Videnza Instituto advierte que más de 150 proyectos con impacto fiscal —incluidas amnistías tributarias y cambios en concesiones— podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas y frenar la inversión.

El tramo final del actual Congreso se perfila como un periodo de alto riesgo para la economía. Según el análisis de Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto, el contexto político —marcado por partidos que han perdido su inscripción— genera incentivos para aprobar medidas con impacto fiscal sin asumir costos políticos. “Los congresistas no enfrentan consecuencias por las medidas que aprueben, pero sí tienen incentivos para beneficiar a sus bases”, advirtió. A ello se suma que “el Congreso saliente seguirá sesionando y aprobando leyes mientras la atención del país está puesta en el proceso electoral”, lo que reduce el nivel de escrutinio público. 

Uno de los focos de riesgo está en los proyectos con impacto fiscal. Castilla señala que existen 153 proyectos de ley con efectos negativos sobre las finanzas públicas, cuyo costo potencial supera los S/280,000 millones, equivalente a más del 20 % del PBI. Entre estas propuestas figuran iniciativas para extinguir multas e intereses o establecer amnistías tributarias, que —según explicó— generan incentivos contraproducentes. “Si los contribuyentes aprenden que el Congreso perdonará periódicamente sus deudas, el incentivo para pagar deja de existir”, sostuvo.

En el ámbito productivo, el análisis también alerta sobre medidas que podrían afectar la inversión minera. Entre ellas, propuestas para reducir de 30 a 15 años el plazo de concesión y elevar los costos de operación, lo que debilitaría la seguridad jurídica. De concretarse, advirtió Castilla, “el daño operará en dos frentes simultáneos: desinversión en la minería formal y expansión de la ilegal”, en un contexto en el que esta última ya alcanza niveles récord.

El economista agregó que estas iniciativas se suman a propuestas que incrementan la rigidez laboral y elevan los costos de la formalidad. En este escenario, subrayó la necesidad de una intervención más firme del Ejecutivo, que —según indicó— cuenta con herramientas para frenar este tipo de medidas. De lo contrario, el próximo gobierno heredará un escenario complejo, con reglas fiscales debilitadas y un mayor deterioro de la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Fuente: Videnza y El Comercio

El presidente del Consejo Fiscal señala que el Congreso está «reventando la tarjeta de crédito» con leyes que comprometen el PBI.

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, advirtió que el Perú podría perder su grado de inversión en un plazo de cinco años si persiste la aprobación de leyes que elevan el gasto público sin financiamiento. Segura comparó la gestión actual con un manejo irresponsable de las finanzas: “El problema es que estamos reventando la tarjeta de crédito sabiendo que no tenemos manera de pagarla más adelante”. Según el reporte, solo en marzo de 2026 el Congreso generó el mayor gasto público de la historia en un solo mes, aprobando medidas que representan el 1% del PBI en apenas dos sesiones.

La preocupación radica en leyes de beneficios laborales y pensiones que podrían incrementar el déficit fiscal en 3 puntos porcentuales del PBI entre 2026 y 2036. Segura criticó que el Poder Ejecutivo no haya presentado acciones de inconstitucionalidad contra estas normas: “Lamentablemente, los gobiernos no han estado dispuestos a presentar estas acciones, pese a que sabían que esas leyes generaban opiniones en contra y que enfrentaban cuestionamientos constitucionales severos”. Además, se estima que la deuda pública podría incrementarse en 22 puntos porcentuales del PBI en un horizonte de diez años si no se rectifica el rumbo.

Por su parte, el gerente general del BCR, Paul Castillo, alertó sobre el estancamiento de la productividad nacional en la última década. Castillo afirmó que: “Perú ha perdido la brújula del crecimiento durante los últimos 10 años”, señalando que el país se ha enfocado en defenderse de choques externos en lugar de mejorar su eficiencia interna. Esta situación resulta crítica dado que la región afronta actualmente un panorama favorable gracias a los términos de intercambio de las materias primas.

Fuente: El Comercio