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JAVIER VALLE-RIESTRA / La anarquía antidemocrática en el Perú
Prueba de esa anarquía fue el nefasto golpe de Estado del cinco de abril, de hace treinta y un años, protagonizado por el nipón antidemocrático y hombre dispuesto a destruir las instituciones republicanas.
Pretendió imitar a Leguía, sin lograrlo. Don Augusto B. Leguía gobernó en total quince años (1908-1912 y 1919-1930) y durante su administración no hubo sistemáticos atropellos, como si ocurrió en la década de 1990. Don Augusto fue derrocado el 22 de agosto de 1930 por las conjuras del militarismo y la oligarquía titiritera.
No se volvió a recuperar el Perú para la democracia que había renacido con Piérola (1895-1899). Los continuadores del “Califa”, como López de Romaña, Candamo, Serapio Calderón, Pardo y Barreda, Billinghurst, Benavides, no conquistaron para las masas gobiernos ni parlamentos democráticos.
Ya nos equivocamos con el siniestro Sánchez Cerro, eliminado por voluntad popular a cargo de Abelardo Mendoza Leyva (1933). A lo largo de estos años con la excepción del aludido militar, no se ha matado por los gobiernos, pero hubo seis mil muertos en Chan Chan (1932) y una sistemática persecución, discriminación y proscripción de los líderes opositores.
Ahí está el propio caso de Haya de la Torre. Cárceles, panópticos, “Sextos”, destierros. Lo común de los dictadores era enviar a los opositores al index librorum expurgatorum. Yo diría que el Perú no se recupera del vandalismo antidemocrático de aquellos días.
Hoy, estamos tiranizados por doña Dina y sus secuaces sumisos. Todo esto es anárquico. Perecerá. Y los perseguidores terminarán en el paredón o en el exilio por decisión del pueblo. Esperamos aún la aparición de un líder, un caudillo que sustituya, en lo viable, el utópico liderato de Haya de la Torre; si no es así, seguiremos viviendo una anarquía antidemocrática.
II
La anarquía no fue monopolio del siglo XX, también lo sufrimos y dramáticamente en el siglo XIX, luego de Independencia. Tuvimos a José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, como el primer jefe de Estado del Perú (28-02-1822), pero surgió la presidencialitis con la Constitución de 1834, que traía implícita la Confederación peruano-boliviana.
La anarquía llegaría durante la guerra por la Confederación (1838). El desenlace fue que una columna, desprendida del ejército de Santa Cruz, fue abatida por los chilenos en Matucana (18-09-1838). El norte del Perú se pronunció por la restauración, salvo Huaraz que proclamó al general Francisco de Vidal.
En ese momento, el Perú tuvo siete presidentes simultáneos: (1) Santa Cruz, Protector de la Confederación; (2) Gamarra, presidente de la República peruana resurrecta; (3) Orbegoso, presidente del Estado Norte; (4) Riva Agüero, nombrado por Santa Cruz para ese mismo cargo al saber de la defección de Orbegoso; (5) Pío Tristán, presidente del Estado Sur; (6) Nieto, que por ese entonces hacía correrías por el Norte, con despachos de Jefe Supremo, expedidos por Orbegoso y que, mal recibido en Piura y abandonado por sus tropas, tuvo que seguir a Guayaquil; y, (7) Vidal, quien aceptó, por fin, eliminado Orbegoso, un lugar en el ejército de la Restauración.
El siguiente periodo anárquico fue el caso del presidente Balta, quien murió asesinado en agosto de 1872, por los hermanos Gutiérrez (Silvestre, Marcelino, Marceliano y Tomás). Ese incidente se superó con la asunción del primer presidente civil de nuestra historia: Don Manuel Pardo y Lavalle.
Su régimen se denominó “La República práctica, la República de la Verdad”. Concluido su mandato, Pardo se fue a Chile y a su regreso fue elegido Senador y por su desempeño extraordinario fue nombrado presidente de la Cámara Alta.
Lamentablemente, al ingresar al local del Senado, el 16 de noviembre de 1878, repentinamente, el sargento Melchor Montoya disparó contra Pardo de solo 44 años. Cae y moribundo llegó a decir: “Debo mucho”, “Perdono a todos”. El sargento fue fusilado tiempo después, durante el mandato de facto de Piérola.
