Luis Miguel Castilla y Martín Valencia coinciden en que la capacidad de las empresas para absorber el aumento es limitada y que el ajuste podría sentirse entre noviembre y el primer trimestre de 2027.

Una encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) muestra que 47% de las empresas consultadas ya trasladó parte del aumento de sus costos a sus precios de venta, mientras que 53% aún no lo hace. De cara a los próximos seis meses, 80% prevé transferir parte de esos incrementos a sus clientes y 75% anticipa que elevará sus precios. Para Luis Miguel Castilla, presidente de Hágase Instituto, el cambio es relevante porque hasta hace poco las compañías absorbían el encarecimiento de los combustibles con sus márgenes. “Eso convierte un choque de costos en una decisión de fijación de precios”, señaló.

La competencia es la principal razón por la que el traslado aún es parcial (49%), seguida de los contratos o precios pactados (33%) y de la necesidad de mantener clientes o participación de mercado (31%). Sin embargo, 38% de las empresas reporta márgenes menores que en marzo y solo una de cada cinco seguiría absorbiendo los costos si el encarecimiento persiste. “La capacidad de absorber es corta”, afirmó Castilla. Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), coincidió en que esa capacidad tiene límites, aunque estimó que el impacto sobre la inversión sería más moderado: solo 8% de las empresas prevé postergarla o reducirla.

Según Castilla, los sectores más expuestos son los que dependen del transporte y mueven volumen, como comercio, alimentos y manufactura de consumo masivo, mientras que la construcción tendría menos margen para trasladar costos por una demanda más débil. El ajuste podría sentirse entre noviembre y el primer trimestre de 2027, periodo que coincide con los posibles efectos de El Niño costero sobre la oferta de alimentos. Los hogares de menores ingresos serían los más vulnerables, por el mayor peso de alimentos y transporte en su gasto. Las expectativas de inflación de las empresas para 2027 subieron de 2.7% a 3%, en el límite superior del rango meta del BCR, y las de 12 meses se ubican en 3.05%.

Fuente: El Comercio 

Especialistas plantean fortalecer la inteligencia policial, la coordinación con la Fiscalía y el uso eficiente de los recursos públicos para enfrentar la criminalidad. 

La inseguridad ciudadana se mantiene como el principal desafío del Gobierno de Keiko Fujimori tras sus primeros 100 días. El Ejecutivo cuenta con facultades legislativas por 90 días para impulsar medidas contra la extorsión, el uso ilegal de armas y el crimen organizado. Estas contemplan el bloqueo de comunicaciones ilícitas, mayores controles migratorios y cambios en el sistema penitenciario. En Lima Norte, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público indicó que esa zona y Lima Sur concentran 50% de los atentados contra transportistas en Lima y Callao.

Felipe James Callao, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), destacó en declaraciones a El Comercio la necesidad de fortalecer la investigación de los delitos. “La prioridad es combatir la extorsión con inteligencia policial y coordinación con la Fiscalía”, sostuvo. En el mismo medio, Nicolás Zevallos, fundador del Instituto de Criminología, planteó establecer indicadores de victimización, homicidios y confianza institucional para evaluar los resultados. “No sirve una intervención que no venga acompañada de un equipo de gestión que garantice la adecuada ejecución presupuestal”, advirtió.

La reactivación económica y la prevención frente al fenómeno El Niño completan los desafíos del Ejecutivo. En declaraciones a Lima Conecta, el analista político Miguel Rodríguez Albán destacó la necesidad de concretar los compromisos de infraestructura. “Hay un anuncio de 18 mil millones de inversión en infraestructura educativa, sanitaria y vial, pero esos anuncios tendrían que pasar a lo concreto y real”, afirmó.

Fuente: Lima Conecta, La República, El Comercio y Correo