Nos ocuparemos de los políticos o pseudopolíticos que se avocan a la actividad pública, sean parlamentarios, presidentes, ministros, jueces supremos, etc. En el Perú, desgraciadamente, hemos tenido decenas de esa laya de desvergonzados. Lo trascendente es que durante todo el siglo XIX no hubo sanción penal a los jefes de Estado prevaricadores. No se pudo condenar a nadie en ese plan negativo y siniestro.

Pasemos lista. Ahí están como líderes y caudillos intachables, Manuel Pardo, Nicolás de Piérola, Ramón Castilla, Cáceres, los demás fueron mediocres, sumisos al oro y vendidos a los adversarios por cobardía, como el presidente Mariano Ignacio Prado que huyó en plena guerra con Chille por sus negocios personales. Regresó al Perú en 1886, sin extradición y no fue enjuiciado.

En cambio, la primera parte del siglo XX fue diferente. Ninguno de los jefes de Estado estuvo encarcelado, con la excepción de Augusto B. Leguía, quien luego de gobernar al Perú dos veces, de 1908 a 1912 y entre 1919-1930, fue derrocado por una oligarquía mercenaria.

Pero Leguía, desde la penitenciaría de Lima dio un ejemplo de sacrificio y murió en el hospital Naval el 6 de febrero de 1932. Nadie lo pudo acusar de haberse alzado con un solo centavo de la República. Su condena póstuma y canallesca, obra de El Comercio y el Civilismo, fue una responsabilidad civil. Después de Leguía no hubo ningún caso de encarcelamiento y muerte en el poder. El único caso fue el magnicidio del perverso Sánchez Cerro, por obra de Abelardo Mendoza Leiva, nuestro compañero enterizo y patriota.

En lo que resta del siglo XX gobernaron en el Perú Benavides, Prado, Bustamante, Odría, Pérez Godoy, Belaunde dos veces –aunque honrado—, Velasco un tirano, pero no ladrón, Morales Bermúdez, Alan García jefe de Estado dos veces; Fujimori; y en el presente siglo XXI Toledo, Alan García, Humala, Kuczynski, Vizcarra, Merino el breve, Sagasti, Castillo y Boluarte. De todos ellos no se puede hablar de virtud.

La señora Boluarte, inexorablemente caerá derrocada y será reemplazada por un triunvirato militar que la enjuiciará con todo su séquito de áulicos. Falta poco. La veremos a ella y a sus corifeos fugitivos, en la clandestinidad o en el autoexilio. ¡Qué tal drama! ¿Cómo haremos para salvar al Perú? Como viejo aprista creo que los redentores pueden y deben ser los sucesores vivientes de Haya de la Torre.

II

Los acusados fugarán al extranjero donde serán sometidos a procesos de extradición que los llevará a las cárceles a purgar sus culpas. Espero que eso redima la política y lleguen al Poder personajes conocidos y desconocidos que rescaten al Perú con un Parlamento, un Poder Judicial, un Defensor del Pueblo, un TC, dignos, honrados, independientes y democráticos: todo lo que hoy día no existe en los escaños, la magistratura y el Poder Ejecutivo.

Preparémonos para ver desfilar a los políticos traidores en camino a las ergástulas. Allí renacerá una nueva clase democrática y desaparecerán los que han llenado de ignominia la vida pública. Renacerá una Nación libre, liberal, constitucionalista con democracia auténtica sin pagliaccis.

III

El asilo político encuentra como contrarrelato, como factor rectificador a la extradición. Es lugar común, un tópico en la historia de estas instituciones, recordar cómo sus actuales perfiles jurídicos datan de los fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en que, variándose un criterio secular, se consagró como dogma la inextraditabilidad del delincuente político o, más exactamente, del perseguido político.

La ley belga de 1833 fue la primera en darle espaldarazo (concebida luego del intento de los Jacquin contra Napoleón III) donde alcanzaría paradójicamente a los propios jefes de Estado, como se intentó contra el Kaiser Guillermo II (1919), sin éxito y, con éxito, al ex dictador Pérez Jiménez (1959), acusado de peculado, asesinato y otros delitos comunes. Incluso, alcanzaría al ex presidente boliviano García Meza (1994); Noriega (1990), juzgado y condenado en Miami, USA, la que no fue una extradición técnicamente hablando.

Otros extraditables fueron Pinochet, rechazado por Inglaterra (1998), Alan García, rechazada por Colombia (1993); Jorge Serrano Elías (Guatemala, 1993); Alberto Fujimori, entregado por la Corte Suprema chilena en el 2007, bajo el principio de especialidad; Carlos Menem, repudiado por Chile (2004); y la reciente de Alejandro Toledo, entregado por USA, 2023.

A la delincuencia política le espera el paredón y a los partidos democráticos la gloria.

(*) Jurista, exconstituyente, exdiputado, exsenador y excongresista de la República