La moraleja de todo esto es que ningún golpe debe repetirse, ni al estilo del 5 de abril de 1992, ni al del 7 de diciembre de 2022. No podemos estar en una behetría permanente. González Prada, nuestro maestro, fue un gran anarquista y panfletario, sigamos sus pasos para restablecer un orden democrático punitivo con paz y justicia social.
(*) Jurista, exdiputado, exsenador, exconstituyente y excongresista de la República.
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Desde septiembre, OxI Exprés suma dos proyectos y Servicios por Impuestos no tiene procesos
Mientras Obras por Impuestos marca un récord de S/10 263 millones adjudicados, especialistas señalan trabas de gestión en regiones y piden centralizar las contrataciones de emergencia.
A inicios de septiembre, el Gobierno lanzó OxI Exprés, una versión simplificada de Obras por Impuestos (OxI), y un Servicios por Impuestos (SxI) de emergencia para enfrentar el Fenómeno El Niño. Según ProInversión, el régimen excepcional del Decreto de Urgencia 010-2026 registra solo dos adjudicaciones, por poco más de S/6 millones: la reparación de diques en Ica y el reforzamiento estructural de un canal en Cañete, promovidas por las municipalidades distritales de San José de Los Molinos y Santa Cruz de Flores. En SxI hay 167 intervenciones priorizadas, 22 de ellas de emergencia, pero ningún proceso de selección activo. Gonzalo Pereyra, presidente ejecutivo de ProBienes Capital, comentó: “Todavía falta ver más movimiento [de adjudicaciones]”.
Los especialistas apuntan a razones sobre todo de gestión. Karen Ángeles, socia de Hundskopf & García Nores Abogados, recordó que las convocatorias las realiza cada entidad pública y que, en el cambio de administraciones, “no quieren comprometerse, lo que llevará el asunto hasta enero”. Propuso que ProInversión centralice las contrataciones de emergencia hasta que los nuevos funcionarios se adecúen. ProInversión indicó que debe esperar los documentos base que las entidades envíen tras contratar directamente el servicio. Sobre la intervención de la Contraloría durante el proceso, y no antes de adjudicar, Pereyra afirmó: “Tiene sentido la excepción, pero el reto está en acelerar las cosas a nivel regional y local”.
El mecanismo llega con respaldo. Hasta el 22 de octubre se adjudicaron 761 intervenciones OxI por S/10 263 millones en 2026, tres veces el monto del mismo periodo de 2025, y el 64% de las 374 entidades que lo usaron lo hizo por primera vez. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, indicó a Gestión que se promoverá el “Saldo de Obras por Impuestos”, sin nueva normativa. Ángeles y Pereyra consideran que el plazo para sumarse, hasta el 31 de diciembre de 2027, podría ser corto, pues la reconstrucción posterior al fenómeno toma tiempo.
Fuente: Gestión
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Minem reemplaza inspecciones en campo por revisión de documentos para autorizar a mineros informales
El decreto se publica a menos de dos meses del vencimiento del Reinfo, con el objetivo de reducir tiempos y costos, mientras el Ejecutivo propone una nueva ley para la pequeña minería.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vence el 31 de diciembre de 2026, según la Ley 32537, y el Gobierno ya anunció qué quiere después: una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento. Según sus considerandos, la propuesta eliminaría la protección legal de algunos operadores que, bajo la condición de informales, estarían haciendo minería ilegal. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, declaró a RPP: “El Reinfo hoy día, tal como está, tiene un paraguas legal que protege sobre todo a los mineros ilegales”. “No vamos a hablar de los mineros informales que quieren trabajar bien y vamos a ayudarlos para que se formalicen”, añadió.
En paralelo, un decreto supremo publicado el 2 de noviembre en El Peruano cambió la forma en que el Minem verificará los requisitos de quienes piden autorización para operar. La Dirección General de Formalización Minera revisará la información y los documentos desde una oficina, en lugar de basar la verificación en una inspección en el lugar donde trabaja el minero. La norma modifica el artículo 32 del Decreto Supremo 018-2017-EM y exige comprobar las condiciones del artículo 31, antes de otorgar la autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación o beneficio y el título de concesión de beneficio.
Los considerandos justifican el cambio en la necesidad de simplificar el trámite: “Reducir los tiempos de evaluación y los costos asociados, sin comprometer la rigurosidad técnica de las evaluaciones”. El decreto añade que, si una autorización se emite sin cumplir lo exigido, la autoridad competente deberá declararla nula, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es decir, el procedimiento se agiliza, pero se mantiene la obligación de comprobar que se cumplan las condiciones.
Fuente: RPP
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