreso de Roberto Sánchez se produjo durante la tarde del domingo 7 de junio y que todo el procedimiento se desarrolló respetando los protocolos de seguridad correspondientes. Según el reporte oficial, el parlamentario ingresó sin compañía y no estuvo acompañado por asesores, militantes, simpatizantes ni miembros de alguna delegación política.

Asimismo, el INPE indicó que durante el control de acceso no se registró el ingreso de terceros vinculados a la visita. La entidad enfatizó que todas las verificaciones se realizaron de acuerdo con los mecanismos de seguridad establecidos para el penal de Barbadillo, donde actualmente se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo.

Otro de los puntos abordados por el organismo penitenciario estuvo relacionado con las versiones que sugerían un posible uso político de la visita. Frente a estas afirmaciones, el INPE aclaró que no se desarrollaron actividades de carácter proselitista dentro de las instalaciones del establecimiento penitenciario y que su función se limitó exclusivamente a garantizar el cumplimiento de las normas de ingreso y seguridad.

En ese sentido, la institución señaló que cualquier evaluación sobre eventuales implicancias políticas derivadas de la reunión corresponde a otras entidades del Estado y no al sistema penitenciario. Su responsabilidad, remarcó, consiste únicamente en administrar los establecimientos penales y asegurar el respeto de los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

La visita de Roberto Sánchez a Pedro Castillo generó atención pública debido al contexto político en el que se produjo y por la cercanía entre ambos líderes. Sin embargo, el pronunciamiento del INPE busca despejar dudas sobre la legalidad del ingreso y reafirmar que el procedimiento se ajustó a las disposiciones que regulan el acceso de autoridades parlamentarias a los centros de reclusión.